«Se debe exigir que los fondos del Estado vayan a la lucha contra la desigualdad»

Información Obrera: ¿Cuáles son los problemas principales de la enseñanza pública hoy, en relación con las contrarreformas educativas últimas?

Eduardo Sabina: La enseñanza pública en nuestro país sufre varios problemas, pero todos ellos, básicamente tienen un origen común, su descapitalización intencionada para orientar el interés de la ciudadanía hacia un modelo privatizado de sistema educativo. Las contrarreformas educativas, para ello, han tenido dos líneas fundamentales, facilitar la privatización del sistema y el establecimiento de una didáctica academicista sin solución alguna para la atención a la diversidad en el aula y la reducción del abandono escolar. Es un enfoque del problema orientado al beneficio empresarial y no a la calidad educativa.

En el ámbito de las infraestructuras, el primer problema es la ausencia de interés por la inversión en la red pública, que se ha observado especialmente en los gobiernos de la derecha, cuando han realizado la gestión educativa en las diferentes comunidades autónomas. En todas las zonas de nueva construcción, los PAUs (proyectos de actuación urbanística),  lo primero que hacen es ceder terrenos dotacionales a la iniciativa privada. En ellos se construyen los colegios, generalmente concertados, y después de que estos se han llenado de alumnado por los nuevos residentes es cuando se plantea la construcción de los centros públicos. Así se fuerza la demanda de plazas hacia la enseñanza concertada, ya que la opción de un centro público fuerza a grandes desplazamientos al alumnado.

El segundo problema que se detecta en el proceso de desarrollo de la red de centros es la construcción por fases de los centros públicos; es decir, se construyen tarde y no completos, por lo que su finalización se puede prolongar mucho en el tiempo. Esto conlleva en muchas ocasiones a establecer instalaciones provisionales, los conocidos barracones, para atender la demanda de plazas, que no se puede recoger en las construcciones ya realizadas.

La carencia de inversión en infraestructuras no solo se detecta en el momento de la construcción, es muy notoria también en el mantenimiento de los centros. Al ser centros donde conviven un elevado número de personas sufren deterioros notables y por tanto necesitan inversiones constantes en su mantenimiento que, con el limitado presupuesto de gestión de los equipos directivos, son difíciles de realizar.

Otro ámbito que se ve afectado por la descapitalización se centra en la insuficiente plantilla de los centros públicos para atender las necesidades del alumnado. No solo es que la ratio profesorado grupo sea baja, sino que además se da una carencia notable en perfiles profesionales específicos requeridos para atender los problemas de diversidad del alumnado: desfase curricular, integración social, resolución de conflictos, actividades de apoyo en el aula, atención del alumnado fuera del horario lectivo, etc.; así como en el personal dedicado a la orientación educativa y profesional en sus diferentes perfiles. Incluso la dotación personal de administración y servicios es bastante deficiente. Por otra parte, las condiciones laborales del personal de los centros han empeorado notablemente desde el año 2009 y la temporalidad está en unos niveles insoportables, en muchos casos, por encima del 20%.

Con todos estos condicionantes se ha producido una contracción de la oferta pública de plazas referida al alumnado que las demanda, en especial en Formación Profesional y en infantil, pero también en otras etapas educativas, cuyo objetivo es derivar este alumnado a los centros privados. En este contexto, se ha dado un crecimiento de la ratio media alumnado/aula, algo que es muy grave cuando el alumnado en la misma es heterogéneo, como sucede en la enseñanza pública. ¿Alguien se ha planteado cómo una profesora de infantil puede hacer un seguimiento y una educación participativa de su alumnado en un aula con 25 niños y niñas de 3 años? Pues esa es la realidad. Indudablemente las ratios efectivas son similares en toda la red de centros, pero los centros privados seleccionan de facto el alumnado por la capacidad económica de las familias, y la correlación entre nivel socioeconómico y aptitudes positivas en la escuela es muy alta. En el conjunto de los centros privados el alumnado con desfase curricular y conductas disruptivas es porcentualmente mucho más bajo, porque la población inmigrante, las minorías étnicas desfavorecidas, la ciudadanía en riesgo de pobreza, el alumnado proveniente de la marginalidad, etc. no tiene recursos y necesariamente se escolariza en la pública.

Por tanto, el resultado de las contrarreformas han llevado a agravar los problemas, algo que podemos observar en la Comunidad de Madrid. Madrid es la Comunidad donde más ha crecido la privatización de la enseñanza por ser el laboratorio neoliberal de la derecha a lo largo de los 26 años que lleva gobernando. El resultado no ha sido una mejora del sistema educativo, sino el de ser la subcampeona de Europa en 2017 en segregación educativa tras Hungría, según el informe de la UAM, y además, en 2021, ha conseguido el mismo título en la OCDE tras Turquía, según el estudio de EsadeEcPol y Save The Children.

IO: No parece que la LOMLOE ataque los problemas de fondo, y el proyecto de LOSU peor aún, ¿qué opinión te merecen ambas legislaciones?

ES: En este aspecto es interesante conocer cuál es el origen de las leyes educativas y cuántas ha habido. Usualmente el mantra que agita la derecha, la prensa y las personas que desconocen el sistema educativo es la inexistencia de un pacto educativo en España y la existencia de una sucesión de leyes según el gobierno de turno, pero eso es solo una ficción interesada, un bulo, lo que ahora se llama fake news.

En educación hay unas cuantas leyes, pero aclarar cuáles son las fundamentales que afectan al ejercicio directo de la docencia y a la esencia del sistema educativo es muy ilustrativo. En 1970 se promulga sin pacto alguno, en la dictadura no están previstos, la LGE de Villar Palasí, que renueva toda la normativa de la dictadura, la cual se remontaba básicamente a la postguerra. Esta ley tiene una vigencia de 20 años, al ser sustituida en 1990 por la LOGSE, apoyada por todos los partidos menos el PP.  Este partido, tras conseguir la mayoría absoluta, puso en marcha su propia ley en 2002, la LOCE, que no llegó a implantarse al ser derogada por el gobierno del PSOE a través la LOE en 2006. La LOE, que solo obtuvo el rechazo del PP, vino a modificar algunos aspectos de la LOGSE, pero en general la filosofía educativa de la LOGSE se mantuvo. Por tanto, LOGSE-LOE se puede considerar un tándem, que fue modificado por la LOMCE, Ley Wert, del PP en 2013 en elementos que sí fueron sustanciales, con el rechazo de todos los partidos políticos salvo el PP. Es decir, en la democracia hemos tenido el tándem legislativo pactado LOGSE-LOE durante 23 años, casi un cuarto de siglo, al que solo se opuso el PP. El rechazo de la LOMCE ha llevado a la LOMLOE, Ley Celaá, de 2020, que obtuvo los apoyos de PSOE, UP, ERC, PNV y MP, con el rechazo del PP y sus franquicias C’s, Vox, CC, PRC, UPN y Foro.

La LOMLOE es nuevamente una modificación de la LOE, para eliminar los aspectos lesivos de la LOMCE y recomponer el marco educativo. Es decir, LOGSE-LOE-LOMLOE marcan una unidad funcional y estructural del sistema educativo en España, un pacto educativo del que solo quedó fuera la derecha tardofranquista. La LOCE y la LOMCE fueron dos asaltos al sistema educativo de la derecha tardofranquista en contra de todos los demás.

Ahora bien, hay otra ley la LODE de 1985, de la que nadie habla y realmente es el origen de los problemas más difíciles de resolver. La LODE vino a transformar el régimen de subvenciones para la enseñanza privada en el régimen de conciertos. Es decir supuso la externalización de los servicios educativos, poniendo en manos de la empresa privada recursos públicos para el ejercicio del derecho a la educación por parte de la ciudadanía.

El argumento usado para su defensa por el gobierno de Felipe González fue la necesidad de apoyar la red pública, al parecer con plazas insuficientes, con la red privada, para posibilitar la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años; es decir, la implantación de la ESO que se iba a diseñar en la LOGSE. Esto suponía una subsidiariedad de la red concertada frente a la pública. Un proceso transitorio que debería haber llevado al desarrollo de la red pública a medida que la red concertada disminuía. Pero la realidad ha mostrado que ha sucedido todo lo contrario y el propio Felipe González lo reconoció cuando en 2011, en Hospitalet de Llobregat dijo: “Algunos errores hemos cometido, entre ellos el mantenimiento de la escuela concertada ante la deriva que han tomado este tipo de centros”.

La deriva está en la propia esencia del modelo. En los centros concertados, los recursos públicos se utilizan para pagar los módulos educativos de enseñanza obligatoria, Primaria y Secundaria Obligatoria básicamente. La Administración por vía del pago delegado financia el profesorado y por el módulo de otros gastos la infraestructura, personal no docente y material. A cambio la empresa privada que gestionaba el servicio se comprometía a no cobrar mensualidades y a garantizar la participación de los receptores del servicio en la gestión del centro. Los centros debían existir para ser concertados, ya que su objetivo era complementar a los centros públicos en la oferta educativa que estos no podían atender, no para la generación de una red paralela, como de hecho ha sucedido. En aquel momento la mayoría de los centros con este modelo eran de la Iglesia, lo que le garantizaba su penetración dogmática en el adoctrinamiento del alumnado.

La LOMLOE no aborda el problema de fondo, como no lo abordaron ni la LOGSE, ni la LOE. En este aspecto es más de lo mismo. Dice que la enseñanza obligatoria es gratuita, pero no presenta mecanismo alguno para que lo sea. Los centros privados concertados van a seguir cobrando “aportaciones voluntarias”, amparándose en la Ley de Mecenazgo, y por todas sus actividades complementarias, en un régimen que se asemeja mucho a un mecanismo de extorsión. De hecho, la cuota media que se paga por escolar en concertada, según el estudio realizado por la FAPA Giner de los Ríos y CICAE en 2019, es de 153€/mes, en 10 meses son 1.530€.

El otro aspecto fundamental, la ratio alumnado/aula no es abordada por la LOMLOE. Por tanto, cualquier intento de modificar la metodología en el aula se verá frustrado nuevamente por el elevado número de alumnos y alumnas en cada clase y la diversidad existente en la misma.

Respecto a la LOSU todavía puede haber cambios sustanciales, de hecho el ministro ha dado marcha atrás recientemente en sus propuestas iniciales ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en algunos puntos con los sindicatos y las organizaciones estudiantiles. Las universidades tienen un serio problema con sus plantillas de personal. Es fundamental acabar con la endogamia existente en la selección del profesorado, al tiempo es necesario atraer talento estabilizando las plantillas, con un grado de temporalidad inaceptable, y adecuando las retribuciones, ya que la precariedad está muy extendida. De hecho se hace difícil importar personal cualificado para las universidades españolas por sus bajas retribuciones. Sin embargo, es mucho el personal universitario español que acaba en el extranjero sin posibilidad de volver. Somos exportadores netos de talento, un desastre para la sociedad española. Habrá que estar atentos al debate parlamentario y al repercusión de la misma en la comunidad educativa universitaria

IO: Frente a la resignación generalizada al deterioro de la enseñanza pública, ¿qué crees que debe y puede hacer la clase trabajadora, con sus organizaciones?

ES: La clase trabajadora y sobre todo sus organizaciones, en especial los sindicatos de clase y partidos políticos de izquierda, deben hacer una profunda labor didáctica en la sociedad de sobre las consecuencias inmediatas y futuras de estas políticas de privatización de los servicios públicos, en este caso particular de la educación.

El establecimiento de un modelo segregador es algo que a la larga perjudica a todos, porque impregna toda la sociedad. El alumnado, cuyas familias han optado por un centro privado, deberá ser consciente de que ese supuesto elitismo se esfumará cuando accedan al mercado laboral. La razón es evidente, el elitismo en su proceso educativo para muchos y muchas no se va ha traducir en una situación laboral ventajosa, verán como con su formación elitista puede acabar en un puesto de trabajo de baja retribución y pésimas condiciones laborales. Es un problema puramente estadístico.

Una sociedad escorada al neoliberalismo, como la nuestra, la riqueza se concentra en una clase privilegiada muy minoritaria, pero el resto sobrevive en diferentes niveles de precariado. Si alimentamos la segregación privatizando los servicios públicos, al final acabamos reclamando unas prestaciones que nosotros mismos hemos aniquilado. Seguro que la mayor parte del alumnado de la enseñanza privada no quería trabajar como profesor en ella, pero a esa mayoría no le quedará otra salida o alguna similar, en el mejor de los casos. No conozco en toda mi vida profesional a ningún profesor o profesora de la enseñanza privada que haya accedido a la pública y haya vuelto a la privada.

Las organizaciones sociales deben detectar los engaños que desde los poderes económicos se nos presentan como verdades científicas, cuando son solo decisiones políticas para beneficio de unos pocos. Por ejemplo, el mantra de que la reducción de impuestos hace aumentar la riqueza de la ciudadanía, cuando lo que realmente aumenta esta son unos servicios públicos de calidad pagados vía impositiva, ya que su externalización los hace solo accesibles a quien pueda pagarlos y el beneficio acaba en el margen comercial de una empresa.

Las organizaciones de trabajadores deben exigir que los fondos del Estado estén orientados efectivamente a la lucha contra la desigualdad y no para fomentar la segregación, como está pasando ahora. Lo vemos en la carencia de plazas públicas en educación a todos los niveles. Ya comenté la falacia de esta inversión en los niveles concertados, pero en los no concertados se nos engaña las becas o cheques escolares. En principio una beca es equilibradora de desigualdades, pero una beca para invertir en educación privada es segregadora, porque se utiliza para establecer una competencia desleal con lo público. Muy poco alumnado puede pagarse una FP o un Bachillerato privados, por ejemplo, pero si se le da una  beca o cheque escolar, que cubre solo una fracción del precio de su matriculación, con mucho esfuerzo económico accede. El resto queda segregado. Si la inversión realizada en las becas se empleara en educación pública gratuita accedería todo el alumnado.

En este contexto las organizaciones de la clase trabajadora deben posicionarse con claridad en la reivindicación de unos servicios públicos no externalizados para toda la ciudadanía. La educación pública ha sido un referente en el avance social en todos los países desarrollados, su descapitalización y su abandono para proceder a su privatización supone la detención del ascensor social que representa. La reivindicación de este derecho debe ser una constante en su actuación informativa y reivindicativa de las organizaciones de clase.

IO: ¿Qué opinión te merece que organizaciones políticas y sindicales, desde la izquierda, fomenten y/o apoyen la financiación a los “conciertos frente a la reivindicación de que los fondos públicos vayan íntegramente a la enseñanza pública?

ES: El neoliberalismo considera que todo el mundo es igual, pero obvia la falsedad de esa afirmación cuando no considera las desigualdades económicas como una fuente de vulneración de las libertades. No cree en un estado fuerte porque regula el marco de la iniciativa privada, independientemente de que esta lleve a la explotación o incluso a la esclavitud. Su máxima son los beneficios económicos a cualquier precio, incluso aunque lleve al suicidio como especie, lo que estamos viendo con la crisis climática.

Una organización que se diga de izquierda no puede promocionar mecanismos de privatización de los recursos públicos hacia los intereses privados, sobre todo en aquellos servicios necesarios para el ejercicio de un derecho ciudadano. Los derechos ciudadanos no pueden estar sujetos a las leyes de mercado. ¡Qué mayor despilfarro que los recursos obtenidos vía impositiva acaben reciclados en el margen comercial de ganancias de una empresa o de un fondo de inversión capital riesgo, cuya sede puede estar en un paraíso fiscal!. Es un fraude a la ciudadanía, el Robin Hood neocon: robar a los pobres para dárselo a los ricos.

Por tanto, la respuesta es muy fácil no son de izquierda. Decía Pablo Iglesias Posse que el socialismo es el instrumento para la emancipación de la clase trabajadora, apoyar la derivación de fondos públicos a intereses privados la esclaviza.