Nuestra posición ante las elecciones legislativas del 23 de septiembre de 2026

Comité editorial del periódico «Información Obrera» 10/09/2026.

En todos los países, las elecciones constituyen un momento de debate nacional sobre su naturaleza, las leyes que las regulan, las expectativas populares y obreras, el clima democrático y político en el que se desarrollan, las opciones políticas de participar en ellas o boicotearlas, la naturaleza de las instituciones que de ellas emanan, así como sobre los programas electorales que se presentan y los contextos internacionales y nacionales en los que tienen lugar.

¿Hasta qué punto pueden las elecciones legislativas marroquíes del 23 de septiembre de 2026 constituir un momento para este debate nacional? ¿Es posible apostar por ellas para hacer efectiva la soberanía popular y defender las aspiraciones y expectativas de la mayoría del pueblo, de los trabajadores de las ciudades y del campo y de las masas populares en general? ¿Pueden los electores marroquíes expresar en ellas su elección libre y democrática del programa político de cambio que desean? ¿Puede de estas elecciones surgir un Parlamento soberano que encarne la voluntad popular, proteja la soberanía y la unidad nacionales y rompa con la subordinación a las fuerzas imperialistas y sionistas, a sus instituciones financieras internacionales, a sus imposiciones y a sus planes de austeridad que profundizan la pobreza, el desempleo, la emigración y el desmantelamiento de los servicios públicos?

¿O es la cita electoral simplemente una práctica formal que no rompe con las políticas existentes, no ofrece una perspectiva real de cambio acorde con las amplias aspiraciones populares y obreras y contribuye a perpetuar el autoritarismo y las políticas antipopulares y antisociales?

Son muchas las preguntas que se plantean y que exigen que el periodo electoral sea una ocasión para deliberar y debatir sobre ellas, ofrecer respuestas colectivas, plantear las reivindicaciones y aspiraciones reales de la clase trabajadora y de las masas populares en general, e intentar identificar las vías y herramientas organizativas y de lucha capaces de imponer instituciones que representen verdaderamente la voluntad popular, en las que el pueblo sea la fuente de todos los poderes y decisiones y que abran el camino hacia la construcción de un Marruecos verdaderamente basado en la libertad, la dignidad y la justicia social.

CONTEXTO INTERNACIONAL: GENERALIZACIÓN DE LAS GUERRAS Y LAS TENSIONES Y ATAQUE DESCARADO CONTRA LA SOBERANÍA Y LA UNIDAD DE LAS NACIONES

Las elecciones legislativas se celebran en el marco de una crisis sin precedentes del sistema capitalista, que intenta garantizar su continuidad apoyando la economía de guerra y el saqueo de las riquezas naturales y minerales mediante la generalización de las guerras y el desmantelamiento de la soberanía de los países sobre sus riquezas y sobre su decisión política y económica independiente, a través de diversas recetas que incluyen acuerdos de libre comercio, las imposiciones de las instituciones financieras internacionales y la liberalización de la economía nacional, así como la privatización de las instituciones y empresas públicas y la asignación de los presupuestos públicos al pago de los intereses de una deuda externa inflada y al servicio de los intereses del capital y de la oligarquía local beneficiaria de la unión entre poder y dinero.

También se celebran en el contexto de la guerra de genocidio que el imperialismo y el sionismo libran contra el pueblo palestino, con la complicidad de los gobiernos occidentales y árabes, y en el marco de su brutal agresión contra las naciones y pueblos del Líbano, Irán, Yemen, Siria y Sudán, así como de su alimentación de las tensiones y conflictos entre Estados y pueblos en Europa, África y en todas las regiones del mundo.

A ello se suma su guerra social abierta contra los derechos y conquistas de los trabajadores, su hostilidad hacia los migrantes y su fomento del fascismo y el racismo. Esta orientación desenfrenada hacia la generalización de la barbarie y el salvajismo y hacia el desmantelamiento de todas las conquistas de los pueblos y de los trabajadores solo puede llevarse a cabo bajo gobiernos sometidos al capital, ejecutores de sus imposiciones y comprometidos con sus agendas y planes.

Por ello, las fuerzas imperialistas consideran los procesos electorales de los países como una oportunidad para consolidar gobiernos a su servicio o para derrocar a los gobiernos que resisten sus imposiciones y sus políticas de saqueo y dominación, aunque para ello tengan que secuestrar a presidentes electos o provocar golpes de Estado, disturbios y desórdenes, o intervenir directamente en el trazado de los mapas políticos y electorales.

De ahí que proteger los procesos electorales de toda injerencia, imposición o influencia externa sea una condición de la soberanía.

Entonces, ¿hasta qué punto se cumplen las condiciones para unas elecciones nacionales libres y soberanas en un país que todavía no ha protegido su soberanía sobre su decisión política y nacional independiente?

CONTEXTO NACIONAL: TENSIÓN SOCIAL, CRECIMIENTO DEL AUTORITARISMO, PENETRACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN SIONISTA E INMIGRACIÓN MASIVA

Las elecciones se celebran en un contexto de tensión social provocado por el aumento vertiginoso de los precios, el ataque al poder adquisitivo de la clase trabajadora y de las masas populares en general, el incremento de los índices de pobreza y desempleo, el deterioro de los servicios públicos de salud y educación y el ataque contra los derechos y conquistas de los trabajadores y de los distintos sectores y categorías profesionales mediante legislaciones y leyes regresivas aprobadas por una oligarquía desbocada, beneficiaria de la unión entre poder y dinero, y por una institución legislativa en la que 34 de sus parlamentarios se encuentran en prisión acusados de corrupción financiera, manipulación de contratos públicos, malversación de fondos públicos, soborno, extorsión, falsificación y tráfico de drogas.

En este contexto se aprobó el proyecto de ley restrictiva sobre la huelga, que prohíbe y criminaliza el ejercicio del derecho de huelga; el proyecto de ley de procedimiento penal, que impide a las asociaciones de protección del dinero público y a las organizaciones de derechos humanos presentar denuncias directamente ante la justicia por el desvío de fondos públicos y la corrupción de responsables y cargos electos; se retiró la ley que penalizaba el «enriquecimiento ilícito»; y se aprobó la ley relativa a la regulación de la profesión de abogado, pese al rechazo generalizado del Colegio de Abogados a su contenido y a la realización de la mayor huelga y paro total de los profesionales de la toga negra desde el 15 de junio de 2026, paro que continúa hasta hoy.

A esto se suma el rechazo de los representantes de la oligarquía y de los «ferragacha» a constituir una comisión parlamentaria de investigación sobre las ayudas públicas destinadas a la importación de ganado y ovejas, mientras se niegan a revisar la liberalización de los combustibles o incluso a limitar sus precios y los de los productos básicos de consumo.

También se han ignorado las reivindicaciones laborales de numerosos sectores públicos de la salud, la educación y las colectividades locales, así como numerosas reivindicaciones y luchas del sector privado. Los trabajadores de la empresa Sicom-Sicomec, en Mequinez, mantienen desde el 12 de julio de 2024 la huelga y acampada obrera más larga en la vía pública, sin ninguna respuesta ni solución gubernamental para cientos de trabajadores despedidos sin indemnización desde el cierre de la empresa en noviembre de 2021. Asimismo, los trabajadores de la empresa textil Namatix mantienen una acampada abierta desde el 8 de octubre de 2025, reclamando sus derechos y prestaciones tras el cierre repentino de la empresa y el despido de 450 trabajadores.

En el ámbito de los derechos humanos, las elecciones se celebran mientras continúa el encarcelamiento de los presos del Hirak del Rif, que se acercan a su décimo año de injusta detención política, así como de presos de conciencia, blogueros, opositores a la normalización y jóvenes de la Generación Z, en un contexto marcado por el crecimiento del autoritarismo, la continuidad de las detenciones políticas y la mordaza, y la persecución y encarcelamiento de blogueros, raperos y otras víctimas de los ataques contra el derecho a la expresión, la protesta y la manifestación.

Este autoritarismo afecta hoy también a los defensores de la causa palestina y a los opositores a la normalización, que son impedidos y reprimidos y contra quienes se desarrolla una amplia campaña de difamación mediante ejércitos electrónicos, simplemente por defender el derecho del pueblo palestino a la vida y sus derechos históricos, justos y legítimos, por oponerse al genocidio y a la arrogancia sionista e imperialista y a sus ataques contra la soberanía de las naciones y por el asesinato de sus niños y mujeres, así como por resistirse a la penetración sionista en nuestro país a través de la normalización en diversos niveles y de una manera que amenaza la soberanía nacional sobre las decisiones políticas y económicas, así como sobre las riquezas y recursos del país, sus tierras y sus instituciones soberanas y estratégicas.

A esto se añade que estas elecciones se celebran en el contexto de la mayor «huida colectiva», que ha hecho sonar una verdadera alarma y constituye un juicio contra todas las políticas antipopulares y antisociales, después de que más de 70.000 marroquíes, en su mayoría jóvenes y menores, emprendieran un éxodo colectivo hacia Ceuta y, en menor medida, Melilla, huyendo de una realidad de pobreza, miseria, desempleo, marginación y represión, así como de políticas y políticos que profundizan la pérdida de esperanza y confianza y no ofrecen ninguna respuesta social a una realidad en crisis más allá de nuevas medidas de seguridad, vallados y represión.

Todo ello acompañado de la indiferencia ante las víctimas del éxodo colectivo enterradas en los cementerios de Ceuta sin siquiera identificar sus cuerpos ni entregar sus restos a sus familias para que puedan enterrarlos en sus ciudades y pueblos, y de la indiferencia ante la situación trágica de quienes permanecen en Ceuta, enfrentados al hambre y la sed y a las agresiones de la policía española y de la extrema derecha hostil a los migrantes.

Las cifras del Ministerio del Interior muestran que el número de inscritos en los censos electorales es de 15.801.162, de un cuerpo electoral de aproximadamente 27 millones de personas con derecho a voto, es decir, alrededor del 63 % del electorado. De ellos, los jóvenes de 18 a 24 años representan apenas el 4 %, lo que refleja una amplia abstención de los jóvenes a la hora de inscribirse en los censos electorales y una pérdida de confianza en instituciones que carecen de verdaderas competencias constitucionales para legislar, controlar la acción gubernamental y aprobar leyes y decisiones acordes con sus aspiraciones y expectativas.

Esto es especialmente evidente porque la denominada «regla de oro» del artículo 77 de la Constitución marroquí otorga al Gobierno el derecho a rechazar cualquier propuesta o enmienda parlamentaria que, en materia de ley presupuestaria, suponga una reducción de los recursos públicos, la creación de un gasto público o el aumento de un gasto existente. Esto significa convertir el Parlamento en una cámara de registro de posiciones y propuestas, sin posibilidad alguna de hacerlas efectivas y aplicarlas en la realidad, debido al veto permanente del Gobierno en nombre del «mantenimiento del equilibrio de las finanzas públicas».

Por otro lado, los programas de desarrollo, que constituyen una apuesta para cualquier programa de gobierno, han quedado fuera del horizonte del mandato gubernamental y ya no dependen del programa del próximo Gobierno ni estarán sometidos a control parlamentario. El Ministerio del Interior ha recibido la misión de supervisar la elaboración y ejecución de la «nueva generación de programas de desarrollo territorial», cuya duración se ha fijado en ocho años y cuyo presupuesto ronda los 210.000 millones de dírhams.

Mientras tanto, las grandes orientaciones políticas y económicas del Estado no están sometidas directamente a ningún Gobierno ni Parlamento, sino que son competencia exclusiva del Rey, a través de los «ministros de soberanía» y del «Gobierno en la sombra».

El primer principio de la soberanía popular es que el pueblo sea la fuente fundamental de todos los poderes y que las instituciones emanen de la voluntad popular y estén sometidas a la autoridad del pueblo, que tiene derecho a elegir a sus representantes y revocarlos, a elegir las orientaciones políticas, sociales y económicas del Estado y a someter la legislación a su control.

Esto no se cumple con unas elecciones celebradas en el marco de una Constitución otorgada que no refleja la voluntad popular, ni en la forma en que fue elaborada y aprobada ni en su contenido, y que no concede a las instituciones elegidas verdaderas competencias para ejecutar sus programas y los compromisos contraídos con sus electores.

En principio, el periodo electoral, tanto para quienes participan como para quienes boicotean o se abstienen de votar, debería ser un momento para abrir el debate sobre las prioridades nacionales, sobre el modelo democrático deseado, sobre la realidad social de la clase trabajadora y de las masas populares en general, sobre la situación de las libertades democráticas, políticas y sindicales en nuestro país y sobre las reivindicaciones obreras y populares y sus expectativas.

¿Existe un debate real sobre la subordinación de las decisiones económicas y sociales del país a las imposiciones de las instituciones financieras internacionales, después de haber inflado la deuda externa y destinado el presupuesto público al pago de sus intereses y principal a costa de la educación, la salud, los puestos de trabajo y el desarrollo real?

¿Existe un debate real sobre la puesta en manos del saqueo imperialista de la soberanía, las riquezas y los recursos del país en nombre de la asociación y el libre comercio?

¿Existe un debate real sobre la normalización y la penetración sionista en nuestro país, que ha alcanzado todos los ámbitos hasta el punto de amenazar nuestra soberanía alimentaria y energética?

¿Existe un debate real sobre la subordinación a las agendas del imperialismo estadounidense en nombre de la defensa de nuestras cuestiones de integridad territorial y sobre la apertura de nuestra soberanía a las bases militares estadounidenses?

¿Existe un debate real sobre las soluciones nacionales soberanas capaces de proteger nuestra integridad territorial y recuperar Ceuta y Melilla ocupadas, así como todas las islas y peñones ocupados, sin someterse a los chantajes de las fuerzas imperialistas ni a sus soluciones que fragmentan la unidad y la soberanía del país y profundizan su dependencia y el saqueo de sus riquezas y recursos?

¿Existe un debate real sobre la necesidad urgente e inmediata de vaciar las cárceles de presos políticos y liberar inmediatamente a los presos del Hirak del Rif y a todos los presos políticos, presos de conciencia, opositores a la normalización y jóvenes de la Generación Z, y poner fin a todas las formas de autoritarismo de seguridad y despotismo?

¿Existe un debate real sobre las políticas de privatización, liberalización económica y gestión delegada que han contribuido a desmantelar los servicios públicos y a someter a los hijos del pueblo a la codicia y explotación del capital y de sus oligarcas?

¿Existe un debate real sobre la situación de la educación y la salud públicas y sobre las políticas educativas y sanitarias capaces de garantizar a los hijos del pueblo marroquí el derecho a una educación pública, gratuita y unificada, y a una sanidad pública, gratuita y de calidad?

¿Existe un debate sobre las raíces sociales y políticas de la emigración colectiva de los jóvenes y de los hijos e hijas del país, y sobre las tragedias que ha dejado tras de sí ante el silencio y la indiferencia del Gobierno?

¿Existe un debate real sobre la protección de los sistemas de pensiones y de la protección social frente a todas las formas de liquidación y de ataque a las conquistas de la clase trabajadora en nombre de la reforma, sobre el restablecimiento de la jubilación a los 60 años y sobre la asunción por parte del Estado de sus responsabilidades sociales para garantizar la sostenibilidad de los fondos, resolver sus desequilibrios y preservar su sistema de reparto?

¿Existe un debate real sobre la crisis generalizada del desempleo entre los jóvenes y sobre cómo resolverla mediante suficientes contrataciones en la función pública y mediante empleos estables?

¿Existe un debate real sobre las condiciones de la clase trabajadora marroquí en el sector público y en el privado, especialmente en las zonas francas, donde se producen explotación, despidos colectivos y ataques contra las libertades sindicales y el derecho a la organización sindical?

¿Existe un debate sobre las luchas obreras contra los despidos arbitrarios y colectivos, sobre las formas de respaldarlas y apoyarlas y sobre cómo hacer realidad sus reivindicaciones justas y legítimas?

¿Existe un debate real sobre los mecanismos y medidas sociales capaces de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, detener el vertiginoso aumento de los precios y recuperar el papel social del Fondo de Compensación?

Lamentablemente, este debate está ausente, al igual que estas preguntas están ausentes de las preocupaciones de quienes participan en las elecciones. Se estrechan los espacios de debate y la libertad para utilizar sus espacios públicos y los medios de comunicación públicos por parte de quienes boicotean y quienes se abstienen de votar para expresar libremente sus opiniones y posiciones. Las preocupaciones reales de la clase trabajadora y de las masas populares en general están ausentes de los programas políticos presentados, y el único debate que se impone es el de los escaños y la competencia por presentar promesas electorales de las que rápidamente se reniega desde el primer día de la formación de la mayoría gubernamental.

Esto convierte estos procesos electorales en una mera fachada y un mecanismo para conferir una apariencia democrática a instituciones formales sin poder alguno y para legitimar la aplicación de políticas antipopulares y antisociales, así como para desviar la conciencia de la clase trabajadora y de las masas populares en general, haciéndoles creer que pueden apostar por uno u otro actor, o por una u otra institución formal, para cambiar sus condiciones sociales y económicas.

No nos hacemos ninguna ilusión respecto al proceso electoral del 23 de septiembre y no podemos alimentar ninguna ilusión sobre la posibilidad de que de él surja un Gobierno que exprese las aspiraciones populares, ni siquiera sobre la posibilidad de utilizar su institución legislativa como plataforma para denunciar las políticas antipopulares y plantear las reivindicaciones obreras y populares, en un equilibrio de fuerzas sesgado a favor del autoritarismo y la oligarquía, y en ausencia de una representación política independiente de la clase trabajadora que contribuya a una verdadera definición política y a la conducción de una lucha política, obrera y popular capaz de imponer instituciones democráticas reales que encarnen la voluntad popular, protejan la soberanía nacional y respondan a las reivindicaciones de la mayoría del pueblo, de los trabajadores de las ciudades y de los pueblos.

Esta es la verdad que debe decirse a las masas con toda claridad: las elecciones, por su contexto, su naturaleza, sus leyes, las competencias de las instituciones que de ellas emanan y el clima antidemocrático en el que se celebran, no pueden producir más que instituciones formales sin autoridad, que no serán sino servidoras de los intereses del capital y de la oligarquía y que solo contribuirán a perpetuar el autoritarismo, la dominación y la explotación.

No hay otra apuesta que fortalecer las herramientas de la lucha obrera y hacer que la clase trabajadora vuelva a apropiarse de ellas, sacándolas de los pantanos de la colaboración y la cooperación de clase y preservando su independencia de clase frente a las ilusiones de la «participación electoral» y del «voto de castigo», y trabajar por construir el partido de la clase trabajadora y de todos los explotados, con vistas a construir un Marruecos de libertad, dignidad y justicia social.

Por el Comité editorial

¡No hay otra apuesta que la lucha obrera y popular para imponer las reivindicaciones y aspiraciones populares!

Correo electrónico: akhbar.oumaliya@gmail.com