Amnistía, libertades, derechos sociales
Tras la investidura frustrada de Feijóo el viernes 29 de septiembre una nueva etapa se abre con la eventual formación del nuevo Gobierno. Comenzará por nuevas consultas del rey, para que, en aplicación del artículo 99.4 de la Constitución, el borbón “decida” quién puede intentar formar nuevo Gobierno. No es este el lugar para especular sobre los ritmos. Baste con señalar que el resultado es incierto y por ahora no son descartables nuevas elecciones.
Nosotros partimos de la defensa de los intereses y reivindicaciones de los trabajadores, los jóvenes y los pueblos. Y, desde ese punto de vista, es necesario precisar las cuestiones siguientes:
Conseguir la amnistía para los cientos de encausados catalanes –la inmensa mayoría, jóvenes- por las movilizaciones masivas que ha conocido Cataluña estos años es un cuestión democrática esencial que interesa a todos los trabajadores del país y a los pueblos (¿qué futuro de progreso se puede conseguir con 1.500 presos políticos?). Además, es un verdadero punto de apoyo para luchar contra la justicia franquista y el aparato represivo heredado de la dictadura, para otros avances en la lucha contra la represión de las movilizaciones obreras y populares, como la abolición de la Ley Mordaza. Más allá de ello, es un estímulo para conseguir el conjunto de reivindicaciones sociales y democráticas de la mayoría social. Una derrota del franquismo es una victoria para esta mayoría. No es por casualidad que contra la amnistía se movilice toda la reacción (los últimos en añadirse, la Conferencia Episcopal).
Es al mismo tiempo el reconocimiento de que el régimen monárquico es incapaz de resolver democráticamente las reivindicaciones de los pueblos, de establecer una fraternidad real entre ellos, que solo sería posible sobre la base del reconocimiento del derecho a decidir libremente su futuro, el derecho de autodeterminación. No somos independentistas, somos partidarios de la unión libre de pueblos, lo contrario de la unidad impuesta. Y esto no es posible bajo la Monarquía, por esto luchamos por la República.
Hay quien intenta enfrentar las reivindicaciones sociales con las democráticas. Hay que señalar, alto y claro, que quien hace esto no defiende ni unas, ni otras. Las libertades, la amnistía, el derecho a decidir son instrumentos indispensables para desarrollar la lucha obrera para hacer frente a la división entre pueblos que la Monarquía organiza, Y lo hace en nombre de los intereses de las multinacionales, de la banca, que extraen enormes beneficios con la guerra social y la inflación.
El actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, anuncia que quiere formar un nuevo Gobierno progresista. Para la mayoría, eso quiere decir un Gobierno que responda a los problemas diarios, a la exigencia del fin de la represión, claro está, pero también a hacer frente al brutal aumento del coste de la vida. A la exigencia del aumento de salarios y pensiones según el IPC real, a la defensa de los servicios públicos, a acabar con la especulación inmobiliaria y la desindustrialización. A imponer el control de precios, aunque esto exija meter mano a la supuesta libertad de empresa y de comercio –en realidad, libertad de explotación y de especulación- que ahoga a los trabajadores.
Dedicar los fondos suficientes a la enseñanza, la sanidad, los servicios públicos, las inversiones en infraestructuras, exige acabar con los monstruosos gastos militares, resultado de la sumisión a la política de guerra dictada por Biden.
Sea cual sea el Gobierno que se constituya -y no somos indiferentes a ello- y partiendo de la derrota de los franquistas, estamos convencidos de que la propia fragilidad parlamentaria de un eventual nuevo Gobierno Sánchez, que necesitaría del apoyo de formaciones clericales y reaccionarias como el PNV y Junts, que, sin duda, van a condicionar sus políticas, obliga a dejar clara una cuestión: ninguna subordinación a las necesidades de ese Gobierno, ninguna dependencia en relación a él sería favorable a los intereses de la mayoría. Dicho de otra manera, gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden. Y esa defensa precisa de la independencia de las organizaciones que representan a la población trabajadora.
Los trabajadores necesitan que sus organizaciones, y, en particular, los sindicatos, se pongan ya a la cabeza de la lucha por las reivindicaciones, de la defensa del sistema público de pensiones en peligro, de la exigencia de un aumento de los salarios, necesario y urgente.
Es por ello que nos parece fundamental el dar todo el apoyo a la manifestación en Madrid el 28 de octubre en defensa de las pensiones, por la auditoría, contra el despilfarro que suponen los gastos militares.
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