Más que nunca, continuar la actividad política

Publicado el 21 de octubre de 2026 por Jordi Salvador, Exdiputado de ERC, Cofundador del CATP

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Después de diez años como diputado del Grupo Parlamentario Republicano en el Congreso, he decidido no optar a una nueva candidatura por Esquerra Republicana de Catalunya.

Carta abierta de Jordi Salvador Duch (exdiputado de ERC)
Cofundador del CATP

Lo he decidido libremente, sin presiones ni condicionamientos. Ha sido una decisión largamente meditada. No significa que abandone la política. Significa que cierro una etapa en la llamada política institucional para continuar, con más convicción si cabe, la actividad política.
He hecho balance de estos diez años. Un balance de luces y sombras que he dejado por escrito y que espero poder publicar pronto en forma de libro.
Ha habido avances, acuerdos y batallas que han valido la pena. También momentos en los que hemos conseguido llevar al Congreso reivindicaciones que nacían en los centros de trabajo, en los barrios y en las movilizaciones populares.
No reniego de ninguna de esas batallas.Pero también he llegado a una conclusión: la política institucional, por sí sola, no cambia sustancialmente la situación de la clase trabajadora ni garantiza los derechos de los pueblos. Puede ser útil. Puede arrancar mejoras. Puede frenar retrocesos. Pero no puede sustituir la organización y la movilización social.
Cuando se separa de ellas, corre el riesgo de convertirse en un callejón sin salida que absorbe el tiempo y la energía de muchos militantes y responsables políticos, alejándolos poco a poco de la realidad que pretendían transformar.
Hoy existe una contradicción cada vez más profunda entre la calle y las instituciones. Centenares de miles de personas se movilizan por el derecho a la vivienda, por un trabajo digno, por los servicios públicos y por las libertades.
Entre ellas hay muchos jóvenes, pese a que últimamente se los presenta demasiadas veces como una generación desinteresada o pasiva. No lo son. Salen a la calle porque sienten en su propia vida que el futuro prometido no existe: alquileres imposibles, salarios insuficientes, precariedad y dificultades crecientes para construir un proyecto vital.
Estas aspiraciones chocan con un régimen que conserva importantes herencias de la dictadura y que sirve, demasiadas veces, para proteger privilegios y prebendas.
La constitución reconoce derechos que después los poderes públicos no garantizan.
El artículo 47 afirma que todos tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Basta mirar la realidad de nuestros barrios para comprobar la distancia entre esa afirmación y la vida cotidiana. Para millones de personas, ese derecho constitucional se ha convertido en una burla.
También he comprobado los límites de la supuesta soberanía de las Cortes. El 30 de mayo de 2024, el Congreso aprobó definitivamente la Ley de Amnistía. Sin embargo, su aplicación ha sido parcial, lenta y obstaculizada para algunos de sus principales destinatarios. Una ley aprobada por la mayoría parlamentaria puede quedar atrapada en resistencias de poderes que nadie ha elegido. Este hecho muestra hasta qué punto la voluntad popular expresada en las urnas y en el Parlamento encuentra límites cuando cuestiona determinados pilares del régimen.
La actividad parlamentaria solo ha tenido verdadero sentido para mí cuando ha estado conectada con el sentir y las necesidades de la calle: con la clase trabajadora, los pensionistas, los jóvenes, los movimientos sociales y quienes defienden los derechos nacionales de los pueblos. Sin esa conexión, el Parlamento corre el riesgo de hablar un idioma que la mayoría social ya no reconoce.

Mi decisión no responde a disputas dentro del grupo parlamentario. En cualquier organización política es normal que existan debates y diferencias. Lo que haya podido separarme de unos u otros pertenece ya al pasado. Tampoco quiero participar en el espectáculo de nombres, listas y cargos que tantas veces ocupa el centro de la discusión pública. Cuando parece que lo importante es quién ocupa un puesto y no para qué debe servir ese puesto, se confirma la distancia entre la política institucional y los problemas reales de la población.
Desde mucho antes de ser diputado he participado y colaborado en el CATP, junto a compañeros y compañeras unidos por una convicción: necesitamos una salida democrática y de clase para los trabajadores y los pueblos del Estado, en coordinación y solidaridad con los trabajadores y los pueblos de Europa y de todos los continentes. No buscamos cargos, honores, prebendas ni salir en la foto. Buscamos contribuir a la unidad de las organizaciones obreras y populares para abrir una salida contra toda forma de opresión y explotación.
Un gran movimiento social empieza a abrirse paso frente a la reacción, la guerra y la carrera armamentística. La inmensa mayoría no encuentra una representación política propia,
estable y fiel a sus intereses.
Quizá estemos entrando en un tiempo en el que la política dejará de ser patrimonio de los llamados profesionales y la mayoría social volverá a ser protagonista de su propia historia.Ahí quiero situarme, como uno más. Continuaré combatiendo contra la guerra y el aumento del gasto militar; contra el genocidio del pueblo palestino; por un alto el fuego y una salida negociada en Ucrania; en defensa de los desertores y de quienes se niegan a matar o morir por intereses ajenos; y al lado de todas las reivindicaciones justas que nacen en la calle.
Me reafirmo, por tanto, en mis convicciones. La historia de la humanidad continúa siendo, más que nunca, la historia de la lucha de clases. Y, como hombre libre, he escogido mi lugar. Dejo una etapa institucional. No dejo la lucha política.
Al contrario: la continuaré allí donde siempre ha empezado todo lo que merece la pena, junto a la clase trabajadora y los pueblos.