Sánchez convoca elecciones generales, los sindicatos convocan huelga general por salarios y vivienda digna 

Tras el rechazo de las Cortes a los decretos de vivienda, Pedro Sánchez ha anunciado la convocatoria anticipada de elecciones para el 29 de noviembre. 

Es el fin de una legislatura que, pese algunos avances, como la subida del salario mínimo, y la recuperación de la revalorización de las pensiones según el IPC, terminará sin dar respuesta a las principales reivindicaciones de la población trabajadora y sin cumplir buena parte de las promesas del gobierno, como la derogación de la Ley Mordaza y de la ley 15/97 que facilita la privatización de las sanidad. 

El gobierno ha intentado hacer atendiendo al pueblo y a la OTAN, a las exigencias de Trump, sin enfrentarse al poder judicial, a las instituciones del Estado heredadas del franquismo, aceptando las reglas de juego y las limitaciones que impone el régimen de la Monarquía de 1978. Y así, es muy difícil. 

Puede afirmarse, sin exagerar, que el problema de la vivienda no sólo no ha tenido mejoras, sino que ha empeorado. Los alquileres han subido desde 2023 un 25%, y volvemos a situaciones como las del siglo XIX, de alquileres por habitaciones y pisos-patera, de trabajadores que duermen en la calles, o en sus coches.  

Las subidas de precios de los combustibles y otros artículos de primera necesidad ahogan a la población trabajadora. Se anuncia para septiembre una subida del IPC del 4,9%, cuando las pensiones subieron un 2,7%, el SMI un 3,1%, los salarios de convenio un 3,04%, los de los empleados y empleadas públicos un 1,5% (y, como mucho, un 0,5% más). Y el gobierno ha dejado hacer sin proponer ninguna mediad efectiva. 

A ello se une la desastrosa situación de servicios públicos esenciales como la enseñanza y la sanidad, gestionados por las autonomías, pero estrangulados por la falta de financiación. 

Mientras enormes necesidades sociales siguen sin cubrir, el gasto militar ha aumentado desde 2023 a 2025 un 70%, escalando en 2025 hasta los 39.476 millones de euros. 

¿Nos prometerán las izquierdas en campaña electoral aquello que no han hecho en 4 o, incluso, en 8 años? Distintas candidaturas se van a presentar, pidiendo el voto de los trabajadores. Pero la población trabajadora tiene reivindicaciones y exigencias claras, y toda candidatura que quiera representarlos tiene que incluirlas en sus compromisos:  

• Solución al problema de la vivienda: freno a los desahucios, bajada de los alquileres, expropiación de los pisos de fondos buitre. 

• Control de los precios de combustibles, electricidad, alimentos y productos de primera necesidad. 

• Subida automática de salarios y pensiones en función de la inflación. 

• Derogación de la ley mordaza y la ley 15/97. 

• Presupuestos de urgencia para salvar la Sanidad y la Enseñanza públicas. 

• Alto al rearme. Gastos militares para escuelas, hospitales y fines sociales. 

Sólo unas candidaturas que asuman estas propuestas, y se comprometan a cumplirlas, pasando por encima de la resistencia del capital financiero, de los medios de comunicación y redes sociales a su servicio, y de las instituciones del Estado, como el poder judicial, dispuestas a poner palos en las ruedas de todo progreso, pueden aspirar a frenar a la derecha y la ultraderecha, y su programa de reacción y recortes en toda la línea. 

En todo caso, las reivindicaciones siguen en pie, y hay que defenderlas con la movilización, hacia la huelga general que han convocado UGT y CCOO, respondiendo a la propuesta del sindicato de inquilinas, y que hay que impulsar y preparar en todas partes. 

¡Por los salarios y las pensiones, por la vivienda! 

¡Por la defensa de la Sanidad, la enseñanza, los servicios públicos 

¡A la huelga general!