La amnistía y las libertades son imprescindibles para la democracia, también acabar con este poder judicial franquista, reaccionario y corrupto
El 23 de julio de 2023, la votación popular privó a los partidos franquistas PP y Vox de la victoria electoral que daban por hecha. Nunca han aceptado esta derrota y desde entonces conspiran para anularla. Para ello cuentan con los medios de comunicación financiados por los Gobiernos del PP y de Vox, con el aparato judicial heredado del franquismo sin depuración alguna y con otros aparatos del estado.
Buena muestra de todo ello lo tenemos en el proceso seguido por la Ley de Amnistía aprobada por mayoría en el Congreso de Diputados, o más recientemente con la imputación judicial de Begoña Gómez, pareja del presidente Pedro Sánchez. Los hechos son incontestables: de forma inaudita, un juez acepta una denuncia presentada por una asociación ultraderechista en base a noticias falsas y recortes de periódicos, contra la esposa de Pedro Sánchez, acusándola de corrupción y tráfico de influencias. La Guardia Civil (¡la Guardia Civil!), en un informe de 119 páginas, dice que no hay caso y el fiscal es de la misma opinión. La Audiencia Provincial (que es la instancia superior), le dice al juez que no hay indicios ni pruebas para calificar los hechos, y que en todo caso debe abrir diligencias, reunir más indicios, citar testigos, etc. A pesar de todo, el juez anuncia, en medio de la última semana de campaña electoral, que cita a la esposa del presidente para el próximo día 5 de julio.
En definitiva, un nuevo episodio de acoso judicial que sumar a la larga lista de personalidades que han venido denunciando el acoso judicial contra Podemos, Mónica Oltra, Alberto Rodríguez o contra los republicanos catalanes. Como tenían razón quienes denunciaron la actividad de la “policía patriótica”. El asunto no por no estar exento de novedad es menos grave: es la enésima demostración de que la herencia franquista que impregna el régimen constitucional del 78 es incompatible con la democracia. En este caso no perdonan que el presidente del Gobierno, que desde luego no es ningún extremista, haya defendido y hecho aprobar por las Cortes la ley de amnistía y obligue a Felipe VI a firmar una ley que emana de la mayoría social reflejada en esa cámara y que no obedece a las instituciones del pasado franquista que él representa. Como en los anteriores casos, el acoso judicial contra Pedro Sánchez es un ataque contra todo el movimiento obrero y contra cualquiera que se reclame de la democracia. Y exige una respuesta unida de como mínimo todos los sectores que han apoyado la amnistía.
Ahora bien, Pedro Sánchez anunció que habría un punto y aparte. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno? ¡Ninguna! Y con respecto a la legislación mordaza que causa estragos en las filas de tantos activistas y trabajadores, lo mismo. Las lamentaciones no pueden substituir la necesaria acción política por el cambio. Cada día se demuestra que las libertades y la democracia son incompatibles con la herencia franquista del régimen del 78, la necesidad de sacar a los franquistas de las instituciones como gritaban miles de militantes el 27 y 28 de abril en Madrid y en otras ciudades del estado, concluir lo que no se hizo durante la llamada “transición” es una necesidad de primer orden. Sin esa acción, la aplicación de la amnistía -en manos del aparato judicial- queda en el aire.
Para el CATP defender la aplicación de la amnistía exige avanzar en el camino de la República. Independientemente de la opinión que tenemos sobre la orientación política del Gobierno, todo el movimiento obrero y democrático debe responder unido. Se invoca a menudo el peligro de la derecha y la extrema derecha y la necesidad de establecer cordones “sanitarios”, etc. Pero el mejor cordón “sanitario”, la mejor manera de hacerles frente es aplicar políticas de derechos. Es defendiendo los servicios públicos, defendiendo la industria y todos los sectores productivos amenazados por las políticas de destrucción que se amparan en la política de guerra y en una supuesta defensa del planeta y el medio ambiente. La mejor manera es comprometer todos los esfuerzos en parar el genocidio en Gaza y la guerra en Ucrania, dedicando todos los recursos que se derivan a gastos militares, para gastos sociales.
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