¿Hasta cuándo?
Asistimos estos días a una verdadera ceremonia de confusión. Es el caso, por ejemplo, de la reforma laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura en un congreso sindical que se va a derogar, cosechando entusiastas aplausos, pero, una vez fuera del auditorio, el verbo cambia. Ya se habla de “corregir”, de “modificar”. La ministra Calviño declara que habrá que ver “dónde se pone el cursor” en la negociación con la CEOE. Pero la patronal ya ha dicho, por activa y por pasiva, que no estaba de acuerdo con tocar lo esencial de la reforma de Rajoy. Yolanda Díaz explica a la prensa que lo relativo al despido no se va a tocar… De la reforma de Zapatero del 2010 ya no se habla, a pesar de que fue rechazada por los sindicatos, con una convocatoria de huelga general incluso.
Cada vez son más los que se preguntan hasta cuándo los dirigentes sindicales van a conceder aplazamientos al Gobierno en el cumplimiento de esos compromisos.
Lo que sucede con la reforma laboral no es una excepción. La prometida derogación de la Ley Mordaza acaba de sufrir el cuadragésimo aplazamiento de su tramitación parlamentaria. Al final se anuncia un acuerdo entre el Gobierno y el PNV, retirando el artículo sobre “las devoluciones en caliente”. Pero no para eliminarlas, sino –anuncian- para pasarlas a la nueva redacción de la ley de Extranjería. Donde se quieren mantener, “reduciéndolas al máximo”, dicen. Mantenerlas, a pesar de que ambos socios del “gobierno progresista” las habían impugnado ante el Tribunal Constitucional.
¿Y la reforma de pensiones? El ministro Escrivá anunció esta semana la pretensión de aumentar las cotizaciones sociales un 0,5% a los trabajadores y empresarios. Una nueva ocurrencia que busca hacer pagar más a los trabajadores, cuando el propio ministro reconoció que cada año se desvían más de 20.000 millones para gastos impropios, y cuando los sucesivos gobiernos redujeron las cuotas empresariales en más de 3 puntos. Es evidente que la potente movilización de los pensionistas por la auditoría como único medio para defender el régimen de reparto y su influencia en las propias organizaciones sindicales llevan al Gobierno a buscar “nuevas medidas” para mantener la reforma.
El Gobierno se vanagloria de la creación de puestos de trabajo, pero ¿cuál es la realidad? La EPA demuestra que las horas trabajadas, con respecto al tercer trimestre del 2019, son un 2,53% menos. O sea, 2,53% menos de masa salarial. Si le sumamos una inflación de 5,5%, y contamos una subida de salarios de 1,5 por ciento, da en estos dos últimos años una pérdida global del poder adquisitivo del conjunto de la clase trabajadora de un 6,5%.
Y lo que por el momento se oculta es que “el déficit estructural y la deuda pública son tan fuertes que para reducirlos no quedará más remedio que subir impuestos y recortar gastos”, como dice Mariano Guindal en La Vanguardia del 3 de noviembre. Esta es la posición de un portavoz del capital financiero y nadie parece desmentirla.
Pero los trabajadores de este país siguen en pie, atentos a todas las medidas, y a las promesas no cumplidas, y no están dispuestos a que, de nuevo, al lado del empobrecimiento general de la mayoría trabajadora se multipliquen los beneficios del pequeño núcleo de millonarios mayormente internacionales, como está sucediendo.
Al Gobierno se le juzga por sus actos. Y los hechos están ahí: no se ha librado de la sumisión al capital financiero, a la Monarquía y a sus jueces herederos del franquismo. Y no se puede servir a dos amos.
La resistencia se expresa, cada día, en cientos de movilizaciones locales y sectoriales. Por el momento, están aisladas, porque los dirigentes de las confederaciones no quieren unificarlas, para obligar a cambiar el rumbo.
¿Hasta cuándo? Más pronto o más tarde, la desconfianza y la indignación ante la realidad social y política se convertirá en un amplio movimiento que planteará unir las movilizaciones y las fuerzas para acabar con tanta injusticia y explotación. Las movilizaciones en curso, desde los pensionistas al personal sanitario, señalan el camino.
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