Al cabo de dos años, la Ley de Amnistía solo se aplica a algunos
Triste segundo aniversario de la aprobación de la Ley de Amnistía. El Gobierno y las Cortes cumplieron todo lo necesario, y hace dos años se aprobó definitivamente la ley. Entonces, los jueces tenían que velar porque la ley se aplicase, pero muchos jueces obstaculizan su aplicación.
Todavía dirán que estamos en un régimen parlamentario. O simplemente en una democracia.
Estos días se ha conmemorado el segundo aniversario de la ley en distintos ámbitos. Tiene particular interés el estudio efectuado por Alerta Solidària, cuyos resultados han sido difundidos por el diario Ara el 2 de junio.
Así nos enteramos de que la pertinencia de la ley ha sido reconocida en el 52% de los activistas a los que debería haberse aplicado. Se han beneficiado 181 manifestantes y 64 cargos políticos independentistas (245) pero hay 257 que aún están pendientes, porque se les ha negado la aplicación de la ley o porque los tribunales aún no se han pronunciado. Hay una diferencia con los policías: solo se les ha negado a 4 la amnistía, de los 162 que se han presentado.
Cómo se distribuyen
Prestando atención a los cargos políticos, el 61,3% no han sido amnistiados, eso contrasta con el 97,5% de los policías amnistiados.
Dos años después de la aprobación de la Ley de Amnistía, hay 261 casos sin amnistiar: a 104 se les ha denegado y 157 están pendientes de resolver, la inmensa mayoría de ellos son manifestantes y activistas o políticos y cargos públicos. Se ha denegado la medida de gracia a 75 manifestantes, a 25 políticos, cargos públicos y empresarios. No se ha amnistiado solo a 4 policías implicados en un operativo en el que se vació el ojo de un activista por una bala de goma.
Los 157 pendientes de amnistiar son 89 activistas y manifestantes, y 68 políticos, cargos públicos y empresarios.
Las 403 amnistías concedidas han sido para 181 activistas, 158 policías y 64 políticos, cargos públicos y empresarios.
Las instancias judiciales y afines
El Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) son algunas instancias que todavía tienen que decidir sobre esta norma. El Supremo, por ejemplo, espera la resolución que adopte el Tribunal Europeo de Luxemburgo, antes de conceder o no la amnistía al expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, todos ellos todavía exiliados.
También los exconsejeros de ERC y Junts inhabilitados, como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa esperan la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de recurrir la decisión del Supremo de no amnistiarles anulada por el Tribunal Constitucional.
Martí Majoral, portavoz de Alerta Solidària, explicaba a Ara: «La mayoría de los políticos amnistiados lo han sido por juzgados menores; el TS, el TC y el TSJC paralizan la aplicación de la Ley porque hay muchos jueces que la boicotean». Majoral piensa que la sentencia del TJUE puede ser la clave para romper muchos casos paralizados.
Manuel Cuso
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