La ley que propone Mónica García ¿pondrá fin a la privatización?
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha iniciado los trámites de una «Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud». Una ley que algunos presentan como la derogación de la Ley 15/97 y como una barrera frente a la privatización de la sanidad. ¿Cuál es la realidadLa Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) abre varias posibilidades de privatización de la sanidad: los conciertos (art 90) «para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas [las administraciones]», para los que da prioridad a los centros cuya titularidad corresponda a «entidades que tengan carácter no lucrativo». La segunda posibilidad de privatización de la sanidad pública está establecida en los artículos 66 y 67, que permiten la vinculación al Sistema Nacional de Salud de hospitales generales del sector privado, mediante la figura de los convenios singulares. Es la figura que permite que formen parte de la sanidad pública andaluza los hospitales de la empresa Pascual y algunos hospitales de la Orden de San Juan de Dios. La ley que propone Mónica García no toca ninguna de estas dos figuras.
La propuesta modifica –que no deroga- la Ley 15/97, «sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud», que estableció la posibilidad de que la gestión de los centros sanitarios públicos pudiera hacerse «directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho». La Ley regula, igualmente, los consorcios sanitarios, figura que permite que el Hospital Público del Aljarafe, en Sevilla, que atiende a una población de más de 300.000 habitantes, sea gestionado por la Orden de San Juan de Dios.
No se conoce el articulado, ni el rango en el ordenamiento jurídico, de la propuesta de ley del Ministerio de Sanidad, pero sí se ha abierto una consulta pública sobre esa ley. En la apertura de esa consulta podemos leer que el objetivo de esa ley no es eliminar la posibilidad de gestión privada de la sanidad pública, sino que se busca la «limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro». Limitar no es eliminar.
También se propone «mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad» (que, por tanto, se mantienen), así como facilitar «la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes». Facilitar la reversión es bueno, pero no es revertir. Los gobiernos autonómicos podrán mantener esos modelos de gestión privada.
Por tanto, salvo que sea modificada, la ley de Mónica García no es la derogación de la Ley 15/97 que ella defendía antes de ser ministra.
Más de 1.000 activistas de las Mareas Blancas y Plataformas por la Sanidad Pública, de asociaciones vecinales y de sindicatos han firmado ya una carta a Mónica García en la que se demanda la derogación de la Ley 15/97, de los artículos 66, 67 y 90 de la LGS, de las disposiciones que permiten la intromisión de las mutuas -entidades patronales- en las bajas laborales por enfermedad común, y un presupuesto extraordinario para la sanidad que permita recuperar a la sanidad pública de los recortes sufridos en los últimos años. Animamos a continuar la recogida de firmas y ya hemos pedido una entrevista al Ministerio para su entrega.
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Comentarios
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Manuel Botana dice:
derogación de la Ley 15/97, de los artículos 66, 67 y 90 de la LGS, de las disposiciones que permiten la intromisión de las mutuas -entidades patronales- en las bajas laborales por enfermedad
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