SINDICALISTAS X DERECHOS: En defensa de pensiones y salarios

Publicado el por Redacción

Categorías: Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), Movimiento obrero, Sindicatos

Apoyamos, nos sumamos y llamamos a participar en la Manifestación del día 15 de octubre, en Madrid. Como grupo de Sindicalistas, nos sumaremos a la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), en lugar y hora a concretar más adelante.

15 de septiembre de 2022

Las organizaciones sindicales, particularmente UGT y CCOO, vienen anunciando movilizaciones para este otoño si la patronal insiste en no aceptar las cláusulas de revisión del IPC en el Pacto de Rentas que promueve el Gobierno. No les falta razón a los líderes sindicales cuando denuncian que ya basta de perder poder de compra en los salarios, con un IPC del 10,5%, al cierre de agosto.

En ese mismo marco temporal, COESPE y el resto de organizaciones que conforman el movimiento de pensionistas, anuncian una Manifestación en Madrid, para la mañana del 15 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la Plaza del Callao. Los motivos son en buena parte coincidentes con los que denuncian los sindicatos: “contra la pérdida de poder adquisitivo de pensiones y salarios”. Pero, además, también reclaman que el Gobierno cumpla con su obligación legal, contraída en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre:

“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social. Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Este grupo de Sindicalistas nace precisamente en apoyo de la manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2021, y a la reivindicación de llevar a cabo una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, exigencia social que, gracias

a la movilización y la perseverancia de miles de militantes, hoy es una obligación del Gobierno. La Auditoría resulta fundamental, máxime cuando en marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas emitió un INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICOFINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 20181, en el que, en su página 44 apartado II 3.6, establece que:

“El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe solo abarcó el periodo 1989 a 2018, y el Tribunal manifiesta no disponer de información para cuantificar otros conceptos de gasto, ni los costes de oportunidad por la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o cedidos a Fundaciones Hospital. El compromiso del actual Gobierno abarca desde 1967 hasta 2019 y debería poner a disposición del

Tribunal de Cuentas todos los datos e información para establecer, con precisión, la deuda que han ido generando todos los gobiernos desde 1967.
Con todo lo anterior, es inadmisible que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones proponga una nueva reforma de la Seguridad Social por la que aumentaría de 25 a 35 años los años de cotización para hallar la base reguladora; garantizando de esta manera una merma media del 8% para las pensiones futuras.

(1) https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *