Nuevo curso, viejos problemas
Después del periodo vacacional que ha estado repleto de acontecimientos políticos, en particular a escala internacional con la brutal continuidad del genocidio palestino y la guerra de Ucrania, vuelven en este país los viejos conflictos, que no encuentran solución en este marco político.
Por un lado, las instituciones franquistas y sus representantes políticos, con el PP a la cabeza, afirman que su objetivo es derribar al Gobierno «haga lo que haga», utilizando cualquier pretexto. Ahora el PP ha asumido la campaña contra la inmigración de la ultraderecha y lanza una ofensiva sobre la financiación de Cataluña. De poco le han valido al PSOE todas las concesiones gratuitas al PP en su acuerdo para la renovación del Consejo del Poder Judicial. Al mismo tiempo, el aparato judicial prosigue su obstrucción a la aplicación de la Ley de Amnistía. Solo 91 procesados han sido amnistiados, entre ellos todos los 51 policías procesados por las brutales cargas policiales del día del referéndum.
La ofensiva del franquismo se centra ahora en el Acuerdo de Financiación Autonómica PSC/ERC, caracterizándolo como anticonstitucional, o afirmando que «rompe España». Acuerdo que, aun a falta de ver cómo se concreta y desarrolla, claramente parte de un principio real: que los «servicios públicos están infradotados», cosa común a todas las autonomías. El Estado de las Autonomías facilita los recortes y la privatización de los principales servicios públicos, aumentando las desigualdades entre las regiones. Por más que el preámbulo del acuerdo pretenda intentar superar las consecuencias nefastas de decenios de regionalización, consecuencias nefastas no solo para el pueblo catalán, sino para todos los pueblos del Estado.
A ello hay que añadir que la respuesta al potente movimiento en defensa del sistema público de pensiones ha sido la firma en vísperas de las vacaciones, el 31 de julio, de un acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos de un pacto para, entre otras cosas, estimular la prolongación de la vida laboral.
Los ataques contra la sanidad pública continúan. El Gobierno de la Rioja ha decidido privatizar para los próximos cuatro años las intervenciones quirúrgicas de cuatro especialidades. Y el Gobierno central y los agentes sociales han incluido en el nuevo acuerdo sobre pensiones la entrega a las mutuas del seguimiento de toda enfermedad traumatológica de un trabajador en activo. La ministra de Sanidad, que justifica el incremento del gasto militar, ha negado a las mujeres con cáncer de mama metastásico la financiación de dos medicamentos. Y se niega a recibir a los firmantes de la carta que pide la derogación de las leyes que facilitan la privatización de la sanidad.
La prensa informa que el Gobierno ha aumentado en estos dos últimos años un 20% los gastos militares, en contradicción no solo con las aspiraciones a la paz de la inmensa mayoría, sino con las propias declaraciones o gestos del Gobierno.
Por ello, en estas condiciones, es un deber ineludible retomar y ampliar la movilización contra la guerra, contra el genocidio en Gaza, por los derechos. Deber que se concreta hoy en el llamamiento a la movilización con marcha a Madrid el 26 de octubre en defensa de las pensiones, por la auditoría y demás reivindicaciones; y en las movilizaciones por la sanidad que se anuncian; así como en los pronunciamientos de trabajadores y organizaciones por la financiación democrática de los derechos en todas las autonomías.
Solo se puede combatir a la derecha y la ultraderecha, que se identifican en lo esencial, respondiendo a las reivindicaciones más sentidas, recuperando los servicios públicos y oponiéndose a la marcha a la guerra que instituciones financieras internacionales y los Gobiernos a su servicio impulsan.
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