Crisis política y movilización obrera
En unos momentos en que las instituciones del capital, la UE, el FMI, la CEOE, el propio Banco de España demandan al Gobierno y al principal partido de la oposición, el PP, el máximo consenso, asistimos, por el contrario, a un enfrentamiento brutal entre ellos a todos los niveles.
Con la excusa de las medidas para combatir la llamada «crisis energética» -nada radicales por cierto-, hemos asistido la semana pasada a un enfrentamiento verbal totalmente incomprensible para la mayoría de la población. A ello se suma el miércoles 7 de septiembre, en la sesión de apertura del año judicial, el ataque de Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial y, por tanto, representante de un sector poderoso del aparato de Estado, dirigido directamente a Sánchez y Feijóo. Y las actuaciones de un sector de ese Consejo para boicotear la elección de dos miembros del Tribunal Constitucional. Todo ello con la cuestión de fondo de la batalla encarnizada del aparato judicial heredado del franquismo por mantener sus privilegios e impunidad.
Se trata de expresiones de la crisis política que ponen en entredicho, en última instancia, la legitimidad del régimen monárquico.
Todo este sarao en las cúspides del poder sucede mientras la población y, en particular, la masa trabajadora vive con indignación una situación en que la inflación se dispara, reduciendo gravemente el poder de compra de salarios y pensiones, todos los servicios públicos están desatendidos, y los salarios y pensiones bloqueados. Y, desde luego, no será la Unión Europea la que ofrezca ninguna medida positiva o de ayuda, al contrario, solo promete «sangre, sudor y lágrimas».
Los propios dirigentes sindicales, que durante estos años han mostrado que para ellos lo principal es apoyar, o al menos no comprometer, al Gobierno, son conscientes de que la situación es inaguantable y amenazan incluso con la posibilidad de una huelga general, o de movilizaciones por sectores en torno a la negociación de los convenios como acaba de proponer Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
No hay duda de que la iniciativa tomada por la COESPE y las demás plataformas de pensionistas de manifestación a nivel estatal en Madrid el 15 de octubre puede ser un punto de apoyo fundamental para aunar resistencias ahora dispersas.
Las exigencias de aumento de salarios y pensiones según la inflación real, de auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y demás reivindicaciones conciernen no solo a los pensionistas o a los trabajadores activos sino a la inmensa mayoría de la población que vive directa o indirectamente de un salario, una pensión, un subsidio de desempleo.
Desde este periódico obrero consideramos que no hay otra prioridad sino ayudar desde todos los sectores, en particular desde los trabajadores activos y sindicalizados, apoyando y participando en esta movilización.
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