Manifiesto en defensa de la sanidad pública, por la unidad para defender las reivindicaciones

Nos hacemos eco de un manifiesto en defensa de la sanidad.
Ha sido elaborado por un grupo de trabajadores de la sanidad.
Los primeros firmantes hacen un llamamiento a su suscripción, firma y todo aquello que permita el trabajo en común de las defensa de las reivindicaciones.
Desde este periódico os llamamos a apoyar y difundir esta campaña.

Publicado el

Presentación por Blas Ortega, médico y primer firmante del manifiesto

¡Alto al desmantelamiento de la sanidad pública!

Siguen, dispersas pero constantes, las manifestaciones de los sanitarios y de la población contra el desmantelamiento de la sanidad pública.

Decenios de recortes en presupuestos, en personal y en instalaciones sanitarias lo han preparado Y ahora… los gobiernos continúan la misma política en nombre de combatir la pandemia.

Una consejera de Sanidad autonómica se lamentaba en comparecencia parlamentaria: «hay transmisión comunitaria [del SARS-CoV-2] sostenida sin control y generalizada con pre- sión mantenida y creciente en prácticamente to-dos los departamentos de salud».

¿Qué han hecho pues durante estos diez meses? Solo demuestran su propia impotencia.

¡Alto a la especulacion con las vacunas! Nos han dicho que solo había un remedio: la vacuna.
La UE y los gobiernos compran millones de vacunas, a los precios y en las condiciones que imponen las multinacionales Pfizer y Moderna. Pero las multinacionales no producen las sufi- cientes. Y el sistema de patentes impide que los gobiernos las fabriquen. Al capital finan- ci-ero, la salud de la población le da igual, solo busca aumentar sus beneficios.

Las vacunas no llegan a quienes deberían ponérselas, como antes no llegaron las mascarillas y los respiradores. A la subordinación a las multinacionales hay que añadir las corruptelas del aparato de Estado heredado del franquismo, que hacen que se vacunen altos mandos militares, altos cargos de la administración y cargos electos, cuando no son personal de riesgo.

MANIFIESTO

La sanidad pública, una de nuestras mayores conquistas, está en peligro
Hay que actuar para salvarla y salvaguardar los derechos de los trabajadores de la sanidad pública

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto en muy poco tiempo las dramáticas consecuen-cias de las polí- ticas desarrolladas por los sucesivos gobiernos, de los centrales en primer lugar, pero también de los autonó- micos, desde hace décadas: recortes, privatizaciones y desmantelamiento de la sanidad, de los servicios socia- les y de todos los servicios públicos se cobran hoy decenas de miles de vidas, y hunden las condiciones de vida de la población trabajadora. Mientras, un pequeño porcentaje, el más rico de la población, aumen-ta su fortuna (el patrimonio de los 23 españoles más ricos aumentó un 16 % entre marzo y junio de 2020).

Todas estas medidas han llevado a la sanidad pública al colapso, tanto en la atención primaria como en los hospitales. La necesidad de atender a los pacientes COVID ha sido la puntilla. El conjunto del sistema se mues- tra incapaz de atender a la población. Se ha dejado de operar casi todo, y se acumulan datos preocupantes, co-mo un posible infradiagnóstico de hasta un 25 % de casos de oncología.

Según el propio Ministerio de Sanidad, en España faltaban 4.000 médicos especialistas en la sanidad pública en 2019. Y según un estudio del Consejo General de Enfermería del mismo año, serían necesarias 125.000 enfermeras más.

En plena pandemia, las multinacionales farmacéuticas y de seguros exigen al Gobierno que acelere la llamada «colaboración público-privada», con la intención de parasitar y destruir el sistema público de salud para hacer negocio por medio de nue- vas privatizaciones. Exigencia basada en la recomendación del FMI que pide a España un aumento del gasto sani-tario para potenciar la «asociación público-privada».

Nueve meses de pandemia han evidenciado la necesidad de disponer de un sistema de sanidad públi-co suficiente, de recuperar todo lo recortado en los últimos años (más de
25.000 millones): las medidas adoptadas hasta ahora por los gobiernos, bajo la presión de la pandemia y de la movilización de los trabajadores de la Sanidad y de la población, están muy lejos de abordar los problemas de fondo de desregulación, de falta de personal y de presupuesto en la sanidad pública, denunciados desde hace años; de falta de medios y recursos en todos los servicios públicos.

En una situación muy difícil, en la que la pandemia sirve para justificar todos los ataques a las libertades democráticas y a los derechos de los trabajadores, la población expresa su indignación como puede: profesiona- les y ciudadanos se manifiestan ante los centros de salud exigiendo más mé- dicos, más enfermeras, más profesionales, más medios. Varios sindicatos reclaman la retirada del RDL 29/2020, que impone la movilidad funcional y geográfica al personal sanitario en nombre de la lucha contra la pandemia.

El Gobierno central ha tenido meses para conseguir los fondos suficientes para contratar el personal necesario y formarlo, y no lo ha hecho; sin embargo, sí los ha encontrado para financiar a las grandes empresas. Y nos vienen de nuevo con el confinamiento y las medidas represivas, culpando a la población del ascenso de la COVID-19.

Poner parches ante la resistencia de los trabajadores de la sanidad no resuelve nada. La solución no es contratar en precario unos miles de profesionales, contratos que se hacen hoy y mañana pueden desaparecer de un plumazo. La solución no es la sobreexplotación del personal sanitario con jornadas agotadoras, pisoteando sus derechos. La solución no es el acompañamiento crítico de estas medidas.

Hay que superar la división y la dispersión de las movilizaciones. La solución exige la lucha por la movilización en unidad para defender las reivindicaciones, arrastrando a las direcciones de los sindicatos a ello.

  • Las reivindicaciones más sentidas son:
  • Ampliación de plantillas ya, creación inmediata de los puestos estructurales necesarios en hospitales y centros de salud. Retirada de la tasa de reposición. En lo inmediato, es necesario contratar y formar rastreadores.
  • Retirada del RDL 29/2020 y de todas las medidas similares aprobadas por distintos gobiernos regionales.
  • Defensa de las titulaciones y de las condiciones de trabajo: todos los técnicos y administrativos deben ser cla- sificados en el grupo profesional que les corresponde.
  • Recuperación del 8 % de poder adquisitivo perdido. No es suficiente el incremento del 0,9 %.
  • Presupuesto extraordinario para la sanidad y los servicios públicos que reponga los más de 25.000 mil-lones de euros recortados al gasto sanitario desde 2011 (es menos de la mitad de lo regalado a los ban-cos). Urge termi- nar con el colapso de la atención primaria, y volver a las consultas presenciales.
  • ¡Alto al desmantelamiento de la sanidad pública!

Los primeros firmantes de este Mani!esto os llamamos a suscribirlo, a recoger firmas, a hacer reuniones de firmantes, a formar comités, para decidir cómo actuar para defender estas reivindicaciones.

CONTACTO: io.valencia@informacionobrera.org

Apoyos recibidos

Paco Macià, médico, CS Villena I, Alicante. Joan Barrachina, enfermero, sindicalista sanidad UGT, Barcelona. Pedro Burillo, sindicalista sanidad UGT, Hospital del Mar, Barcelona. Jaume Castillo, auxiliar de geriatría, Barcelona. Francisco Cornejo, auxiliar de geriatría, Barcelona. Susana García, fisioterapeuta, Barcelona. Maite Luque, técnica anatomía patológica, Barcelona. Àngel Martínez, auxiliar de geriatría, Barcelona. Caro-la Melgar, técnica documentación sanitaria, Barcelona. Mª Isabel Mora, auxiliar de geriatría, Barcelona. Yamili Morales, auxiliar de geriatría, Bar-celona. Rosa Moreno, auxiliar de geriatría, Barcelona. Eva Mosquera, auxiliar de geriatría, Barcelona. Mª José Reina, técnica documentación sanitaria, Barcelona. Marta Rivero, técnica documentación sanitaria, Bar-celona. Mª Pilar Roca, auxiliar de geriatría, Barcelona. Manolo Royo, sindicalista sanidad UGT, Hospital del Mar, Barcelona. Isabel Mª Ruiz, auxil-iar de geriatría, Barcelona. Jorge Barrón, epidemiólogo jubilado, afiliado UGT, getxo. Marta Macho, médica, Hospital Alto Deba, Gipuzkoa. Itzal Martínez, fisioterapeuta, sindicalista LAB, Urrunaga (Alava). Aura Milena, fisioterapeuta, CN UPTA-Euskadi, Barakaldo. Violeta Alcalde, enfermera jubilada, Málaga. Luis González, Consejo Confederal CCOO, Sevilla. Eugenio López, sindicalista sanidad CCOO Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. Juana Luza, CE Federación Sanidad CCOO Andalucía, Sevilla. Antonio Montaño, CE Federación Sanidad CCOO Andalucía, Sevilla. Carmen Romero, CE Federación Sanidad CCOO, Sevilla. Mª José Wanceulen, s.g. CCOO Sanidad Sevilla, Sevilla. Mari Ángeles Benavent, sindicalista sanidad UGT, Valencia. Sebastià Castellano, sindicalista sanidad UGT, Salud Pública, Valencia. Verónica Dalmau, sindicalista sanidad UGT, Hospital Malva·rosa, Valencia. Nieves Díaz, sindicalista sanidad UGT, Hospital Clínico, Valencia. Mari Pau García-Cupertino, CE FeSP-UGT-PV, Valencia. Blas Ortega, médico jubilado, afiliado UGT, Valencia. Javi Parrilla, sindicalista sanidad UGT, Hospital Manises, Valencia. Fernando Ramón, celador Hospital Clínico, afiliado UGT, Valencia. José Santamaría, sindicalista sanidad UGT, Hospital Clínico, Valencia. Juan Torres, jubilado, sindicalista sanidad UGT, Valencia. Luis Ocampo, médico, Valladolid. Luis Álvarez, sindicalista sanidad CCOO Castilla y León. Emilia Lamas, s.g. CCOO Sanidad Galicia

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