Política internacional, política interna…
La humillante retirada de las tropas de ocupación de Afganistán es un reflejo claro de las consecuencias de la política imperialista. Una política que ha contado con el apoyo y la participación de todos los gobiernos de la Monarquía, detrás de la administración americana. El resultado de 20 años de ocupación no puede ser más claro: un país destrozado, empobrecido, sin ningún derecho (las tropas de ocupación mantuvieron al país en una oscura opresión), sometido a las fuerzas reaccionarias. Este es el verdadero balance de las supuestas guerras humanitarias
Pero, como demuestra la historia, los hechos, hay una correspondencia entre la política internacional de un gobierno y su política interior. Quien durante 20 años ha pisoteado los derechos de toda una nación –en este caso la nación afgana– difícilmente puede llevar a cabo una política democrática en su propio país. Más allá de las proclamaciones “sociales”, a la población le parece a menudo que hay una continuidad entre este gobierno y los sucesivos de Aznar, Zapatero y Rajoy.
En efecto, 20 meses de gobierno progresista arrojan un balance preocupante. Ninguna de las principales reivindicaciones y derechos ha sido atendida, es más, la nueva reforma de pensiones y lo que se anuncia para la reforma laboral, van en sentido contrario a lo prometido. Y ante el diálogo con Cataluña, lo que el Gobierno anuncia lo hace mirando al PP y no a las exigencias de los pueblos. No argumentar que con la derecha sería peor, porque con esta política se abre precisamente el camino a la derecha. La política del gobierno central propició el resultado electoral de Madrid.
La resistencia de la clase se manifiesta empresa por empresa o en sectores como el aeronáutico, donde la política de los dirigentes le cuesta imponerse a la acción de trabajadores y militantes a menudo jóvenes. O en el caso de los pensionistas. Esto ha causado la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, el indulto –parcial– a los republicanos catalanes, que el Estado asuma por primera vez en 80 años la exhumación de las víctimas del franquismo, o el aumento limitado del SMI, pero la mayoría de reivindicaciones siguen en el alero. Cada día los trabajadores chocan con que sus exigencias se aplazan una y otra vez, quedan diluidas o amenazadas con medidas contrarias. Es más, el Gobierno aparece cada vez más como un juguete del capital financiero. Basta ver lo que sucede con el precio de la luz, dictado por las multinacionales ante la connivencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno. Este es uno de los precios del saqueo de los sectores públicos, ejecutado como dicen los bancos y su agencia europea.
Se anuncia un nuevo curso, con clases a mitad online y sin enseñantes suficientes, con un sistema sanitario colapsado que deja cada vez más sectores sin asistencia, y en aras a su privatización, con las reformas laborales aún vigentes, lo que facilita la oleada de despidos que se anuncia, y que ya ha comenzado.
La ejecución, que ha empezado, de los fondos europeos, promete una nueva oleada de desindustrialización y de desmantelamiento de las administraciones públicas.
Lo que decimos no exagera la experiencia de la mayoría, al revés. Hay que hablar claro para ayudar a la resistencia a esta política, que tiende a amplificarse.
Este es el caso de la anunciada marcha a Madrid de las plataformas de jubilados, exigiendo una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, que ponga de manifiesto las inmensas cantidades que el Estado debe devolver a la caja de las pensiones, y contra la aprobación en Cortes del llamado primer tramo de la reforma de pensiones (aprobado por el Gobierno el 24 de agosto), contrario a las reivindicaciones.
Desde este periódico obrero instamos a participar o sostener en la movilización pensionista del 16 de octubre, desde todos los sectores de la clase obrera, la juventud y la población en general.
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