VENEZUELA: ¡RECUPERAR LA SOBERANÍA NACIONAL! ¡FUERA EL IMPERIALISMO!

I.O.- En pocas palabras, ¿podría explicarnos la situación actual en Venezuela?

Ya han transcurrido más de dos meses del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores y del bombardeo que dejó más de cien muertos entre personal militar y población civil por la acción militar de la administración Trump, una situación que nadie vio venir, pero que se corresponde con la ofensiva del imperialismo de retomar el control de su patio trasero. Al parecer, a partir de los acontecimientos en Venezuela, Trump se juega la opción de exportar un modelo de intervención, a través de bombardeos, asesinatos y chantajes para imponer términos y condiciones a las naciones. Recientemente, el presidente cubano ha confirmado la existencia de negociaciones con EE. UU.

Con la agresión militar de EE. UU. bajo la amenaza de una nueva invasión, bloqueos y chantaje, se nos han impuesto de facto reformas en materia petrolera y minera favorables a los intereses de Washington. Con el regreso de la CIA, la Encargada de Negocios de la Oficina Externa de los EE. UU. La visita del jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, máximo responsable militar estadounidense para América Latina y responsable del bombardeo del 3 de enero, ha comenzado una ocupación silenciosa que busca convencer al pueblo trabajador de que la dominación del más fuerte es algo natural, inevitable e incluso lógico; de la misma manera en lo económico. Se pretende presentar como normal que una potencia extranjera controle el petróleo y su comercialización, administre los ingresos nacionales y decida cómo y en qué se utilizan. Ese control comienza a percibirse como algo lógico y beneficioso. De manera que estamos ante un giro drástico hacia una “transición” económica y política de ruptura de lo que fue el programa político expresado de alguna manera en la constitución bolivariana.

Desde el 3 de enero, toda la nación, no solo el gobierno, está bajo el control de Washington. En la práctica, esto significa que el PSUV se mantiene en el poder (sin Maduro), pero siguiendo el ritmo que impone la Casa Blanca y su “Comisión Interventora” que tiene como objetivo llevar a cabo un plan de colonización en tres fases: estabilización, reconstrucción y transición, que durará indefinidamente y estará sujeta a su propia dinámica.

I.O.-¿En qué consiste la nueva ley de hidrocarburos?

La agresión militar de Estados Unidos impuso de facto la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La cual abre el sector a mayor participación privada y extranjera, rompiendo el monopolio exclusivo de PDVSA y permitiendo contratos más flexibles e incentivos fiscales para inversiones, aunque la propiedad de los hidrocarburos sigue siendo del país.

Antes de la reforma, el capital extranjero solo podía participar en la producción petrolera venezolana a través de empresas mixtas en las que el gobierno conservaba la propiedad mayoritaria y el control operativo. Aunque la Ley Antibloqueo (aprobada en 2020) sentó las bases para flexibilizar el negocio petrolero en Venezuela. Ahora las empresas extranjeras pueden participar directamente en las actividades primarias del sector –exploración, extracción, transporte y almacenamiento– mediante contratos con el Estado sin tener que crear necesariamente empresas mixtas donde el Estado sea socio mayoritario. Otro cambio es la comercialización del

crudo. Anteriormente, solo PDVSA podía gestionar las ventas. Ahora, las empresas privadas pueden realizar la comercialización directa y administrar los ingresos a través de cuentas bancarias en el extranjero.

Aunque la reforma mantiene las regalías (royalties) base del 30% como en la Ley anterior, con la reforma se autoriza al Ejecutivo a reducirlas hasta un 20% o incluso un 15% si “se demuestra” que la explotación no sería viable con el nivel tradicional de regalías.

El discurso de la “falta de rentabilidad” (“no viabilidad”) oculta que el objetivo real es garantizar tasas de ganancia extraordinarias para las empresas a costa de profundizar la dependencia y el empobrecimiento social.

Se flexibilizan impuestos y cargas fiscales para hacer “atractivos” los proyectos a los inversionistas privados. Esta política de rebajas fiscales es esencialmente un subsidio al capital transnacional, que exige condiciones favorables como precio, comercialización directa y menos impuestos del Estado. Este cambio no es menor: constituye una transferencia directa de renta petrolera del Estado hacia operadores privados. En un país donde la industria petrolera ha sido históricamente la base del presupuesto nacional, reducir la participación estatal es sinónimo de desposesión de recursos públicos.

Otro elemento central de la reforma es la incorporación de mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas entre el Estado y las transnacionales petroleras. Esto abre la puerta a que empresas transnacionales demanden al Estado ante tribunales extranjeros y obliguen a Venezuela a pagar sumas multimillonarias si consideran que sus “derechos” han sido lesionados por decisiones del Estado venezolano, debilitando la soberanía jurídica del país y sometiendo los intereses nacionales al arbitrio de tribunales radicados en las principales potencias capitalistas de Occidente.

Ahora bien, EE. UU. emitió una serie de licencias generales. Flexibilizando las sanciones. Estas autorizaciones permiten a empresas estadounidenses y ciertas firmas venezolanas participar activamente en la comercialización, suministro de insumos  (conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes), servicios y expansión de operaciones petroleras y gasíferas en Venezuela. Mientras, asume el control “indefinido” de la venta de petróleo venezolano y la supervisión directamente de la administración del país durante los próximos años. El dinero de las ventas va directamente a cuentas controladas por Washington. El gobierno de Delcy Rodríguez debe solicitar permiso para cada desembolso. La reciente Ley de Minas sigue la misma lógica que la nueva reforma de la Ley de Hidrocarburos, que permitió la entrada de capital transnacional para la explotación de minerales de tierras raras, vitales para EE. UU. desde la defensa hasta la aeroespacial y la inteligencia artificial.

I.O.- ¿Cuáles son los planes de “transición” del imperialismo?

El plan diseñado en Washington, y aceptado por el gobierno e incluso por la oposición, se divide en tres etapas ya consabidas:

 La primera fase.

Es la de la estabilización, la institucionalizada con la presencia de la CIA y el FBI; se avanza en erradicar la influencia de adversarios como China, Rusia o Irán. Asimismo, se busca reconvertir a la FANB para que se ponga en sintonía con la doctrina de “seguridad nacional” de EEUU y se articule con los planes del Pentágono, un nuevo marco legal de garantía al capital extranjero, contraviniendo la constitución bolivariana. En otras palabras, el objetivo aquí es cambiar las leyes para permitir que el petróleo, el oro y los minerales raros sean transferidos a empresas transnacionales sin obstáculos, poniendo así nuestros recursos al servicio de la estrategia energética de Estados Unidos.

La segunda fase

Se conoce como “recuperación”: esto significa que la Casa Blanca planea reabrir de manera estratégica el mercado venezolano a empresas de Estados Unidos, de Occidente y de otros países en condiciones “justas”. Al mismo tiempo, busca fomentar un proceso de reconciliación nacional. El gobierno venezolano ha contabilizado 7.654 personas que se beneficiaron de la amnistía, de las cuales 673 eran prisioneros políticos y 7.407 que tenían medidas cautelares ya disfrutan de libertad total. Aunque las leyes empleadas para enfrentar a la derecha golpista se utilizaron para criminalizar las luchas de los trabajadores, siguen vigentes. Además, se designará un nuevo fiscal general y un defensor del pueblo por la Asamblea Nacional, también se contempla una reforma a la ley electoral y la selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

La tercera.

Como tercer paso, se anuncia una futura “transición” que, al parecer, quedaría para cuando el pillaje de nuestros recursos esté garantizado para el imperialismo y se puedan dar unas elecciones presidenciales, las cuales se efectuarán cuando EE. UU. las considere posibles.

I.O.- ¿Y la actitud del gobierno de Delcy ante ellos?

El gobierno de Deysi Rodríguez es hoy en día un rehén con una pistola apuntándole a la sien, analizando los eventos que ocurrieron después del ataque militar contra Venezuela. El imperialismo, ahora mismo, en la medida en que se agudiza la pérdida de su hegemonía, “no juega con carritos”.

El alto mando político invocando razones de Estado, el gobierno se rindió, y la presidenta y su equipo optaron por la colaboración en lugar de la resistencia, aceptando las condiciones de Trump para afianzar su control del poder y recalibrar estratégicamente las relaciones con Estados Unidos. Esta maniobra parece ser una “estrategia” a largo plazo del gobierno, con la vista puesta en las próximas elecciones, orquestada en parte por el plan de Marco Rubio. Si bien nominalmente está en el poder, esta administración opera bajo la sombra del gobierno estadounidense, que controla efectivamente el territorio mediante la intervención.

I.O.- El gobierno y el chavismo, ¿han organizado movilizaciones?

Quiero hacer una comparación entre el intento fallido de derrocar a Chávez en 2002-2003 y lo que estamos viendo ahora. En aquel entonces, la movilización masiva de los más pobres, la clase trabajadora y los militares leales lograron restaurar el orden constitucional. Ahora, tras la invasión del 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, no vimos grandes movilizaciones en defensa del gobierno ni celebraciones por la partida de Maduro.

En Caracas, la preocupación principal de la gente es el costo de vida, con precios altísimos y una economía que no repunta. La precariedad laboral y el desgaste social por años de crisis, sanciones y bloqueos son el pan de cada día para quienes trabajan. Aunque el gobierno ha convocado movilizaciones, parece que se está enfocando más en cumplir con la agenda pactada con los EE. UU. La política del gobierno se inscribe en la línea de un gran acuerdo y por una paz duradera, y la normalidad.

El aumento de ingresos del petróleo, ¿puede beneficiar a la población trabajadora?

El 26 de febrero, el secretario de Energía de EE. UU. anunció la venta de 2.000 millones de dólares en petróleo a un precio promedio de 50 dólares por barril, mientras que 40 millones de barriles adicionales aún estaban en proceso de ventas. La guerra con Irán ha interrumpido el tráfico en el estrecho de Ormuz. Como resultado, el precio del Brent cerró en 72,87 dólares, con proyecciones que situarán el precio entre 90 y 100 dólares al abrir los mercados.

 Para Venezuela, la venta de los 40 millones de barriles restantes a un precio de 90 dólares generaría ingresos de 3.600 millones de dólares, lo que representa 1.600 millones más que a 50 dólares. Si el precio alcanza los 100 dólares, los ingresos ascenderían a 4.000 millones. Aunque las ventas de petróleo venezolano bajo la administración Trump han superado los 1.000 millones de dólares.

Más de 900 millones de dólares se han destinado a las subastas realizadas. Esta cantidad busca generar movimientos en el mercado cambiario y mitigar la subida del tipo de cambio. Sin embargo, el dólar oficial del BCV ha aumentado casi un 50%. La inflación, según datos recientes del Instituto Emisor, alcanzó un 52% a finales de febrero. Además, los salarios de los empleados públicos han estado congelados durante años, y muchas prestaciones han desaparecido debido a la congelación del salario. La calidad de los servicios públicos es preocupante, y la crisis en educación y salud.

El 12 de marzo, miles de trabajadores y jubilados tomaron las calles de Caracas y otras ciudades exigiendo un aumento en sus salarios y pensiones. Caracas vivió un día de parálisis parcial tras el paro convocado por los gremios de transporte, el pasado lunes 16 de marzo, exigiendo que la tarifa urbana se establezca en 120 bolívares. Aunque el salario mínimo se mantiene en Bs 130, (30 centavos de dólar), si bien los ingresos de los trabajadores ascienden a 180 dólares mensuales, integrados por un salario base bajo en bolívares, un bono de alimentación y el Bono de Guerra Económica. Si bien han aumentado las bonificaciones, el salario mínimo base, que no ha tenido aumentos oficiales desde 2022, sigue siendo el mismo. La canasta alimentaria familiar en Venezuela supera los $670 mensuales

La patronal venezolana, tras el tres de enero, tras los bombardeos imperialistas y la decisión del gobierno de Deysi Rodríguez de colaboración con el gobierno estadounidense, así como la apertura económica iniciada, considera que es el momento adecuado para eliminar una serie de derechos laborales, solicitar una reforma a la ley del trabajo previo a cualquier ajuste del salario, propuesta que cuenta con el respaldo del alto gobierno. Mientras tanto, el rechazo a estas pretensiones se manifiesta de manera contundente entre el pueblo trabajador, e inclusive la central socialista bolivariana de trabajadores ha planteado su oposición a una reforma de la LOTT, así como la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales.

La realidad es que, tras dos meses del secuestro de Nicolás Maduro, la crisis económica en Venezuela se intensifica, caracterizada por una inflación descontrolada, un bolívar debilitado y una falta de dólares que obstaculiza la recuperación prometida por Washington. A pesar de la promesa de prosperidad económica del gobierno de Trump, las condiciones de vida han empeorado aún más en este periodo. Por el momento, la recuperación prometida aún no ha llegado a los hogares.

¿Qué haría falta para ello?

La situación actual presenta un reto complejo. La economía de Venezuela atrapada en un ciclo de dependencia donde la industria local ha sido debilitada por sanciones y la dependencia general de las importaciones de materias primas y equipos industriales.

Aunque la recuperación del sistema agroalimentario ha logrado un 99,04% de abastecimiento nacional de alimentos, esto dificulta el desarrollo sostenible e independiente. Años de interrupciones en las cadenas de producción y la emigración significativa de un grupo demográfico clave han dejado a Venezuela con un largo camino hacia la recuperación. La situación se complica aún más por la supervisión de Estados Unidos, especialmente por el control del gobierno de Trump sobre las ventas de petróleo crudo del país y las restricciones sobre el uso de esos ingresos.

La realidad actual apunta a un Estado desprovisto de autodeterminación. Si bien la toma de posesión de Delcy Rodríguez fue llevada a cabo por la Asamblea Nacional, su autoridad efectiva emana del respaldo de Washington, condicionado a que cumpla sus exigencias bajo amenaza de destitución. La administración actual opera bajo coacción externa, con una autonomía prácticamente nula.

Esta cruda realidad no puede ocultarse con aspiraciones de normalización democrática. Sin un Estado independiente y soberano, la democracia se convierte en una mera fachada, pues la soberanía popular queda anulada por el poder externo.

El Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores(as) (CAIT) sostenemos que la lucha por un aumento salarial mínimo debe alinearse con la constitución bolivariana, rechazando la bonificación del salario y la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales.

La defensa de la ley del trabajo representa no solo una reivindicación económica, sino también un acto de resistencia frente al imperialismo. En la actualidad, esto significa denunciar que el Departamento del Tesoro está expropiando el sustento de las familias venezolanas para sostener la dominación del dólar.

La clase trabajadora no debería esperar autorizaciones de la oficina de control de activos extranjeros (OFAC); es imperativo que reclamemos que el ingreso nacional recuperado se convierta de inmediato en poder adquisitivo, particularmente en tiempos de bloqueo y asedio por parte de los imperialistas, así como el restablecimiento del derecho de Venezuela y de Pdvsa para vender directamente sus productos petroleros. Libertad en el comercio internacional. Establecer de manera independiente nuestra política exterior, así como su defensa y seguridad. Esto abarca la capacidad de firmar convenios con diferentes países, tales como China, Rusia, Irán y Cuba. Venezuela no debería estar obligada a adquirir productos y servicios de un solo país. Protección total de Pdvsa y su gestión, como un activo estratégico para la nación.

Exigimos el fin del bloqueo naval y la retirada de la presencia militar en el Caribe; exigimos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La defensa de la Constitución bolivariana de 1999 se convierte en un hecho de resistencia y de afirmación soberana. Es el pacto fundacional que nos dimos con la constituyente que garantiza derechos intangibles, participación popular, soberanía sobre las reservas petroleras y el principio de autodeterminación. Renunciar a ella o permitir que sea arrasada por decretos de orden o imposiciones externas sería aceptar la disolución del marco que sostiene la vida política del país.

La tarea no es solo restituir la Constitución y la recuperación de los espacios de democracia, que fueron confiscados por el autoritarismo, sino también rescatar la soberanía nacional. La única garantía de que el petróleo, el oro y las tierras raras sirvan para el desarrollo nacional es que el proceso de transición hacia elecciones libres debe converger, obligatoriamente, con un movimiento nacional.

P.D.

Por su interés enlazamos con el artículo de Ángel Tubau del 31.01.2026 publicado en nuestro nº 412 en relación a Cuba

¿Después de Venezuela, Cuba?