¿Para cuándo medidas para reforzar la sanidad?

Otra vez imponen toques de queda, restricciones y culpabilizar a la sociedad

Hace apenas dos meses, las distintas comunidades autónomas han despedido, entre todas, a cerca de 30.000 profesionales de la sanidad pública. Alegaban que “no los necesitaban”. Hoy, los mismos que prescindieron de estos profesionales están poniendo en marcha medidas como la obligatoriedad del “pasaporte covid”, los toques de queda, las restricciones de movilidad.

Cuando estalló la pandemia a comienzos de 2020, las autoridades sanitarias, de todas las comunidades autónomas, de todos los colores políticos, alegaron que era un hecho “imprevisible”, para encubrir la sistemática destrucción de la sanidad pública que habían emprendido, acelerándola entre 2009 y 2017, cuando se recortaron, entre todas las autonomías, más de 30.000 millones de euros en la sanidad, el equivalente al presupuesto de un año completo.

En estos casi dos años de pandemia, los recortes han continuado, se han cerrado consultas de pediatría, servicios de urgencias, se han cerrado centros de salud por la tarde, y, finalmente, se ha despedido a miles de profesionales. El resultado es terrible: centros de salud colapsados, colas enormes en las puertas, demoras de más de 15 días para una consulta en Atención Primaria, consultas telefónicas en la mayoría de los casos. De hecho, la Atención Primaria vive una situación gravísima

Dijeron que el confinamiento, las mascarillas y la vacunación eran la solución, se lamentaron de los recortes que han desmantelado buena parte de la sanidad pública y prometieron reforzarla. Luego se vanagloriaron de ir en vanguardia de la vacunación a la población. Pero ni han inyectado los fondos necesarios para sacar a la sanidad pública del actual marasmo, ni el confinamiento y la vacunación por sí solos eran la solución.

Hoy, lo que llaman la 6ª ola, provoca más contagios que las anteriores y satura hasta la incapacidad de atender a los enfermos la Atención Primaria de Salud. Solo por probabilidad matemática, podemos prever que la saturación y el desbordamiento de los hospitales están próximos. Empiezan a anularse las intervenciones quirúrgicas no urgentes y a instalarse camas UCI fuera de los servicios de cuidados intensivos.

Sigue sin haber rastreadores; dónde los contrataron, los despidieron. Algunos gobiernos regionales no saben cuántos casos de covid hay, y proponen a los enfermos que se hagan test de antígenos en farmacia, que se confinen por sí mismos si dan positivo, que se den ellos mismos la baja médica. Vuelven a llamar al ejército para realizar tareas de detección de casos. Para el desmantelamiento de la sanidad pública han hallado un nuevo paradigma: el “autocuidado”, complemento perfecto de los recortes en la sanidad pública y de la irresponsabilidad de los gobiernos ante la población. Saben que el “autocuidado” es empujar a quien pueda permitírselo a contratar un seguro privado (un negocio en alza), a que recurra a la medicina privada; con él solo pretenden acelerar la privatización de la sanidad y continuar el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud.

Ante el aumento exponencial de los casos, con una incidencia acumulada ya de casi 1.000 casos por cien mil habitantes, no hay reactivos ni personal suficiente para detectar nuevos casos ni rastrear los posibles contagios. Esto era previsible cuando antes de la pandemia ya colapsaba la asistencia sanitaria pública cada otoño con la llegada de la gripe y los virus respiratorios. El gobierno central y los autonómicos no tienen excusa válida ni justificación alguna.

Los profesionales de la sanidad están sobrecargados y agotados. Faltan médicos y enfermeras, técnicos de formación profesional y otros sanitarios por cientos de miles; y los gobiernos intentan sustituir consultas médicas por consultas con una enfermera, triaje a cargo de enfermeras por triaje en manos del personal administrativo. Una solución que hace 50 años ofreció la OMS para países subdesarrollados. Es decir, sustituir una sanidad de nivel europeo por una sanidad africana.

Al mismo tiempo, vuelve la ofensiva de culpabilizar a la población, a los que no se han vacunado, a los que hacen una comida con sus amigos o compañeros, al propio personal de la sanidad, mientras se imponen nuevas medidas restrictivas, obligatoriedad del pasaporte covid para entrar en locales públicos, la mascarilla en las calles, el cierre de lugares de ocio, el toque de queda. Nuevas restricciones a la libertad de reunión y de manifestación.

La Conferencia de Presidentes ha resultado patética, incapaces de llegar a un acuerdo sobre las medidas a adoptar, cada autonomía dicta las restricciones que considera oportunas, a sabiendas de que si no hay barreras a la transmisión del virus entre continentes, menos las hay entre las diferentes autonomías del estado español.

Es el síntoma de una crisis política que avanza desde el “unidos venceremos al coronavirus” hacia la mayor dislocación institucional, producto del temor a la respuesta que pueda dar la mayoría trabajadora de la población. Los trabajadores de Cádiz les enseñaron los dientes y sienten pánico a una movilización que pueda hacer trastabillar el régimen.

Porque todas las opciones de que disponen son medidas que despiertan la indignación de la población, harta de restricciones, harta de reproches, harta de unos responsables políticos que destruyen la sanidad pública, una de las mayores conquistas de la clase trabajadora y de la población.

Ayer, 22 de diciembre, los sindicatos se movilizaban en Madrid para denunciar “el colapso del sistema sanitario por el abandono presupuestario”. Afirmaban que “la partida destinada a Sanidad contempla 8.783 millones de euros, 693,2 más que en 2019 (+8,6%), con el 38,1% del total, 23.033 millones de euros. Recordamos, no obstante, que son 781 millones menos del gasto real que hubo en 2019, que cerró con 9.654 millones de euros de gasto real”. Poco más o menos como en el resto de las Comunidades Autónomas. Y el gobierno de Pedro Sánchez se niega incluso a construir un nuevo fondo covid cómo le piden los gobiernos autonómicos. Esta es la clave para combatir la pandemia: si solo en Madrid hace falta una inversión de 1.500 millones de euros, como dicen, ¿cuánto hay que invertir para salvar el Sistema Nacional de Salud? ¿25, 30 mil millones?

Es el momento de romper el corsé presupuestario impuesto a la sanidad pública si de verdad se quiere salvar la Atención Primaria y el Sistema Nacional de Salud. Es la responsabilidad de los dirigentes sindicales movilizar masivamente en todo el estado español, en cada autonomía, gobierne quien gobierne, para exigir los presupuestos necesarios, las decenas de miles de millones que nunca han faltado para los bancos y las multinacionales,

¡Basta de restricciones! Ningún gobierno de esos que han destruido la sanidad tiene legitimidad para imponerlas. Hace falta, de inmediato, un presupuesto extraordinario para salvar la sanidad pública, para que pueda atender a la población.

Hay que acabar con este régimen podrido y corrupto que se ha demostrado incapaz de proteger la salud y la vida de la población.

23 de diciembre de 2021