Argelia: elecciones presidenciales, ¿qué hay en juego?
Reproducimos el editorial del periódico Fraternité!, órgano de expresión del Partido de los Trabajadores de Argelia.
El Comité Central del partido, reunido en sesión extraordinaria el 20 de julio de 2024, ratificó por unanimidad la decisión adoptada por el Buró Político el 13 de julio de 2024 sobre la no participación del partido en las elecciones presidenciales del 7 de septiembre próximo, en previsión de nuestra casi anunciada exclusión de las urnas.
En la resolución adoptada, el Comité Central explicaba su decisión como una respuesta política de resistencia tras haber conocido «los nuevos datos aportados por los miembros del Comité Central sobre los obstáculos y las prácticas propias de épocas pasadas de diversos sectores a nivel local, arrojando luz sobre los motivos que nos impiden participar en las elecciones presidenciales».
El acierto de nuestra decisión se vio confirmado por los acontecimientos que siguieron en relación con el estudio por la Autoridad Electoral Nacional Independiente de los expedientes de las candidaturas, que condujo a la puesta bajo control judicial de tres candidatos cuyos expedientes habían sido rechazados y que habían presentado recursos ante el Tribunal Constitucional, así como al encarcelamiento de sesenta y ocho ciudadanos y cargos electos locales acusados de corrupción política: compra y venta de avales.
A la espera de la evolución de este asunto sin precedentes desde el advenimiento del pluripartidismo en 1989 en general, y de los procesos electorales en particular, y más allá de la naturaleza de la operación electoral en su conjunto y de las prácticas que la han empañado, solo tres candidatos siguen «en liza» para las elecciones presidenciales.
Reaccionando tras el anuncio de los resultados definitivos, el presidente candidato declaró que su objetivo era continuar aplicando sus 54 objetivos/compromisos de 2019, es decir, las políticas ya aplicadas y, por tanto, el mantenimiento del statu quo actual.
Es cierto que ha habido algunas medidas sociales en beneficio de funcionarios, pensionistas, estudiantes, familias desfavorecidas y jóvenes desempleados, pero muy insuficientes ante la persistencia de la inflación y con una política discriminatoria y excluyente, que ha dejado al margen a muchos sectores obreros y populares, empezando por la mayoría de los trabajadores de la producción y los servicios.
En el plano económico, se han tomado decisiones que debían salvar a las empresas económicas públicas (EPE) en dificultades e impulsar la producción industrial y agrícola, pero que, a falta de estrategias y visiones claras de seguimiento y control, apenas han dado los resultados esperados y anunciados. Aunque, a modo de ejemplo, la recuperación de algunas de las empresas y hoteles cerrados, que pertenecían a los exoligarcas encarcelados, que sigue siendo parcial porque no afecta a todas las empresas, constituye una victoria para nosotros, dado que formaba parte de las batallas que libramos con los empleados de estas unidades, que se quedaron sin trabajo y angustiados por la pérdida de sus empleos.
El éxito de cualquier política económica y/o social se mide a la luz de las cifras de desempleo y de bienestar social, es decir, del poder adquisitivo y de la erradicación de las privaciones sociales, de las expresiones de pobreza e incluso de miseria. Basta con seguir la aterradora explosión de la Hagra, de la mendicidad y de la descomposición social, incluso entre los asalariados, para sacar las conclusiones inevitables. Y no cabe duda de que se ha producido una regresión sin precedentes en el ámbito de las libertades: desde la Covid-19, la criminalización del ejercicio de los derechos políticos se ha institucionalizado mediante la introducción del artículo 87 bis del Código Penal, que ha dado lugar a una cascada de juicios/condenas, leyes destructoras de la libertad que confiscan el derecho a organizar sindicatos y el derecho de huelga, la suspensión del derecho a manifestarse pacíficamente, incluso en apoyo de Palestina, a pesar de que se trata de un derecho constitucional, el control total de la prensa, etc. De hecho, nunca antes el amordazamiento de la sociedad había llegado a tal punto… Y todos los llamamientos a la distensión política han sido en vano, incluso en vísperas de las elecciones presidenciales.
El Partido del los Trabajadores había decidido participar en las elecciones presidenciales precisamente para romper claramente con las instituciones y las prácticas heredadas del inicuo sistema del obsoleto partido único, y con las políticas que han producido la miseria social y política.
En la resolución adoptada al término de su sesión extraordinaria, el Comité Central declaró: «En efecto, el hecho de que se haya impedido nuestra participación tiene que ver con nuestras posiciones políticas, con la claridad de nuestros objetivos y con nuestro propósito de utilizar la campaña electoral para plantear las cuestiones económicas, sociales y culturales centrales, las aspiraciones legítimas de la mayoría del pueblo, y plantear como cuestión central la defensa incondicional del pueblo palestino martirizado y crucificado, la defensa de su legítima resistencia», es decir, romper con el régimen heredado del sistema de partido único y con todas las políticas antisociales y antinacionales.
¿No ha sido por estos objetivos por lo que el PT ha sido excluido de las elecciones presidenciales del 7 de septiembre?
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