Ante la expulsión de Alberto Rodríguez de su escaño

Publicado el por Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)

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Declaración del CATP del 28 de octubre de 2021

Alberto Rodríguez, diputado en Cortes por Tenerife, elegido por más de 64.000 ciudadanos y ciudadanas, ha sido privado de su escaño. Es una decisión gravísima, un atropello antidemocrático que debe ser rechazado por cualquier persona demócrata.

Para expulsar a Alberto, el Tribunal Supremo le condenaba primero, el 7 de octubre, a 45 días de prisión por un supuesto “atentado a la autoridad”, al considerar probado que dio una patada a un policía durante una protesta popular en 2014. Es una sentencia inicua. Se condena a Alberto sin ninguna prueba más que el testimonio del policía, lo que ya de por sí vulneraría la presunción de inocencia. Pero encima lo que dice el policía se contradice con lo que se ve en videos grabados en aquel momento.

Tras haberle condenado sin pruebas, el juez Marchena –el mismo que presidió la Sala que condenó a los dirigentes republicanos catalanes- presionó desde el mismo momento de la sentencia a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, para que expulsara a Alberto Rodríguez de su escaño parlamentario. Finalmente, Batet, contradiciendo los informes de los propios letrados de las Cortes, ha decidido destituir como parlamentario a Alberto.

De este modo, el falso testimonio de un policía y la actuación de un puñado de jueces franquistas se impone para echar a un diputado elegido con el voto de más de 64.000 personas. No es la primera vez que algo así sucede. En 2017, fue expulsado de su escaño Francesc Homs, diputado del PDeCAT condenado por el Tribunal Supremo por desobediencia, por haber convocado y mantenido la consulta del 9-N pese a estar suspendida. Lo que demuestra, una vez más, la incompatibilidad entre la justicia monárquica heredera del franquismo y las libertades”

Podemos, el partido al que pertenecía Alberto Rodríguez, ha criticado la decisión y anunciado acciones legales. La reacción de Podemos ha desencadenado toda clase de críticas y presiones por parte de los medios de comunicación franquistas y del “poder judicial”, tan franquista como ellos. El Consejo General del Poder Judicial sacó una declaración institucional en la que decía que “atribuir la comisión de un delito a sus magistrados excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del poder Ejecutivo”. El CGPJ añade que “la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial” (como si el aparato judicial heredado del franquismo fuera una institución democrática)

La democracia exige el respeto al mandato de los representantes elegidos. Ningún juez franquista tiene derecho a echar a un diputado elegido por el pueblo. Por ello, afirmamos nuestra solidaridad con Alberto Rodríguez, exigimos que sea reintegrado a su escaño y reiteramos nuestra convicción de que defender la democracia exige liberarse del aparato judicial heredado del franquismo. Exige luchar por la República.

Email: conferencia.catp@gmail.com

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