¡Son niños! Las autoridades tienen la obligación deatender y tutelar a los menores de Ceuta
Se dice que lo que valora a una sociedad es cómo trata a los ancianos, a los enfermos y a los niños.
Precisamente por eso, toda persona con un mínimo de humanidad debería escandalizarse por el debate que se está produciendo sobre el futuro de los menores abandonados en Ceuta.
Es, sencillamente, repugnante, lo que ha declarado Santiago Abascal, que reclama que “los falsos menas” sean “deportados”. No
menos depreciable es lo que ha dicho el portavoz del PP, Miguel Tellado, que ha exigido que “todos” los que han entrado en
Ceuta sean expulsados, sin exceptuar a los niños.
En esta línea, el PP se niega a que los niños abandonados en Ceuta sean trasladados a otras comunidades autónomas. Recordemos
que los cuatro gobiernos autonómicos de coalición PP-Vox (Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura) incluyen en su
programa de gobierno el rechazo a la acogida de cualquier menor procedente de otro país. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha manifestado también su negativa.
Por el momento, la mayoría de esos niños están en la calle, y están siendo atendidos por la población de los barrios de Ceuta habitados por musulmanes. Otros barrios ceutíes han colocado barreras y organizado patrullas para impedir que los inmigrantes entren en sus calles.
Todo esto sucede cuando, por otra parte, las ONG computan ya más de 140 jóvenes ahogados. Algo que no parece preocupar a
políticos y medios de comunicación. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (del PP) ha explicado que “la ciudad atiende
actualmente a unos 1.100 menores migrantes no acompañados, frente a los alrededor de 750 que acogía antes de la crisis”, y ha recordado que la legislación contempla que “Ceuta pueda hacerse cargo de unos 90 menores en situaciones de contingencia migratoria”, por lo que, según añade, la ocupación de los recursos de acogida se sitúa “un 2.600% por encima de su capacidad crítica”.
En efecto, la ley establece el principio rector del interés superior del menor, que obliga a cualquier administración pública a proteger a los niños y adolescentes desamparados que se encuentren en territorio español, independientemente de su origen o
nacionalidad.
En particular, el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, fija un modelo vinculante y
obligatorio para el reparto de menores cuando un territorio sufre una saturación extrema.
Por humanidad, pero también, por mandato legal, todas las autonomías tienen la obligación de acoger a esos niños. El gobierno
del Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Todas las organizaciones democráticas, y todas las organizaciones del movimiento obrero, deben respaldar esa exigencia.
Somos partidarios del derecho democrático a migrar de cualquier trabajador o trabajadora (que, en muchos casos, es, simplemente, el derecho a sobrevivir), a quien debe asegurarse el acceso inmediato a todos los derechos existentes en el país al que llega.
En este caso concurre además la vulnerabilidad de los menores, que exige la atención que reclamamos. Porque, por encima de todo, son niños.
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