Entrevista a Antonio Reboredo Raposo sobre la LOSU
Antonio es profesor asociado desde hace 2 años, en las escuelas de Arquitectura (ETSAB) y de Edificación (EPSEB), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Docente de Historia del Arte y la Arquitectura, en grado y máster de las materias del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació, afiliado a CGT, rama Enseyament, sector Barcelona,
Información Obrera: Ante la inminente aprobación de la LOSU, ¿cómo y por qué se ha llegado a esta huelga de las profesoras asociadas en la UPC?
Antonio Reboredo Raposo: La situación del profesor asociada es precaria por definición, pero la presión sobre el colectivo no ha parado de aumentar desde la crisis del 2008, y aún más desde la pandemia, si sumamos los sucesivos recortes, la pérdida de poder adquisitivo, la crisis habitacional… La LOSU, en principio, venía a subsanar la ilegalidad genética de la figura del asociada, cuyo contrato es, en principio, renovado año tras año, según las posibilidades de contratación de cada departamento, que a la vez son cambiantes, aprovechando así su flexibilidad para ajustar las imprevisibles subidas y bajadas de las horas de docencia que les son asignadas cada curso. “Promovida” desde Europa, la ley se propone convertir todos los contratos de asociadas en indefinidos, pero reduciendo su máximo de horas de docencia semanales de 6 a 4 horas (complementando la bajada de 9 a 6 de la época de Aznar), lo cual, sin una correspondiente subida de suelo, supone un recorte del 33% del sueldo inmediato de hasta 30.000 docentes de todo el Estado. La ley, sin una memoria económica propia y con una previsión incierta de alcanzar un 1% de los presupuestos generales para universidades en 2030, impide de facto la estabilización propuesta de las diferentes figuras docentes temporales, cuyos puestos de trabajo actuales quedan en el aire a merced de los nuevos concursos previstos, los cuales, si son pocos y sin la suficiente financiación, implicarían un inevitable recorte de plantilla. La inseguridad presupuestaria general de la universidad, y la laboral personal de los docentes, junto a los cambios estructurales inevitables en los estudios a los que obligaría la aprobación tajante de la ley, han llevado a los más de 1500 profesoras asociadas de la UPC a unirse a la huelga estatal indefinida, realizar protestas alternativas o, como mínimo, a iniciar negociaciones con sus respectivos departamentos respecto a la contratación del siguiente curso.
IO: ¿Cómo ha sido el seguimiento de la huelga hasta ahora, y cuáles serían los siguientes pasos a seguir?
ARR: La huelga indefinida, que fue convocada para iniciarse el pasado 31 de enero desde la plataforma PDI Precariat, ubicada en la Comunitat Valenciana, se ha iniciado de manera desigual en las diferentes universidades del Estado, según sus calendarios específicos, y el porcentaje de asociadas de cada una de ellas. En la UPC, el seguimiento es mayor en aquellas escuelas con más asociadas (como las de arquitectura, ETSAB o ETSAV, donde llegan hasta el 70% de la plantilla docente), mientras que en el resto la respuesta de momento es más tibia. Decidimos unirnos a la huelga la semana pasada, que era la segunda del curso, con un seguimiento cercano al 15%, con una evolución exponencial, ya que para la tercera semana ya esperamos hasta un 30%. Independientemente del seguimiento particular, mermado por la falta de espacios de discusión laboral en la empresa, cuya plantilla se encuentra atomizada por una geografía intencionalmente dispersa, los efectos ya se han hecho notar: la UPC ya se plantea suspender la evaluación continuada, sustituir nuestras horas de docencia con los trabajadoras fijos, o permitir la modificación masiva de matrículas del alumnado. La imposibilidad de mantener la normalidad del curso, así como este intento de tomar iniciativas que rozan o que directamente van en contra de nuestro derecho a la huelga, no hacen más que destacar la dependencia que nuestra universidad tiene para con la masa de plantilla precarizada que ella misma ha cultivado durante las últimas décadas. Formamos parte de un recorte masivo encubierto de la universidad pública, en una especie de “huida hacia adelante” de la Politècnica, que se ha aprovechado de la obligatoriedad de ese otro trabajo externo que debe tener los asociadas, muchos de ellos en realidad autoempleadas, para ahorrarse las responsabilidades salariales y fiscales que cualquier empresa tiene por ley con sus trabajadoras.
IO: Con relación a los estudiantes de la universidad, ¿consideráis posible vuestra movilización sin su apoyo?
ARR: Es difícil contemplar un éxito total de la huelga sin la complicidad del alumnado, que en realidad es el primer afectado de la LOSU, y, por supuesto, de las consecuencias de nuestro paro. Nuestro derecho a la huelga choca inevitablemente con su derecho a la evaluación, lo cual no hace más que empeorar la posición de la propia universidad, que se arriesga a un enfrentamiento frontal con un colectivo mucho mayor que el nuestro, y en realidad más poderoso: por ejemplo, en el momento que exijan la devolución de las matrículas afectadas, con lo cual peligran las propias cuentas de la empresa… La alianza con el estudiantado es vital, independientemente de nuestras reclamaciones como colectivo docente, tanto para asegurar un presupuesto justo para las universidades públicas en todo el Estado como para frenar la agenda mercantilizadora oculta de la LOSU, la cual no deja de ahondar en la concepción más meritocrática de la academia, al mismo tiempo que no da ni un paso adelante para eliminar el problema de las universidades privadas.
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