Monarquía, poder judicial, amnistía

Sin duda, los medios de comunicación en su mayoría, al igual que los partidos que «respetan» o apoyan a la Monarquía, han multiplicado los elogios, la apología del rey y la Corona. Es lo mismo que hicieron durante años con Juan Carlos I, su padre, hasta que sus fechorías ya no pudieron ocultarse.

Pero nadie puede ocultar que es el rey quien llamó el 3 de octubre de 2017 a emplear todos los medios del Estado contra el pueblo catalán.

Es el rey quien, a pesar de haber firmado la Ley de Amnistía -por imperativo constitucional- no deja de alentar a las instituciones judiciales para impedir u obstaculizar que se aplique.

Es el rey quien, como primer agente de los Estados Unidos y de la OTAN en España, encabeza como jefe de las Fuerzas Armadas la escalada bélica contra los pueblos, que se concreta en la multiplicación del envío de armas a Ucrania, para que la matanza siga, y en el mantenimiento de los lazos de «amistad» con Israel, por más que el Gobierno se vea obligado a hacer algunos gestos, a consecuencia de la inmensa indignación de la mayoría de trabajadores y jóvenes de este país.

Pero –y eso justifica la campaña de alabanzas- el Borbón es la clave de bóveda del régimen. Un régimen que, en primer lugar, se basa en la negación del libre derecho a decidir de los pueblos y que es, al mismo tiempo, garantía para las grandes empresas y el capital financiero de la explotación de los trabajadores.

El poder judicial es la principal arma de la Corona para garantizar esta política. Por mucho que el fiscal general dependa del Gobierno, el poder arbitrario de los jueces está ahí para intentar bloquear todo avance social, toda medida democrática. Y, en particular, para impedir una salida democrática al conflicto catalán, que comienza por la aplicación de la amnistía. Basta con ver cómo se suceden las acusaciones –a cual más esperpéntica– contra Puigdemont.

La Corona ha demostrado que no se puede separar la lucha por los derechos democráticos de la lucha por los derechos sociales. Nadie puede olvidar que el Tribunal Constitucional avaló las reformas laborales y todos los recortes. Y que la justicia se ejerce con instrumentos como la Ley Mordaza, que son una amenaza diaria contra el ejercicio de derechos, de la lucha política y social.

El Gobierno se mueve en esta contradicción, en la que el respeto a las instituciones heredadas del franquismo le impide responder a las demandas de la mayoría social (le impide, incluso, defenderse de los ataques que él mismo recibe) y, si lo hace en algunos casos, como la amnistía, es a costa de un enfrentamiento permanente y de sabotajes como los de Ayuso.

Hay un camino

El 16 de junio desfilaron en Madrid decenas de miles de manifestantes por la República. Era la primera manifestación de ámbito estatal que defendía esa salida política. Puede parecer aún una movilización minoritaria, pero muestra un camino. La movilización por la República no solo corresponde a la necesidad de libertad y democracia, sino que tiene una relación directa con la lucha por las reivindicaciones y contra la economía de guerra. Con la lucha por la sanidad pública, amenazada de desmantelamiento, favorecida por la inacción del Gobierno que se niega a derogar las leyes privatizadoras y a decretar un presupuesto de urgencia para recuperarla de los recortes.
Y tiene relación con la continuidad de combate en defensa de las pensiones, contra el cierre de empresas y la desindustrialización y por la derogación efectiva de las reformas laborales.

En una situación en que la política de marcha a la guerra se traduce en presiones enormes para aumentar aún más los presupuestos militares –en detrimento de la sanidad, la enseñanza, la industria, las infraestructuras, los gastos sociales y los derechos de la mujer– es imprescindible establecer la relación de la lucha por la República, por la amnistía, por el conjunto de derechos sociales en precario.

Ante los tambores de guerra, esta acción tiene una traducción urgente: la adhesión al Manifiesto contra la Guerra, contra el genocidio en Gaza, contra la guerra social que se desarrolla en todos los países europeos.

¿Quién necesita la guerra?

Nuevo curso, viejos problemas

Ante la negativa a la aplicación de la amnistía, ¿quién manda aquí?

¡Todos y todas a la marcha republicana del 16 de junio!

16 de junio, Marcha Republicana en Madrid

1 de mayo: la democracia exige acabar con el poder de todas las instituciones reaccionarias heredadas del franquismo