Un Gobierno acorralado
Día tras día, las instituciones del aparato judicial, con algunos conocidos jueces a la cabeza, «encuentran» (buscan y, si es necesario, inventan) un nuevo motivo o anécdota para intentar implicar directamente al presidente del Gobierno o a alguno de sus ministros. Como antes hicieron con Podemos (20 procesos abiertos, todos archivados, pero solo tras haber facilitado una poderosa campaña mediática contra el partido). Como hicieron con Mónica Oltra, Alberto Rodríguez y tantos otros.
Ni la derecha ni sus jueces afines han digerido su derrota electoral de julio de 2023 y su objetivo es derribar al Gobierno.
Frente a esta ofensiva de un aparato judicial heredado del franquismo sin depuración alguna, la única respuesta del Gobierno y de los partidos que lo apoyan es decir «y tú más». Respuesta patética e inútil, porque poner el «ventilador» de la corrupción solo hace aparecer a los ojos de mucha gente que «todos son iguales». Claro que difícilmente podrían actuar de otra manera, dado su compromiso en ocultar la responsabilidad del régimen monárquico -garante de la explotación capitalista- como régimen basado en la corrupción sistémica.
La corrupción heredada del franquismo, como el aparato de Estado, forma parte de su naturaleza y acaba por enfangar a toda fuerza política u organización que defienda a este régimen, y que viva en sus instituciones sin plantearse romper con él. Por supuesto, en primer lugar, a sus representantes políticos, el PP y, claro está, Vox.
El acoso al Gobierno se utiliza en las organizaciones de los trabajadores, y en particular en los sindicatos, como argumento para llamar a una defensa cerrada del Gobierno y de su política y para no hacer nada que pueda enfrentarles con él. La pasividad que muestran las direcciones a nivel confederal tiene esta raíz política. Por más que la lucha de clases impone sus reglas, y hace que, en muchos sectores en que los trabajadores no pueden más, sus sindicatos se pongan a la cabeza de las reivindicaciones y organicen movilizaciones para conseguirlas, como sucede ahora en el transporte con la lucha por la jubilación anticipada a los 60 años.
Defender al Gobierno contra la derecha y el aparato judicial no es defender la política del Gobierno, una política que no defiende a la clase trabajadora y favorece la desafección de la mayoría de la población. Si realmente quieren defender al Gobierno contra la derecha, no queda otra salida que la organización independiente de la clase trabajadora y el impulso de la movilización por los salarios, las pensiones, el derecho a la vivienda… Desmovilizar significa desmoralizar a la mayoría social y preparar la «inevitable» victoria electoral de la derecha en las próximas elecciones.
Preciso es señalar que para la mayoría trabajadora, para los pueblos, existe un vacío político de representación, lo que exige dar pasos para llenar este vacío. Algo que no puede hacerse sin que las fuerzas que aspiran a ello se basen en una plataforma clara de reivindicaciones y derechos.
Desde este periódico apoyamos todo paso, aunque sea parcial, en la vía de la ruptura con el régimen monárquico, por la defensa y movilización por las verdaderas reivindicaciones
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