El acoso contra el Gobierno
En abril de 2024, el presidente Pedro Sánchez se dirigía a la ciudadanía mediante una carta en la que informaba que se tomaba unos días de reflexión para ver si seguía, o no, al frente del Ejecutivo. Recordemos el motivo: Sánchez denunciaba que se había puesto en marcha una «estrategia de acoso y derribo» contra su Gobierno y contra su partido, de la que participarían desde el PP y Vox, hasta diversos medios y jueces. Estrategia que incluía también el ataque personal, ejemplificado en la apertura de diligencias de un juzgado de Madrid contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias tras una denuncia de la organización ultra Manos Limpias, sobre la base de recortes de prensa.
En medio de mucha expectación, Sánchez comunicó posteriormente que había «decidido seguir, con más fuerza si cabe», dejando un mensaje en el que prometía luchar «contra el fango y las prácticas tóxicas». La promesa se tradujo en el llamado Plan de Acción por la Democracia que presentó en el Congreso de los Diputados tres meses después, en el que se recogían 31 medidas «para luchar contra la desinformación y los bulos» y mejorar la transparencia en los medios de comunicación. En realidad, a día de hoy, de todos los puntos anunciados, solo siete se han puesto en marcha. O había poca voluntad de tirar adelante dicho plan o, en realidad, no se confiaba mucho en que sirviera de algo.
Señalemos que han pasado dos años de lo anunciado por el presidente, y todavía continúa el runrún de la causa abierta por el juez Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez, incluso contra la opinión de diversas instancias judiciales que han pedido su archivo. Aún más, este mismo juez llamó a declarar a Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños, mientras sigue la causa esperpéntica contra el hermano del presidente.
Un país en manos de los jueces franquistas, la UCO y la UDEF
Del llamado Plan de Acción por la Democracia ya nadie se acuerda, mientras que la ofensiva judicial no conoce tregua: sincronizando causas judiciales para hacerlas coincidir con determinados acontecimientos políticos, o agilizando a conveniencia algunas causas mientras otras se eternizan, o estableciendo una doble vara de medir según interese ir o no a por alguien. En la estela de los diversos escándalos y abusos judiciales y policiales acreditados, cometidos contra los republicanos catalanes o contra Podemos. El penúltimo y más relevante de los cuales por su trascendencia, la condena al fiscal general del Estado, acusado de filtrar los correos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, según recoge la sentencia, por la sencilla razón de que tuvo que ser él o «alguien de su entorno». En la maquinaria represiva que montó el franquismo en la inmediata postguerra (los procedimientos sumarísimos que constituyeron un auténtico atropello jurídico), pueden encontrarse sentencias dictadas por consejos de guerra con razonamientos similares, e incluso un poco más elaborados.
Lo que vino a decir Pedro Sánchez en 2024 es que la campaña de acoso y derribo, que empezaba a coger vuelo en aquel momento, era el resultado del carácter antidemocrático de las derechas en España, y de su no aceptación de los resultados electorales. Lo que es completamente cierto, aunque parcial. El origen de las derechas representadas políticamente por el PP y Vox no es otro que el franquismo. Y el tufo que desprenden no es simplemente el de una pulsión antidemocrática, que nace como consecuencia de un revés electoral que les ha dejado de nuevo en la oposición. Sánchez ha utilizado el término «fachosfera» en diversas ocasiones para referirse a todo este mundo, pero también y sobre todo para no mencionar lo que es el problema principal: la herencia franquista incrustada en el aparato de Estado, y en los poderes económicos y mediáticos de este país, que se ha demostrado incompatible con la democracia. Es decir, la existencia de un régimen que hace 50 años no tuvo más remedio que aceptar conquistas y libertades, arrancadas mediante la lucha contra la Dictadura, pero que no fue ni tan siquiera depurado. Y esta herencia, lejos de extinguirse biológicamente, ha ido transitando con la corona encima.
Pero, ¿por qué toda esta inquina contra Pedro Sánchez?
A raíz de la imputación del expresidente Zapatero, el ministro Óscar Puente denunció hace unos días la existencia de «una conspiración para tumbar al Gobierno con métodos no democráticos». El ministro Bolaños insinuó algo parecido, mientras que el secretario general de Madrid, Óscar López, afirmó en el reciente congreso federal de las Juventudes Socialistas que «ni nos rendimos, ni nos chupamos el dedo». Más comedido, Pedro Sánchez ha llamado a resistir y «a gobernar hasta 2027 y más allá».
Sin embargo, hace falta algo más que declaraciones para parar la ofensiva franquista. Es una evidencia que el frente judicial-político-mediático quiere acabar con el Gobierno no por la supuesta corrupción, sino porque es un obstáculo para aplicar determinadas políticas. El «sanchismo», al que sus enemigos separan de los socialistas «buenos», está en el punto de mira porque ha renunciado, por sus propias razones, a uno de los pilares de sostenimiento del régimen (los Pactos de Estado PP-PSOE, aunque no por ello deje de apoyarlo) y ha tenido la osadía de llevar al rey a firmar la Ley de Amnistía. Está en el punto de mira porque, cuando todos los dirigentes europeos asumen y callan el genocidio desencadenado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, se ha opuesto a ello y lo ha denunciado. Porque se ha negado a ser un simple comparsa de Trump, y ha impedido que las bases americanas en España sean utilizadas en la guerra ilegal contra Irán, o se ha negado a subir el gasto en defensa hasta un 5% tal y como le exige la OTAN y el presidente norteamericano. Sin duda, es por todo ello y porque, aún con limitaciones, ha atendido reivindicaciones de los trabajadores como fijar por ley la subida de las pensiones según el IPC, o el incremento acumulado desde 2018 del SMI en un 66%.
Desde luego, hay aspectos «nacionales» que explican esta inquina contra Pedro Sánchez, y la determinación de la herencia franquista en acabar con su Gobierno por medios electorales si es posible, o por otros medios si es necesario. Pero esto tiene que ver con la «ola» que recorre el mundo y la deriva hacia el autoritarismo. Es lo que pretende hacer Trump en los Estados Unidos, eliminado distritos electorales que no le son propicios. Lo que necesita el capital son Gobiernos que no ofrezcan ninguna resistencia a la política de guerra y rearme. A los planes que van a suponer inevitablemente acabar con derechos y conquistas. A Sánchez se le quiere destruir no solo por lo que hace, sino también y en gran medida, por lo que no hace.
Que se pretenda acabar con el Gobierno por métodos no democráticos, no solo es un problema del PSOE. Incumbe a todos los que se reclaman de los trabajadores y de los pueblos, independientemente de lo que haga o deje de hacer el Gobierno. Lo que está en juego es si un Gobierno debe estar en manos de quienes lo eligen, o de los jueces, la UCO y la UDEF.
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