Privatizaciones en la sanidad valenciana: luchando se vence
Ahora, a recuperar todo lo robado
El 20 de octubre la Conselleria de Sanitat sorprendió a la mayoría de los valencianos con una nota de prensa titulada «Sanidad asumirá la gestión directa de los departamentos de salud de Manises y Denia». Una decisión contraria a lo previsible según las declaraciones previas del consejero de Sanidad.
Menos sorprendente resulta la cuestión si tenemos en cuenta quién y cómo se tomó la decisión y por qué. La decisión fue tomada por el Gobierno valenciano tras una reunión realizada por el consejero Marciano Gómez, y el presidente Carlos Mazón con el principal accionista y gerente del Grupo Ribera, Alberto de Rosa («las concesionarias ya han sido informadas y en el caso de Denia se ha acordado que la empresa continúe prestando el servicio hasta el 30 de abril», según la nota de prensa), que pretendía seguir con la concesión cinco años, como contempla el contrato en caso de que la Administración no reclamase la reversión, cosa que hizo el gobierno de Ximo Puig en el último momento tras muchas dudas y dilaciones.
Los motivos son los mismos que llevaron al Gobierno del Botánico a recuperar la gestión del Hospital de Torrevieja y a retirar su proyecto de crear una Empresa Pública de Salud, que todos entendían que era la privatización de la sanidad: el rechazo masivo de los alcaldes, de los sindicatos, de los sanitarios y de la población a que se prorrogaran las concesiones («tanto el informe de análisis de situación, como el clima social y laboral generado en ambos departamentos, unido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, han sido determinantes para tomar la decisión» dice la nota de prensa). Entonces, si bien entendemos, la tan cacareada auditoría (que no es pública ni será dada a conocer) no ha servido de nada, más bien era la excusa para tratar de prorrogar la concesión; en cualquier caso, lo determinante ha sido «el clima social y laboral generado en ambos departamentos». La respuesta de los trabajadores y de sus sindicatos, su lucha contra la privatización ha sido lo que ha obligado a revertir las concesiones; en verdad, este es el factor determinante en todas las cuestiones sociales: la lucha de clases. Esta es, pues, una cuestión política y no supuestamente «técnica», como algunos pretendían hacernos creer. De ahí la responsabilidad de los dirigentes sindicales de poner todos los medios a su alcance en la lucha por defender la sanidad y los servicios públicos, responsabilidad que en ningún caso pueden eludir.
Pero no ha sido esta la única cuestión que ha pesado para optar por la reversión, también lo ha hecho la «seguridad jurídica», concepto tras el que se esconden los beneficios de las empresas concesionarias. Según la Consejería de Sanidad, ya en manos del PP, Ribera Salud adeuda a la Generalitat, de los 4 hospitales que ha venido gestionando, un total de 267 millones de euros de las liquidaciones anuales pendientes (diferencia entre lo abonado según el contrato a principio de año por la Consejería y lo que debe devolver la concesionaria por los pacientes que ha derivado al servicio público) solo hasta 2020. Y Sanitas, que gestiona el hospital de Manises, adeuda 373 millones de los años 2009 a 2016. Una bonita cifra que asciende a más de 640 millones.
De entrada, según el comunicado de Sanidad, «en el caso del departamento de Salud Elche-Crevillente, los informes -recordemos que secretos- aconsejan continuar con la concesión». Según esto, el hospital lo continuará gestionando Ribera Salud 7 años más. Además, ya se han publicado «los anuncios previos para licitar los servicios de lavandería, limpieza, mantenimiento de equipos e infraestructuras, logística, seguridad, alimentación de pacientes, gases medicinales, electricidad o gas». En suma, se privatiza todo lo privatizable de los hospitales.
Tanto los alcaldes del departamento de Denia como los del de Manises, han advertido al consejero de Sanidad que van a «realizar un seguimiento del proceso para que se realice con todas las garantías». Por su parte, la alcaldesa de Quart de Poblet -departamento de Manises- señaló que los alcaldes le han trasladado al consejero «nuestra voluntad de estar informados en todo momento del proceso porque sabemos que la clave va a estar en qué servicios se mantienen privatizados. Ahí es donde está el verdadero beneficio económico para las empresas privadas».
La Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano se felicita por la reversión, pero pide a la Consejería de Sanidad tenga en cuenta la eficiencia social en el momento de la reversión del hospital de Elche-Vinalopó. Y la UGT se afirma estar en contra de la prórroga de la concesión a ese hospital.
Permítasenos apuntar algunas cuestiones importantes: Ribera Salud, tras su reunión con el presidente de la Generalidad y el consejero de Sanidad, ha renunciado a la beligerancia que mostró ante las reversiones anteriores y ha mostrado su cara más amble. Según los datos de Sanidad, este grupo adeuda a la Administración 278 millones (de los que 130 corresponden al hospital de Denia) de las liquidaciones pendientes y aún falta por contabilizar los años 2021, 2022 y 2023. ¿Cuánto nos va a costar a los ciudadanos la colaboración de Ribera Salud en la reversión? Pregunta legítima ante un modelo ruinoso para las arcas públicas: el de las concesiones. La sanidad pública está funcionando con un mínimo de profesionales, y las concesiones todavía más: la urgencia de la creación de plazas y de la mejora de las condiciones de trabajo no se le oculta a nadie. ¿Qué garantías hay de que la gestión del hospital de Elche-Crevillente sea recuperada por la Consejería de Sanidad?, ¿qué servicios continuarán siendo públicos en un hospital si se subcontrata desde la limpieza hasta las pruebas diagnósticas con empresas privadas?
Como decíamos más arriba, si la movilización de los trabajadores y de la población, con los sindicatos y los representantes municipales ha sido lo decisivo, por qué permanecer a la espera. ¡Que Ribera Salud y Sanitas paguen todo lo que deben!, Basta ya de privatizaciones, creación de todos los puestos necesarios para dar una asistencia de calidad, sin demoras. Sí, esto es posible si se organiza la unidad en la movilización para ello.
Blas Ortega
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