Las huelgas de la enseñanza muestran el camino
A día de hoy, tras más de 20 días en huelga indefinida y en unidad, los y las enseñantes del País Valenciano muestran que para poder vivir y enseñar hay que responder a sus reivindicaciones. Como, bajo otra forma, muestra la huelga de enseñanza en Cataluña.
Ambas huelgas responden a la misma situación del cuerpo educativo en todas las comunidades autónomas: por más que la educación está competencialmente regionalizada, en todas ellas, el personal de la enseñanza se enfrenta a los mismos problemas: sueldos de subsistencia, ratios imposibles, infraestructuras deterioradas, sobrecarga del personal con la introducción de la llamada «escuela inclusiva». No es por casualidad que los sindicatos en Madrid anuncien huelga para septiembre, o que en Cataluña sigan sin aceptar un mal acuerdo.
El deterioro de la sanidad, de la enseñanza pública, de las infraestructuras en todo el Estado demuestra que no es compatible triplicar el gasto militar y atender las necesidades sociales. Por tanto, la responsabilidad del Gobierno central está comprometida… En vísperas del verano empiezan los incendios, y el Estado cuenta con solo 18 aviones cisterna Canadair (¡eso sí, tiene 150 aviones de combate!).
Mientras el personal de la enseñanza en huelga muestra la realidad del país, la lucha de clases, las reivindicaciones y necesidades de la población pendientes, no pasa un día que no estalle un nuevo escándalo, real o ficticio: la esfera mediática intenta hacer girar el país en torno a ello. Las instituciones heredadas del franquismo, la judicatura, las UCO, la UDEF, tienen buena experiencia en ello: mientras se aplican con diligencia a perseguir al gobierno, y dilatan meses o años los juicios por escándalos vinculados al PP, ponen palos en las ruedas de aquello que no les interesa, o les molesta. Hace justo dos años, el 30 de mayo de 2024, se aprobó una Ley de Amnistía con voluntad de calmar la situación en Cataluña. La ley encargó a los jueces su aplicación caso por caso. Hoy solo el 52% de los activistas catalanes han sido amnistiados, y el 61,3% de los cargos públicos aún no, pero la han aplicado ya al 97% de los policías. A esto le llaman «independencia de la justicia». Ningún paso serio en el camino de atender a las necesidades de la mayoría es posible, de forma duradera, con este régimen, sus leyes y sus instituciones.
Son muchos lo que se preguntan cómo frenar a la derecha y la ultraderecha. Pero para vencerlos -incluso electoralmente- es preciso un giro radical, responder a las exigencias de la mayoría, destinar a las necesidades de la población el gasto militar, llamar a los trabajadores, a sus organizaciones, a la movilización. La partida no está perdida. Solo falta voluntad política para resistir.
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