Euskadi: Continuemos la lucha por la auditoría pública de la Seguridad Social

El día 12 de febrero miles de pensionistas y trabajadores en general salimos de nuevo a la calle a movilizarnos por las mismas reivindicaciones, entre ellas la imprescindible auditoría de la Seguridad Social que nos indique de una vez cuanto dinero ha sido desviado de las pensiones a otros gastos indebidos y que demostraría que el acuerdo firmado por patronal, gobierno de coalición y dirigentes de UGT y CCOO parte de un falso análisis de la situación cuando afirma que el sistema público de pensiones está en crisis.

Como defienden las principales organizaciones de pensionistas de todo el estado español, el congreso confederal de UGT y otras muchas instancias sindicales o el propio Tribunal de Cuentas no hay crisis sino que el dinero aportado por millones de trabajadores de varias generaciones ha sido esquilmado.

Encabezados por el gobierno de coalición las maniobras para empobrecer a los pensionistas no han cesado, empezando por hacerles perder una escandalosa cantidad de euros cada mes al subir los precios mucho más que las pensiones, utilizando para ello incluso malas artes contables, cambiando las formas de cálculo del propio IPC en un galimatías imposible de entender para la mayoría de los ciudadanos, ni mayores ni jóvenes.

Y a todo ello hay que sumar la ignominia y el abandono a que se ven abocados todos los ciudadanos al cerrarse miles de oficinas de los bancos con cientos de miles de despidos, al recortar servicios y horarios en las que quedan o cobrando comisiones sin límite por los pocos servicios disponibles. Y ante ello, el gobierno de coalición que dice defendernos se mantiene al margen o directamente favorece a la banca con sus políticas de guerra y gastos militares que se han duplicado en los últimos años en detrimento de sanidad, escuela y servicios públicos.

¿Qué está ocurriendo en líneas generales con el movimiento de pensionistas?

Primero debemos reconocer a los compañeros que cada lunes se movilizan con sus reivindicaciones tenazmente, como por ejemplo los de Portugalete, y con su ejemplo proponer la necesidad de analizar reposadamente la situación y poner los medios para unir todas las fuerzas que hoy aparecen dispersas y a veces  enfrentadas.

¿Es lógico, por ejemplo, que haya cierto sector de pensionistas furioso por el fondo y la forma en que los dirigentes de UGT y CCOO han firmado el acuerdo antes mencionado? Si, es comprensible, pero eso no significa que debamos de dejar de buscar la unidad con las organizaciones que agrupan a más de un millón de trabajadores entre ambas.

¿Es igualmente lógico que ese malestar se amplíe a ELA o LAB cuando estos participan en ciertos sectores o empresas en la profusión de fondos de pensiones privados? Pues si, es comprensible, pero nos equivocaríamos si nos enfrentamos a los trabajadores que deciden gastar su dinero en productos financieros como estos, lo que debemos es exigir que dichos fondos en ningún caso se beneficien de dinero público, ni directo ni con deducciones fiscales subvencionadas.

Y sobre todo tenemos que mantener las relaciones fraternales que a pesar de todo han permitido que en todo el estado haya habido movilizaciones el 12F, no permitiendo que volvamos a la división autonómica y a las reivindicaciones de transferencias de la Seguridad Social que significarían el final de esta tal como la conocemos.

Un artículo de El Correo del 23 de febrero ponía a las claras los planes de unos y otros tras la firma del acuerdo ya nombrado, y que dice así:

El Gobierno vasco ha comenzado a estudiar la creación de un fondo de pensiones público, con características idénticas al que va a poner en marcha el Estado y que forma parte del proyecto de ley aprobado ayer por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo es doble. De un lado, impulsar la creación de planes de pensiones de empresa, en los que trabajadores y empresarios aporten de forma conjunta y voluntaria cantidades para complementar las pensiones públicas. De otro, evitar que la entrada en vigor del fondo del Estado suponga la desviación de una parte del ahorro de los vascos hacia una institución que, como se define en el proyecto, estará controlada por el propio Ejecutivo central, la patronal CEOE y los sindicatos más representativos, en este caso CC OO y UGT.

El denominado ‘fondo de promoción pública’ -la gestión de los recursos económicos será adjudicada a una entidad privada- trata de ofrecer un paraguas para dar cobertura a los planes de pensiones de empresa. (…)

No hay tal división central o autonómica que nos venden a los pensionistas, a los trabajadores o cualquier sector social que se movilice, todos los gobiernos e instituciones actúan para privatizar las pensiones incluso a consta de empobrecer hasta la miseria no solo a los actuales pensionistas sino a las generaciones futuras, en beneficio exclusivo de entidades privadas. Es decir, del capital financiero.

En una carrera de fondo como esta no caben voluntarismos estériles ni heroicidades aisladas para que la historia las recuerde, o el hacer por hacer en muchos casos incrementando la crispación y la división. Todas fuerzas deben ir contra la banca, la patronal que incrementa día a día sus beneficios a costa de aumentar la explotación y contra los gobiernos e instituciones que trabajan para ellos sin escrúpulo ninguno.

¡¡Mantengamos pese a quien pese la coordinación de Cádiz a Bilbao, de Barcelona a La Coruña, es nuestra principal fuerza!!

La reivindicación de la auditoría de la Seguridad Social es la pieza esencial de nuestra lucha y debemos felicitarnos de que esté incluso incluida en el decreto ley del Gobierno de coalición aprobado tras el acuerdo de este con patronal y dirigentes de UGT y CCOO, lo que da idea de la fuerza de nuestra movilización y de esta misma reivindicación. Incluso aunque este acuerdo y este decreto sea rechazable como un todo.

De hecho el propio Gobierno de coalición ya ha incumplido su propia ley no poniendo la auditoría en marcha en la fecha prevista por dicho decreto y provocando además una polémica sobre quien debe hacer esa auditoría, polémica en la que diversos grupos parlamentarios se han pronunciado.

El 16 de febrero de 2022 los diputados Jordi Salvador por ERC, Iñigo Errejón por Mas País – Verdes – Equo, Iñaki Ruiz de Pinedo por Bildu, Joan Baldoví por Compromís, María Pita por Unidas Podemos y Albert Botran por la CUP  presentaron a la Mesa de las Cortes una propuesta para que sea el Tribunal de Cuentas quien realice dicha auditoría y no se desvíe a otras instituciones.

Nuestra Plataforma denominada “UNIDAD” por razones obvias, proponemos a todas las organizaciones que actúan en Euskadi en defensa del sistema público de pensiones, sean cual sea su forma origen  (Plataformas, coordinadoras, asociaciones, sindicatos…) promover una UNIDAD DE ACCIÓN POR LA AUDITORIA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Para hacerlo posible comenzamos por hacer llegar esta reflexión a los trabajadores activos y pensionistas, a las organizaciones y a los ciudadanos en general.

Portavocía de la Plataforma UNIDAD en defensa de las pensiones públicas y la Seguridad Social

Contacto: Jesús Mari Perez

txarterleioa@gmail.com

Móvil: 648 14 04 59