Todos somos Cádiz
Desde el martes 16 de noviembre los trabajadores de la industria de la provincia de Cádiz están en huelga indefinida, convocada en unidad por sus sindicatos en defensa de su convenio colectivo. Sus reivindicaciones son claras y simples: aumentos salariales conforme a la inflación (que, en este momento, es del 5,4%) mantenimiento de todos los derechos y de los puestos de trabajo. La patronal, que se ha beneficiado durante este año y medio de todo tipo de ayudas del Gobierno, se niega a satisfacer lo más mínimo, y ofrece un raquítico aumento del 1%.
Esta huelga provincial arrastra en estos momentos el apoyo de toda la población trabajadora y el martes 23 hay convocada una huelga estudiantil en apoyo a los huelguistas. En distintas provincias se están convocando manifestaciones de apoyo y a los sindicatos convocantes les llegan mensajes de solidaridad de todas partes.
Cádiz no es un caso aislado. El miércoles 17 los metalúrgicos de Vestas y Alcoa de la comarca de A Mariña fueron a la huelga contra la amenaza de cierre, y en Alicante también los trabajadores de industria desarrollan 5 días de huelga en defensa de su convenio. Es evidente que las reivindicaciones de estos trabajadores son comunes a todos los trabajadores de la industria del país, que viven, además, la amenaza de cierres masivos con la excusa de la “economía verde”.
Una situación que pone sobre la mesa una pregunta que muchos se plantean: ¿Por qué las Confederaciones, cuyos sindicatos provinciales del metal convocan las huelgas, no organizan una movilización de conjunto? La pelota está en el tejado de unos dirigentes que se aferran al diálogo social –del que sólo pueden salir más recortes- y temen incordiar al “gobierno progresista”.
Porque, al mismo tiempo que los trabajadores de la industria, múltiples sectores organizan y preparan movilizaciones, como los agricultores y ganaderos, ahogados por las grandes empresas de la distribución, que anuncian movilizaciones para exigir precios justos para sus productos.
La calle está agitada
Así caracterizaba la situación un conocido periodista en La Vanguardia del 19 de noviembre…en efecto, “sectores enteros se rebelan” y el Gobierno no hace nada para dar solución a sus reivindicaciones. Pero no duda en enviar cientos de antidisturbios con tanquetas contra los trabajadores de Cádiz
Preocupado por la necesidad dictada por el capital y Bruselas de aprobar antes de fin de año nuevas contrarreformas (de las pensiones, laboral, de seguridad ciudadana, la “ley Cas-tells” contra la universidad pública), busca desesperadamente las mayorías para hacerlo.
Pero estas mayorías parlamentarias, si se consiguen, no corresponden a la mayoría social del país.
Y más cuando al intentar hurgar sobre la Ley de Memoria Democrática y entrever la posibilidad de enjuiciar los crímenes franquistas, los representantes de las instituciones heredadas del franquismo gritaban al unísono contra tocar algo que se decidió en la Transición y los Pactos de la Moncloa: amnistiar a la dictadura.
Es la “tormenta perfecta”. A la revuelta social, al hundimiento económico, se suma la crisis de la Monarquía corrupta, que no puede blanquear su origen y sobre todo el que sea garante de la opresión contra los pueblos y de la explotación contra los trabajadores.
Es por ello que la movilización de Cádiz y demás huelgas tienen un significado profundo: el de una clase que se rebela y que clama para que se organice una movilización de conjunto.
Es el deber de todo militante y trabajador consciente participar en el amplio movimiento de apoyo y solidaridad en curso.
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