¡Mazón dimisión!

Había que hacer algo. La unidad política e institucional que se buscaba como solución para cerrar la crisis abierta por la destrucción provocada por la DANA, y que se basaba en mantener a Mazón en la presidencia de la Generalitat durante un tiempo más o menos prolongado, convirtiendo la reconstrucción (por el momento tan solo una promesa) en la prioridad absoluta de todos y, que debía acallar todas las críticas, se enfrentaba abiertamente a la masiva exigencia de responsabilidades institucionales ante la catástrofe. Doscientos mil valencianos salieron a la calle el 9-N para exigir responsabilidades a todas las instituciones, la dimisión y el encarcelamiento del principal responsable de la tragedia: Carlos Mazón.

Había que hacer algo. No era posible ocultar la potencia de la movilización y la consigna bajo la que se convocaba, «¡Mazón dimisión!», rompía el ambiente de «unidad» política e institucional que trataban de imponernos las instituciones de la monarquía y los aparatos de los partidos políticos que las sostienen. Mazón decidió convocar una sesión solemne de les Corts para anunciar un reajuste en su gobierno y tratar de conseguir un poco de estabilidad. Tenía el apoyo del gobierno central y del PSPV-PSOE, que moderaban mucho las críticas hacia su actuación el 29-O y le ofrecían sus votos en las Cortes Valencianas para aprobar los Presupuestos y poder continuar como presidente de la Generalidad.

Mazón no iba a dimitir y una comparecencia en les Corts no podía obligarle a marcharse. Todo se jugaba fuera de ese parlamento sin poderes que no responde ante el pueblo valenciano. Y, como decimos, con muchas contradicciones, ni el Gobierno central ni los dirigentes del PSOE estaban por alimentar una crisis que afecta al conjunto de las instituciones. La expectación era enorme, en el País Valenciano y en el resto de España. Todos prepararon sus discursos a conciencia, los portavoces parlamentarios hasta más de uno, en función de lo que dijera Mazón.

La comparecencia de Mazón

Frente a la entrada a las Cortes Valencianas, rodeados por un numeroso dispositivo policial, varios cientos de ciudadanos se concentraban exigiendo la dimisión de Mazón.

Ignorando las protestas y a la inmensa mayoría de ciudadanos que exigen su dimisión, ante una mayoría de diputados vestidos de luto, Mazón hilvana en su discurso una serie de mentiras y de excusas que nadie puede creer: los organismos dependientes del Gobierno central fallaron, fue «un fenómeno natural excepcional y apocalíptico», la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó, los protocolos no funcionaron… ¡el tráfico le impidió llegar a tiempo!; en fin, «se pudo hacer mejor», dijo, y pidió disculpas por sus pequeños errores. Para concluir postulándose, con el futuro «gobierno de la reconstrucción» que prepara, como la solución a la situación. «Soy perfectamente consciente de la responsabilidad que tengo que asumir. Valencia necesita esa recuperación. Quiero asumir mi responsabilidad y liderar esa reconstrucción. Y si no puedo liderar esa recuperación, voy a asumir las consecuencias políticas personalmente. Si no soy capaz de liderarla, no optaré a la reelección» … en 2027. ¿Caben mayor cinismo y desfachatez?

El PSOE tuvo que cambiar su discurso y dejar de apoyarlo abiertamente. Quizá por ser el partido mayoritario en el Gobierno, es el más consciente de lo que está en juego. La ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, dio una rueda de prensa inmediatamente después de la intervención de Mazón en las Cortes Valencianas, en la que avanzó el discurso del portavoz del grupo socialista en el parlamento valenciano. Diana Morant acusó a Mazón no solo de incompetencia e irresponsabilidad, sino de abrir una gran crisis institucional: «lo más grave de su comparecencia es que culpó al sistema. La Generalitat no es una institución fallida. El señor Mazón es un presidente fallido». José Muñoz, portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas: «Mazón es un obstáculo para la institucionalidad, no tiene autoridad para liderar la reconstrucción». Dado que su punto de partida no es la indignación de las masas y sus exigencias, aunque ha de tenerlas en cuenta, sino cerrar en lo posible la crisis institucional, hizo su propuesta en ese sentido. Morant se dirigió al PP (estos dirigentes «socialistas» parecen no querer hacer nada sin el consenso con los franquistas) para que destituya a Mazón y forme un gobierno «técnico de transición del PP capaz de gestionar la reconstrucción», al que los diputados del PSPV apoyarían hasta que, una vez recuperada parcialmente la normalidad, se pudieran convocar nuevas elecciones autonómicas en 2025. Este «gobierno técnico» que pretendidamente gobernaría en nombre del «interés general» o del «bien común» es, sin duda, un intento de instaurar una salida de tipo corporativista a la que recurre siempre el Estado burgués en los casos de crisis en los que no puede controlar la situación. Otra cuestión es que esto pudiera funcionar hoy para cerrar la crisis abierta.

Baldoví, en nombre de Compromís, pidió la dimisión de Mazón, cuestionó su capacidad para dirigir la reconstrucción, afirmó que no tiene la confianza de los valencianos, «que no recuperará nunca la confianza de la gente» y que acabaría ante los tribunales.

Mazón no dimitió, ni les Corts pueden obligarle a ello, haría falta un acuerdo del PSPV-PSOE con el PP. En estos momentos, en los que el PP pugna por impedir que el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pueda gobernar, por bloquearlo (sin que los franquistas tengan unidad al respecto por miedo a provocar un estallido social), Mazón no está siendo capaz de realizar la remodelación de gobierno que anunció con la urgencia que le exige la situación. Ha nombrado al teniente general del Ejército de Tierra Francisco José Gan Pampols, actualmente en situación de retiro, para ocupar la Vicepresidencia del Gobierno Valenciano para la Recuperación Económica y Social (¡otra vez un militar en el gobierno!), y a la presidenta de la patronal del calzado, Marián Cano, consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y sigue buscando con quién más renovar su gobierno para darle un perfil «técnico» que pudiera ser apoyado por el PSPV. Pero la irrupción de las masas en la escena política lo complica todo, acelera la crisis política e institucional.

Una crisis de Estado

Una crisis que no es «valenciana», es una crisis de Estado que arrastra a todas las instituciones, y que se dirime en todos los ámbitos, incluso en la UE. Todos se ven obligados a intervenir, los reyes multiplican sus visitas a Valencia (a la base militar de la OTAN en Bétera y a las localidades afectadas de La Plana de Utiel, visitas bien preparadas con algunos aplausos; los reyes y Mazón bien protegidos por un fuerte dispositivo policial para que el pueblo no pueda expresarse; sin que eso haya impedido que un grupo de ciudadanos les recibieran con gritos de «¡solo el pueblo salva al pueblo!», inmediatamente acallados por la policía); Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, comparecerá el miércoles 23 en el Congreso y en el Senado; Pedro Sánchez, el 27 en el Congreso, los ministros se prodigan en actos y declaraciones públicas, en particular para responder a las mentiras de Mazón y para dar a conocer los avances realizados por el Gobierno central en la «reconstrucción» de Valencia: recursos movilizados, infraestructuras restablecidas, subvenciones, ayudas.

Compromís le propone al PSPV presentar una moción de censura contra Mazón, pero la ministra Diana Morant, dice que no es suficiente con echar a Mazón, que el PP y Vox suman mayoría en les Corts, que se han enfrentado la DANA «de una forma catastrófica». De ahí que, según la ministra, «la propuesta del PSPV llevaría al PP a romper con Vox y contar con los votos del PSOE para formar un gobierno con un perfil técnico y volcado en la reconstrucción hasta la convocatoria de unas elecciones autonómicas en 2025». Insiste Morant en una salida corporativista al servicio de las grandes empresas. Todos andan muy preocupados porque los trabajadores, el pueblo valenciano y el resto de los pueblos de España han comprobado para qué sirve el régimen del 78, la Monarquía, y han dicho ¡Basta ya!, ¡Fuera todos!, ¡Democracia!, es decir, soberanía, República.

Es claro que los responsables deben pagar, administrativa, civil y penalmente; de entrada, Mazón y su gobierno no deberían continuar un momento más en sus cargos. Eso ayudaría a la movilización, que cuestionaría todavía más las instituciones. Nadie confía en que los responsables de la tragedia y del abandono más absoluto de los pueblos afectados durante los primeros días vayan a realizar ninguna reconstrucción, y menos «social». Aunque la mona se vista de seda, mona se queda; o lo que es lo mismo, instituciones corruptas y parasitarias no pueden dar lugar a nada distinto de la corrupción y el parasitismo.

La corrupción del gobierno Mazón

Aún no han pasado tres semanas del desastre y Mazón ya ha empezado a repartir contratos de emergencia a dedo. La Generalitat ha adjudicado la reparación de una presa dañada por la DANA a un empresario condenado en el caso Gürtel que confesó la financiación de la caja B del PP valenciano. Se trata de un contrato de emergencia de 3,9 millones de euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, adjudicado a la empresa Becsa SA, y no es el único adjudicado ya a esta empresa. También ha adjudicado un contrato de 290.000 euros para la limpieza de polígonos a STV Gestión SL, donde trabajó cinco años José Manuel Cuenca, secretario autonómico del presidente Carlos Mazón. Y el Gobierno central, que ni siquiera osó dar la alarma a primeras horas de la tarde del 29 de octubre por «respeto institucional», cuando cientos de vidas estaban en juego, ¿tampoco puede intervenir ahora? Son hechos fáciles de comprobar, sin investigación ninguna.

Solo el pueblo salva al pueblo

No hay que olvidarlo, hoy, todavía, la iniciativa la tienen las masas trabajadoras y lo que suceda en Valencia va a orientar lo que suceda en el resto del Estado español. Desde el primer momento, ante la parálisis y la incuria institucional, ante gobiernos incapaces de acudir en ayuda de los damnificados (en buena parte por la carencia de servicios públicos, desmantelados durante decenios), decenas de miles de jóvenes y trabajadores se lanzaron en masa, durante días, de la mañana a la noche, con medios precarios, pero con la convicción de que solo ellos podían ayudar a la población en las zonas devastadas. Por mal que les siente a los gobiernos, «¡solo el pueblo salva al pueblo!», lema que trasluce la desconfianza y el rechazo de la mayoría de la población a la Monarquía y a sus gobiernos, central y autonómicos, siempre al servicio de la política belicista del capital financiero y de la OTAN. Y la población de las zonas afectadas reconoce que, frente al abandono institucional, han sido los voluntarios los que les han ayudado a salir del paso, sin ellos, la catástrofe habría sido aún mayor, sin duda. Y esto es lo que molesta a las instituciones: quedan al desnudo ante la solidaridad de un pueblo capaz de movilizarse para hacer todo lo que está en sus manos.

Esta enorme movilización que surge desde abajo, que tiene un significado tremendamente político, tenía que concretarse en acciones, cristalizó en un rey, hijo del heredero de Franco y unos presidentes de gobierno saliendo por pies de Paiporta manchados de barro. Tuvo su continuidad en la manifestación histórica del pueblo valenciano el 9 de noviembre. Y sigue, casi tres semanas después del caos y de la tragedia, todos los fines de semana, cuando no deben acudir a las aulas o a los centros de trabajo, cuando miles de jóvenes y trabajadores se desplazan a la «zona 0» a prestar su ayuda.

Imposible abordar rápidamente y de una vez todas las aristas que tiene la situación, empezando por las demandas interpuestas ante los tribunales, que, tras años de recorrido judicial, pueden quedar en nada si ninguna administración reconoce su responsabilidad en la tragedia. O las ayudas del Gobierno, que pueden tildarse de miserables en comparación con la magnitud de la catástrofe. Del total anunciado, 14.373 millones, con los que se pretende paliar el desastre, casi el 40 % son créditos, aplazamientos fiscales o moratorias crediticias, que los damnificados que accedan a ellas deberán devolver más adelante. Son miles los que han perdido su vivienda, su vehículo, sus enseres, todo; son miles las empresas que deberán endeudarse de nuevo, cuando aún no han pagado los créditos que tenían pendientes de pago desde la última riada (hace tan solo 5 años, como se ve no era tan imprevisible lo que ha pasado). Y el negocio lo hacen los bancos, «rescatados» por el Estado, que son los que vehiculizan los créditos del ICO y se llevan sus comisiones y hasta sus intereses.

La movilización y la crisis institucional

La movilización continúa: este sábado 23 de noviembre se anuncia una gran manifestación por la urgente reconstrucción de colegios e institutos, en defensa de la enseñanza pública. Más de 60 organizaciones, Información Obrera entre ellas, convocan para el día 29 de noviembre concentraciones en todos los pueblos y ciudades del País Valenciano en los que sea posible hacerlas, y el sábado 30 de noviembre llaman a una gran manifestación en Valencia exigiendo la dimisión de Mazón. La movilización va a seguir, no termina ese día.

Sin abarcar todo, sí es necesario concluir con algunas reflexiones:

En primer lugar, no son las masas movilizadas quienes se fijan límites políticos. Estos se encuentran en la política institucional, que no deja ver más allá de unas elecciones autonómicas anticipadas, «gobierno técnico» de por medio o no. Lo cierto es que toda la situación de crisis institucional y política, la movilización de masas está impidiendo la «unidad» por arriba, ningún conflicto se cierra, cada uno propone su salida, su solución a la crisis. No somos nosotros los que vamos a pronosticar cómo va a evolucionar la situación; sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo que los trabajadores y pueblos de España necesitan es terminar con la forma de Estado monárquica, con sus autonomías, es decir, una república basada en el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y ahora todas las posibilidades está abiertas. Un primer paso adelante es la dimisión inmediata de Mazón, que las instituciones, todas, respondan de su actuación.

Organizarse por la reconstrucción

Y, lo más importante, ¿qué hacer mientras estas instituciones sigan en pie? Tal como cree la mayoría, no habrá reconstrucción, ni «económica» ni «social», con gobiernos sometidos a la monarquía; la «reconstrucción», la que haya, se hará en función de los intereses de los bancos y de las grandes empresas, es decir, robando y expoliando al pueblo trabajador que paga con su vida la incompetencia y el parasitismo de las instituciones. El pueblo, la juventud, los trabajadores, que son los que representan un futuro democrático, debe organizarse, como ha empezado a hacer desde los primeros instantes tras la catástrofe, en comisiones, en comités, en plataformas unitarias por la reconstrucción, para exigir que todos los medios necesarios vayan a la reconstrucción, a la defensa de los servicios públicos y de las pensiones, para impedir que los beneficiarios de la situación sigan siendo las empresas bien relacionadas con las instituciones, y no a alimentar las guerras o a gastos militares. Y quien debería ponerse en primera línea de combate para esto son los sindicatos de clase, sin exclusiones, todos a una, levantando brigadas de apoyo a los afectados, comités de unidad amplios para el control de las instituciones, para exigir todos los medios necesarios.

Todas las instituciones son responsables de la catástrofe

Reconstrucción y democracia son República