Miles de personas se manifiestan en Estados Unidos por la defensa del derecho al aborto

El máximo órgano judicial de Estados Unidos se basa, a la hora de establecer la invalidez, en su propio fallo de 1973 afirmando que «es excepcionalmente débil y ha tenido consecuencias perjudiciales». Esta decisión del Tribunal Supremo vulneraría la voluntad de la mayoría de la población.

En la noche del martes, ante el llamado de decenas de organizaciones políticas y activistas, miles de mujeres y hombres enojados inundaron las plazas de sus ciudades, frente a los edificios de Justicia de todo el país, para responder a su indignación ante el probable retroceso del derecho al aborto en los Estados Unidos.

«¡Esta decisión, podemos revertirla! Y si no podemos derrocar a la Corte Suprema, ¡derroquemos este país!». Hay muchas banderas escarlatas de movimientos revolucionarios de todo tipo, decenas de colectivos y asociaciones muy enfadados, pero este grito sedicioso que lanzó con una rabia abrumadora al encuentro de los vítores de la multitud reunida en Foley Square emana singularmente de una mujer de ley, Letitia James, la fiscal general de Nueva York.

El portal «Político» publicó el lunes un borrador con el apoyo mayoritario del Supremo y firmado por el magistrado Samuel Alito que revocaría el derecho al aborto en el país, protegido por una sentencia de 1973 conocida como Roe v. Wade.

Junto a Alito habrían acordado tumbar esta protección el magistrado Clarence Thomas y los tres propuestos para el máximo tribunal por el expresidente Donald Trump (2017-2021): Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

  Aunque se trata de un borrador, sí que apunta a que una mayoría de jueces en el Supremo apuesta por acabar con la jurisprudencia de Roe v. Wadees, y convierte en muy realista el escenario de que esto ocurra cuando se publique una decisión final en junio. Roe v. Wadees, una sentencia que protege como constitucional el derecho de las mujeres a abortar, impidiendo, por tanto, a los Estados que conforman EEUU prohibir esta práctica.

 Una hipotética revocación de la sentencia de 1973 no prohibiría el aborto en todo el país, sino que levantaría la protección a este derecho, de manera que los Estados más conservadores tendrían rienda suelta para prohibirlo.

Unos 30 Estados, de los 50 de la Unión, ya han aprobado sus propias restricciones del aborto, de manera que si la Corte Suprema invalida su fallo por inconstitucional entrarían en vigor. Este martes, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, refrendó una nueva norma que restringe casi todos los abortos en el Estado y permite a los ciudadanos denunciar a quienes los practiquen, y además con recompensa. Como ya sucede en Texas.

En Estados más progresistas como por ejemplo California, Nueva York o Nueva Jersey, lo previsible es que sus Gobiernos siguiesen permitiendo las prácticas abortistas y que, por tanto, la revocación de Roe v. Wade no tuviese efectos prácticos.

«Habrá dos Estados Unidos, y lo que eso significa es que serán los Estados más ricos, los más blancos, los que tendrán acceso al aborto», aseguró Jamie Manson, presidenta de la organización «CatholicsforChoice». «Las personas negras, las indígenas o de color, los que no tienen poder o viven en áreas rurales, perderán esta batalla, y a menudo son ellas las que más lo necesitan», añadió.

No solo los republicanos se oponen al derecho al aborto. Si bien Biden ha calificado esta ley como «un ataque sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer según el caso Roe contra Wade», los actos del presidente Biden hablan más que sus palabras. Su historial de votos incluye: un «sí» a la Enmienda Hyde (para limitar la financiación del aborto por parte de Medicaid); un «sí» a la Enmienda Hatch (un intento de anular el caso Roe contra Wade); un «sí» a una enmienda de Jesse Helms que bloqueó la financiación federal de la investigación sobre el aborto; y cinco votos negativos para permitir la financiación federal de los abortos de los empleados federales. Incluso tiene una enmienda contra el aborto que lleva su nombre. La «Enmienda Biden» a la Ley de Ayuda Exterior que aún sigue impidiendo que se utilice cualquier ayuda exterior de Estados Unidos para la investigación médica relacionada con el aborto.

Casi el 60 % de los estadounidenses cree que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, un número que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. El 80 % de los demócratas y de los independientes de tendencia demócrata dicen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, pero solo el 35 % de los republicanos opina así, según la encuesta del Pew. Las cifras confirman también que casi una de cada cuatro estadounidenses se ha sometido a la interrupción legal de un embarazo.

Aproximadamente el 45 % de todos los abortos practicados en el mundo son inseguros y suponen la hospitalización de cerca de siete millones de mujeres al año. El último informe sobre el estado de la población mundial del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), publicado recientemente, alertaba del riesgo para la salud y para la vida de las mujeres que implican las restricciones, legales o de facto, a los derechos sexuales y reproductivos. 

La alta prevalencia de los abortos inseguros hace que la situación pueda describirse, asegura el UNFPA, como «una emergencia de salud pública». El informe del Fondo de Población de Naciones Unidas aporta numerosos datos. Por ejemplo, que los abortos inseguros causan entre el 5 % y el 13 % de todas las muertes maternas, «lo que los convierte en una de las principales causas de la mortalidad materna». Y que más del 60 % de los embarazos no intencionales terminan en aborto, en condiciones de riesgo o sin riesgo, sea legal o ilegal allá donde se produce.

Cada año se producen cerca de 25 millones de abortos no seguros que ponen en peligro la salud de millones de mujeres en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Muchas de estas mujeres embarazadas, hasta 40.000, mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo, según datos de Amnistía Internacional.

«El aborto es una necesidad de salud médica básica para millones de mujeres, niñas y personas que pueden quedar embarazadas. Forzar a alguien a seguir adelante con un embarazo, por la razón que sea, es una violación grotesca de los derechos humanos, poniendo en riesgo las vidas y la libertad de millones de personas», afirmaba Tarah Demant A.I. USA.

En España los tribunales también amenazan la voluntad de la mayoría. El Tribunal Constitucional planea abordar la deliberación de la sentencia sobre la ley del aborto, pendiente desde hace 11 años.

El recurso del PP impugnaba ocho preceptos y la disposición adicional segunda de la Ley de Plazos aprobada por el Gobierno Zapatero. Entre los preceptos recurridos estaba uno de los principales aspectos de la ley: el que permitía abortar en las primeras 14 semanas por decisión libre de la madre.

El PP entendía entonces que la doctrina del Constitucional, establecida en su sentencia sobre la ley del aborto de 1985, solo admitía despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo cuando existiera un grave peligro para la vida del no nacido y otros bienes y valores de la madre. Y sostenían en su recurso que la nueva Ley de Plazos creaba un sistema por el que la vida del no nacido quedaba absolutamente desprotegida en las primeras 14 semanas de gestación. Los parlamentarios que registraron el recurso ante el Tribunal Constitucional acusaban al Gobierno de Zapatero de incumplir así el artículo 15 de la Constitución, que reza: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral».

Una vez más las mujeres volvemos a ser instrumento de la explotación del capital al pretender arrebatar nuestros derechos tenazmente conquistados, constituyéndose los tribunales en un obstáculo para la emancipación de la mujer.

Nos planteamos que la lucha en defensa de los derechos debe ser motivo de reflexión rigurosa, máxime, cuando hay un recurso contra la ley en España, que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional (es el recurso más antiguo en el Tribunal, aún no debatido).

Cierto es que el Tribunal considera el recurso «caducado». No olvidemos que se hizo una mínima modificación cinco años después.

¿Quién nos garantiza, que si las políticas de derecha se instalan por mayoría absoluta en España, no puedan presentar un recurso de inconstitucionalidad y hacer del órgano judicial un jardín a su medida?

Por este motivo y por la existencia de grietas en la actual ley del aborto, debemos abordar las diferentes caras del tema:

-La interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales públicos.

-El acceso al sistema público, con una plantilla que presenta el problema de la objeción de conciencia.

-Falta de profesionales en el servicio de ginecología y obstetricia, que garanticen la interrupción.

-La potestad para decidir el método para abortar.

-Obligación a tres días de reflexión antes de abortar (como si las decisiones de las mujeres no fuesen legítimas).

El feminismo de clase lucha con muchos frentes a lo largo de su historia. No podemos bajar la guardia por nuestros derechos y seguir avanzando para eliminar las barreras jurídicas.

Reivindicamos como mujeres de clase trabajadora y mujeres en lucha contra el patriarcado, que nos lleve a la liberación  de la mujer.