Sí a los gastos sociales, no a los gastos militares
No es posible conciliar lo inconciliable. Cuando todos los Gobiernos europeos deciden someterse al dictado de Biden y emprender una carrera armamentística en detrimento de la economía y los trabajadores europeos, el objetivo prioritario es transferir las rentas del trabajo al capital. La inflación es otro de los instrumentos favoritos y más rápidos para el trasvase de rentas del trabajo al capital. Los salarios no aumentan, pero, como describe un estudio de CCOO, los beneficios empresariales sí.
Si se habla de impuestos, hay que recordar que el principal impuesto directo es el IRPF, donde las rentas de trabajo aportan el 70% de la recaudación, a pesar de no llegar al 50% de la renta nacional, y el IVA, un impuesto al consumo que paga la población en cada compra, por igual, aunque el litro de gasolina o la barra de pan cuesten lo mismo para el rico que para el trabajador. De este modo, son los impuestos a los trabajadores, a los que viven de un salario, pensión o subsidio, directa o indirectamente, los que nutren la recaudación de impuestos.
Con el mayor cinismo, los gobiernos que crean la inflación complementan el armamentismo con una “política antiinflación” que es la otra cara de la política de guerra: crear masivamente el paro.
Esta política de ataques a la población trabajadora, a sus salarios y sus derechos, es la política de guerra que los Gobiernos -sean del color que sean- vienen poniendo en marcha. Y para ello, necesitan del acuerdo o complacencia de la dirección de las principales organizaciones sindicales. El acuerdo que se está concretando para la Función Pública tiene este contenido: una pérdida neta del salario, casi un 6 % en sus tres años de vigencia, según las propuestas en curso.
Y, por más que se diga que los gastos militares no son determinantes de los gastos sociales, la realidad cotidiana demuestra lo contrario. La guerra, las sanciones a Rusia, que disparan el precio de la energía y los combustibles, la especulación de las petroleras, las energéticas y las distribuidoras de alimentos, están en el fondo de la creciente ruina de la población trabajadora.
Para los trabajadores en activo y pensionistas la necesidad de oponerse a este saqueo es una necesidad vital. Por ello, esperan de sus organizaciones la acción necesaria para impedirlo.
Y debemos constatar que el “plan de movilización” que debe culminar en una concentración en Madrid el 3 de noviembre de 25.000 delegados de CCOO y UGT, un jueves, en horario de trabajo para la mayoría, sin llamada a la huelga, poco o nada va a influir en la política del Gobierno y la cerrazón de la patronal.
Porque reivindicaciones tales como aumento de salarios y pensiones según la inflación real, solo pueden ser conseguidas con movilizaciones reales. Esto es lo que está en juego y es por esto que la marcha a Madrid, el 15 de octubre, lanzada por las plataformas de pensionistas marca el camino, puede ser el inicio de un verdadero plan general de lucha, que ponga freno a la política del Gobierno dictada por el mundo de la finanza.
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