La decisión del Tribunal de Cuentas algo más que un ataque a la libertad sindical

El pasado julio, el Tribunal de Cuentas resolvió reclamar a la UGT la cantidad de 9.745.882 euros a consecuencia del expediente de responsabilidad contable que deriva del caso de los ERE de Andalucía. Parte de esa cantidad –concretamente 2.862.584 euros– se reclama de forma conjunta y solidaria a  la UGT y a la Federación Minerometalúrgica de CC OO.

La UGT ha recurrido el expediente ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas, alegando indefensión porque no se concretan cuáles son las irregularidades en las que se fundamentan las imputaciones. La FICA, que es la federación que compareció en el acto, dado que la Federación del Metal, Construcción y Afines ya no existe desde 2016, después de las fusiones de federaciones, alega con toda la razón que “ni esta Federación, ni ninguna otra, ha recibido cantidad alguna de las que se reclama afianzamiento, sino que las han recibido los trabajadores afectados por los expedientes laborales correspondientes”. Para evitar que esta decisión pudiera paralizar la actividad sindical (bloqueo de cuentas, etc.), el sindicato no ha tenido más remedio que ofrecer 49 locales como fianza.

Que se trata de un ataque a la libertad sindical, como sugiere el recurso presentado por el sindicato, es algo que resulta evidente. Pero ¿es simplemente eso?

Vayamos por pasos. Qué es el tribunal de Cuentas, cuál su cometido y quién lo compone. Sobre el papel, es un órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y de los organismos públicos. La presidencia del mismo la nombra el Rey entre los miembros que componen el Pleno y a propuesta de los mismos. Está formado por 12 consejeros que fueron nombrados en 2012 a propuesta del PP (7) y del PSOE (5, que en la actualidad son 4 después de la dimisión de uno de ellos, que no ha sido substituido). La mayoría pues, corresponde a consejeros nombrados por el PP entre los que figuran una exministra del gobierno Aznar (Margarita Mariscal de Gante) y un hermano del propio expresidente. Otro de los componentes del tribunal de Cuentas, Javier Medina, también designado a propuesta del PP, estuvo inmerso en una polémica bastante fea: su hermano, hermana, esposa y un familiar de ésta han formado parte del organismo. De hecho, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento del hermano. Otro de los consejeros, José Manuel Suárez, es recordado por su voto favorable –junto con el de Mariscal de Gante– que sirvió para revocar la sentencia del propio Tribunal de Cuentas que había condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete concejales del PP a pagar 22,7 millones de euros por vender promociones de vivienda pública a un fondo inversor. De igual manera, los votos de Mariscal de Gante y de Suárez sirvieron para absolver a Javier Maroto y Alfonso Alonso, dos políticos del PP, que fueron condenados a pagar casi 400.000 euros por contratar unas oficinas en Vitoria a un precio muy superior al del mercado. Completan la terna mayoritaria, Ramón Álvarez de Miranda, Ángel Algarra, y quien ejerce de fiscal jefe, Miguel Ángel Torres. La presidenta actual es María José de la Fuente y de la Calle, emparentada con quien fuera ministro con Franco, Licinio de la Fuente.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas ha sido cuestionado por el propio gobierno, acusándolo veladamente –lo hizo el ahora exministro Ábalos– de “poner piedras en el camino” en el diálogo con el gobierno de la Generalitat, después que aquél resolviera imponer una sanción de 5,4 millones de euros a 40 exdirigentes y altos cargos del gobierno catalán.

En la línea de otras instituciones del Estado, el Tribunal de Cuentas, al que muchos consideran un organismo opaco, y al que diversos portavoces parlamentarios han acusado de “ser una institución arbitraria, represiva y política”, no parece limitar su radio de acción a una función fiscalizadora. No lo hizo cuando absolvió –de manera escandalosa– a Ana Botella, y no lo hace ahora al exigir al sindicato una responsabilidad patrimonial derivada de unas cantidades percibidas por terceros.

Hay un dicho que refleja perfectamente las situaciones en las que se obra siempre con una segunda intención que busca de manera calculada el beneficio propio. “No dar puntada sin hilo”,  se suele decir. Nada es gratuito ni casual. Ábalos se refería a “las piedras en el camino” utilizando el símil para referirse a la “oportuna” intervención del Tribunal de Cuentas, ante la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de indultar a los presos catalanes.

En una situación de crisis como la que vivimos, que anuncia explosiones sociales ante la difícil situación que sacude a la población trabajadora, el Estado busca impedir como sea cualquier posibilidad de resistencia organizada. Pepe Álvarez ha anunciado “que nuestra paciencia se ha agotado” y que si en septiembre no se aumenta el SMI, la UGT se retirará de todas las mesas de diálogo. “No podemos poner una sonrisa mientras no se mejora la vida de los trabajadores”, ha declarado. Al margen de que ha habido –y hay– razones para haberlo hecho antes, es una posición que los trabajadores pueden hacer suya. Ahora hay que ser consecuente. Cuando el Gobierno, por muy “progresista” que se proclame, se sitúa enfrente no queda más que dos alternativas: o con el Gobierno o con las reivindicaciones.

La decisión del Tribunal de Cuentas no es un simple ataque a la libertad sindical. Hay que sacar las lecciones de todo ello. Aprovechando la debilidad derivada de un modelo sindical que “impone” constitucionalmente unas obligaciones que no pueden cumplirse sin el apoyo del Estado (subvenciones), el mismo Estado tiene siempre la posibilidad de presionar cuando y como quiera. Sin lugar a dudas, es un ataque directo a la UGT que se ha visto obligada a hipotecar su patrimonio para no hipotecar la actividad sindical. Lo que de pasada nos retrotrae a un viejo debate que periódicamente cobra actualidad. Debate sobre la necesaria independencia financiera para que nadie más que el conjunto de la afiliación condicione la capacidad del sindicato para defender a los trabajadores.

Es un hecho sobre el que no se puede cerrar los ojos: por más que se reconozca la personalidad “jurídica de los sindicatos”, y se loe incluso constitucionalmente su función social, el Estado y los poderes económicos que anidan en él –muchos de los cuales, surgidos y desarrollados durante el franquismo e identificados plenamente con la dictadura– no renuncian a presionar cuando lo creen necesario. Se pudo comprobar durante el período 2010-2014, con la campaña infame contra los sindicatos –en particular contra la UGT– que buscaba deslegitimarlos socialmente, intimidarlos, en un momento en el que cada viernes el Consejo de Ministros aprobaba un recorte tras otro.

Romper con el modelo que ata a las organizaciones de la clase obrera es la mejor manera de defender el sindicato ante cualquier ataque que cuestione la independencia y la autonomía sindical, base sobre la que se asienta la verdadera libertad sindical.

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