El derecho a migrar
Hay un hilo que une a toda la reacción en España, en Europa y en todo el mundo, siguiendo la política brutal contra los emigrantes de Trump: la negación del derecho democrático a emigrar, un derecho que está en la base de la constitución de la Humanidad.
La negación del derecho a emigrar y la persecución contra los emigrantes es particularmente llamativa en este país, construido sobre la base de una masiva emigración –tanto interior como exterior- en los años 1960 y 70, y que aún tiene a tres millones de ciudadanos españoles en el extranjero. La negación de derecho de asilo, en un país en el que cerca de un millón de personas tuvo que exiliarse en 1939, es también una aberración. En el fondo, supone negar que todos los humanos tienen los mismos derechos, sean andaluces, salvadoreños o senegaleses.
La negación del derecho a emigrar, la construcción de barreras para impedir el paso de personas, tiene consecuencias. En primer lugar, mata. En los recientes acontecimientos de Ceuta ha habido 141 asesinatos, que se suman a los 100 muertos en Melilla en junio de 2022, y a los 80.000 ahogados el Mediterráneo en los últimos veinte años. La destrucción de África por medio de las guerras, de las hambrunas, va a seguir poniendo en movimiento a cientos de miles de personas que solo buscan vivir mejor –o, simplemente, vivir- y que buscan un futuro en Europa.
La campaña contra los emigrantes no solo es racismo. Responde a una necesidad del capital, que necesita dividir a la clase trabajadora para imponer sus planes de guerra, de destrucción de las conquistas sociales, como la sanidad, la enseñanza, las pensiones, planes que sólo la clase trabajadora, unida, puede derrotar.
En segundo lugar, la persecución contra los migrantes permite al capital disponer de una bolsa de mano de obra barata, sin derechos que la protejan contra la explotación.
Quienes lanzan la campaña contra los migrantes se apoyan en la saturación de los servicios públicos. Defender el derecho a emigrar está ligado intrínsecamente a la exigencia de restablecer los servicios públicos, que están siendo desmantelados y crecientemente privatizados. Es necesario establecer una prioridad de gasto en la enseñanza, la sanidad, las infraestructuras, cuando todos los gobiernos en Europa anuncian recortes para gastar más en armas. Este es el peligro y el enemigo.
Una correspondencia recibida de Marruecos nos dice «sean cuales sean las razones que impulsaron a decenas de miles de marroquíes a este éxodo masivo… las raíces constituyen una acusación contra las políticas gubernamentales», políticas dictadas por las grandes potencias imperialistas y sus multinacionales (entre ella las «españolas») que saquean el país y de paso se aprovechan de su mano de obra barata y mantienen en el paro a la mitad de la juventud.
Todas las instituciones del régimen monárquico borbónico han manifestado, con unanimidad, su voluntad de conservar sus enclaves coloniales. Este miércoles 2 de septiembre, la derecha y la ultraderecha han lanzado sus tropas a la calle para insultar a los emigrantes, aterrorizar a los millones que viven y trabajan y cotizan en nuestro país (no como muchos capitalistas que se van del país para no pagar impuestos), y mantener los enclaves coloniales que viven a costa del conjunto de los ciudadanos pues no producen nada. Los grupos fascistas y neonazis se mueven en esas protestas como pez en el agua.
La reacción franquista no está sola. Se apoya en las leyes europeas –como el nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo- que, en su marcha a la guerra solo buscan dividir a los trabajadores creando un enemigo interno.
Pero el mismo día 2, en varias ciudades, hubo manifestaciones contra el racismo, por el derecho a emigrar. Lamentablemente eran pocas las organizaciones que se atrevieron a convocar, pero ese es el camino, la vía para oponerse a la política de guerra, que exige a las organizaciones obreras y populares una actitud decidida de defensa de las libertades y derechos para todos, ante la ambigüedad del Gobierno.
Redacción de Información Obrera
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