Cinco años en defensa del sistema público de pensiones

Cinco años de  movilizaciones  llevamos los pensionistas del estado español, pero son más los años que los diferentes partidos que los diferentes gobiernos tanto a nivel del estado como al de las autonomías llevan intentando por todos los medios acabar con el sistema público de pensiones.

  No porque el sistema sea imposible de mantener, ya que cuando un sistema es deficitario pero necesario lo primero que se hace es inyectar la cantidad de dinero suficiente para hacerlo viable. 

Lo podemos ver muy claramente en el ejército, todos los años inyectando dinero porque parece que se le considera necesario. 

O lo que recientemente se hizo con el sistema bancario Español, que a priori parecía terriblemente sólido, pero tuvo que ser rescatado mediante fondos públicos obtenidos de los impuestos de todos los ciudadanos. Directamente para la banca, fueron 65.000 millones de euros aportados a toca teja por el Gobierno del estado y 35.000 millones de euros  para  el SAREB, también  llamado banco malo.

Parece increíble que quienes hacen negocios con el dinero ajeno disfruten de salarios y pensiones de escándalo y  nos cobran intereses que rayan la usura hayan sido tan malos gestores.

Sin embargo de este derroche de los impuestos de los ciudadanos, en su mayoría clase obrera (por aquello de que,”Hacienda somos los que pagamos“)  no se  habla ya al contar con el silencio cómplice del Gobierno progresista español y la Unión Europea.

Hablemos ahora de cuando un sistema, no se quiere que siga funcionando con independencia de si éste es viable o no.

De un lado tenemos a los cotizantes a la Seguridad Social en buena parte con salarios de miseria, de los que se dice siempre con toda hipocresía que no tienen que ser quienes siempre paguen los platos rotos pero los pagamos. Esos que son los seguros cotizantes a la caja única de la Seguridad Social a través de su nómina, esos que para conseguir aquello que les es necesario para la subsistencia, no van de despacho en despacho sino que se ven obligados a ir de calle en calle. 

Del otro lado las aseguradoras, los grandes grupos de inversión, y la banca. Esos que pese a incrementar constantemente sus beneficios, tuvieron que ser rescatados, ayudados, saneados, etc., y que jamás sufren las consecuencias de sus actos.

Pues bien, la caja única de la seguridad social que es vital para los trabajadores  es claro objetivo del capitalismo por el volumen de negocio que representa. 

En la sanidad pública dependiente de la Seguridad Social, imprescindible para la supervivencia de millones de jubilados, hace años, que empezaron por externalizar los diversos servicios de hospitales y ambulatorios hasta llegar a privatizarlos e incluso a abandonarlos cuando ya no les eran rentables. Y pese a ello la caja única fue respondiendo. 

Pero el interés es muy  fuerte y por lo tanto siguen intentando apropiarse de ella dando otra vuelta de tuerca, esta vez contra los profesionales de la sanidad.

Durante estos cinco años los pensionistas hemos luchado por la defensa del sistema de pensiones, y de la sanidad, en definitiva  en defensa de  la Caja Única. Hemos recogido firmas para saber exactamente que ha pasado con nuestras aportaciones a esa caja. Sabedores que el Tribunal de Cuentas, ya ha reconocido la desviación de fondos  por más de 103.690 millones de euros, entre 1989 y 2013 hemos forzado una ley que obliga a la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, aprobada por el Parlamento, el 21 de diciembre de 2021, mediante la Ley 21/2021. Con  plazo de finalización el 31 de julio de 2022. 

Mientras nos preparan para que votemos nos encontramos conque el Gobierno que propuso esta misma ley la incumple y nos dice que no es el momento, que igual la hacen ellos mismos haciéndose juez y parte.

Ninguno de los pretextos argumentados sirven para callarnos.

Queremos saber el monto total del dinero desviado, y que lo restituyan. 

Los parlamentarios que apoyaron esta ley deben exigir la ejecución de esa auditoria. De lo contrario no nos sirven, porque no sirven al pueblo. 

Pese a que  tanto la Ley de Seguridad Social, en su artículo 109, como la Constitución en su articulo 41 facultan al Estado a hacer aportaciones a la caja única de la Seguridad Social, no solo  no se hace, si no que se evitar rendir cuentas de sus actos y de los actos de otros, en definitiva un sistema que funciona, pero que no quieren que funcione.

La privatización paso a paso.

El pasado 22 de junio de 2022, el Senado aprobó definitivamente  la Ley de Planes  de Pensiones de Empleo que el Congreso ya había aprobado el pasado 9 de  junio. 

Para el Gobierno de coalición y sus defensores, consideran que lo aprobado tiene como objetivo un complemento de ahorro para sumar a la pensión de jubilación. 

¿Como se ha aprobado esta ley?

Han tenido que repetir las votaciones 3 veces, TODAS ELLAS CON  IGUAL RESULTADO:  126 votos a favor, entre los que están los presuntos “progresistas” que apoyan al gobierno, mas el PNV. Y otros 126 en contra porque quieren privatizar más rápido y las 4 abstenciones de Bildu, demonimada izquierda abertzale, que apunta a un intento de quedar bien, entre unos y otros sin tener en cuenta que un solo voto en contra más habría paralizada dicha ley privatizadora.

Tras la aprobación de la Ley, el ministro de Seguridad Social ha respirado tranquilo y satisfecho. Ahora, dice: “Los planes de pensiones de empresa, permitirán que  autónomos, asalariados de la PYMES, o empleados públicos de pequeñas entidades. dispongan por fin, de un sistema de ahorro seguro y de bajo coste”. 

Para la  senadora  María Dolores Etxano, del PNV, ”(…) lo aprobado, para nada es sustitutivo de las pensiones públicas (…)”. Normal, es sabida la relación de este partido con el capital financiero, que no tiene patria.

Pero nuestro ministro de Seguridad Social, que está en un sin vivir, le queda ahora  en obediencia a la UE y sus banqueros aumentar los años de cotización para tener derecho a una pensión. Y quizás si ese sufrimiento sigue siendo muy intenso, ver como liquidar parte o todas las posesiones de la Seguridad Social.

Visto desde Euskadi lo sucedido con la educación, lo que está sucediendo con la sanidad, y lo que pretenden con las pensiones, es evidente que el traspaso de competencias autonómicas solo ha sido un medio para hacer pasar servicios públicos a unos privadas y dividir a los trabajadores.

Defender la Seguridad Social y la Sanidad Pública debería ser prioritario, pero requiere del deseo firme de los trabajadores, de una sociedad convencida de lo que le quieren quitar.

Según los hechos y las justificaciones para ellos vividas en Cataluña por quienes agreden de esta manera a la supervivencia de millones de trabajadores la aplicación de un 155 a todos ellos por atentar gravemente contra la salud, el bienestar y la educación de los ciudadanos. Es decir, por atentar contra esa España de la que tanto se llenan la boca.

Eduardo López,
Plataforma UNIDAD, Leioa (Bizkaia)