Tubos Reunidos, ¿gestión improvisada?
La finalización del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Tubos Reunidos no ha servido para despejar las dudas que, desde el inicio del proceso, han acompañado a la actuación de la dirección de la empresa. Muy al contrario, la situación actual refuerza la preocupación existente entre la plantilla y sus representantes, al persistir una serie de elementos que apuntan a una gestión, cuando menos, cuestionable.
En primer lugar, la empresa ha presentado unas cuentas el jueves 26 de marzo con pérdidas que ascienden a 118 millones de euros, cifras de enorme gravedad que, sin embargo, carecen de auditoría. Este hecho, por sí solo, debería invitar a la prudencia, al análisis y se ve con preocupación. No obstante, lejos de aportar transparencia, la falta de verificación externa abre la puerta a dudas bastante razonables sobre la fiabilidad de dichos datos. Desde los sindicatos que representan a las personas trabajadoras en Tubos Reunidos no podemos obviar que unas cuentas no auditadas, en un contexto de reestructuración laboral, generan desconfianza y alimentan la sospecha sobre la situación económica de la empresa.
A esta incertidumbre se suma la actuación de la empresa en relación con los 80 contratos eventuales. Tal y como quedó recogido en la Inspección de Trabajo, existían al menos 42 contratos que presentaban irregularidades en su formalización y se encontraban en fraude de ley, inflando de manera indebida la temporalidad y dejando en entredicho la voluntariedad de las personas adheridas al ERE. La reacción de la empresa ante este señalamiento no ha sido la de asumir responsabilidades de manera ordenada y transparente, sino la de proceder a una corrección apresurada y, en muchos casos, improvisada. Estas actuaciones, realizadas a contrarreloj, parecen responder más a la intención de evitar una posible declaración de nulidad del ERE en sede judicial que a un verdadero compromiso con el cumplimiento de la legalidad laboral, tal y como fue requerido directamente por la propia Inspección en la reunión mantenida en la sede de Vitoria, en la cual se encontraba la propia empresa y los representantes legales de las personas trabajadoras.
Este modo de proceder no solo evidencia una preocupante falta de planificación, sino que también refleja una gestión caracterizada por la improvisación constante, el «ir apagando fuegos» y la ausencia de criterios sólidos. La dirección de la empresa parece estar actuando a salto de mata, adoptando decisiones reactivas en lugar de seguir una estrategia clara y coherente. Este escenario resulta especialmente grave cuando las consecuencias recaen directamente sobre los trabajadores y trabajadoras, que ven cómo su futuro se ve condicionado por decisiones que generan más incertidumbre que soluciones.
Desde los sindicatos que representan a las personas trabajadoras en Tubos Reunidos consideramos que esta situación no puede calificarse únicamente como una actuación de mala fe, sino que trasciende hacia un terreno de posible irregularidad en la gestión. La acumulación de errores, rectificaciones forzadas y falta de transparencia apunta a una dinámica de funcionamiento que resulta incompatible con la responsabilidad que debe exigirse a la dirección de una empresa de estas características.
En este contexto, los sindicatos ya están trabajando en la preparación de los correspondientes recursos contra el ERE. Entendemos que todo lo sucedido durante este proceso —desde la presentación de unas cuentas no auditadas hasta la gestión irregular de la contratación temporal— constituye un conjunto de actuaciones que podrían ser determinantes en la valoración judicial del expediente. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón de comportamiento que podría ser interpretado como un nuevo acto de mala fe o, en su defecto, de una gestión claramente deficiente.
Existen precedentes recientes que refuerzan esta posición. Casos como el ERE de Maderas de Llodio han demostrado que los tribunales pueden declarar la improcedencia o incluso la nulidad de estos procesos cuando se acreditan irregularidades o falta de buena fe en la actuación empresarial. Este ejemplo, aún cercano en el tiempo, evidencia que la vía judicial no solo es necesaria, sino también una herramienta eficaz para garantizar la defensa de los derechos de las personas trabajadoras.
Por todo ello, entendemos que la actuación de la actual dirección es, cuando menos, irresponsable y claramente reprochable y que consideramos tendría que tener consecuencias. No se trata únicamente de una discrepancia en la interpretación de los datos o en la toma de decisiones, sino de una forma de proceder que erosiona la confianza, pone en riesgo la seguridad jurídica del proceso y afecta de manera directa a los derechos de la plantilla.
Asimismo, esta situación vuelve a poner de manifiesto la importancia de la unidad sindical y de la acción colectiva. Solo desde la unidad, la firmeza y la determinación será posible hacer frente a este tipo de prácticas y defender con garantías los derechos laborales. La experiencia demuestra que la lucha y la unión es el camino para frenar actuaciones injustas y exigir responsabilidades a quienes, con sus decisiones, comprometen el presente y el futuro de cientos de familias.
La gravedad de los hechos y la reiteración de conductas cuestionables obligan a ir más allá de la denuncia pública. La defensa de los derechos de las personas trabajadoras exige una respuesta firme y respaldada por todos los instrumentos legales disponibles frente a una dirección cuya actuación, a día de hoy, deja mucho que desear.
Raúl Ayuso, sindicalista UGT-Euskadi
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