Sobre un barril de pólvora
Parecemos vivir en dos mundos paralelos, por un lado desde las autoridades, incluso internacionales, se nos pretende presentar un panorama de crecimiento récord, de recuperación de la economía y negociación de presupuestos que aseguran el crecimiento y, se supone, la satisfacción de las necesidades de la población, en particular la trabajadora.
Por el otro el Estado reconoce una deuda abismal, de un 125% del PIB o sea 1,25 veces lo que produce el país en un año. Deuda que a corto o mediano plazo habrá que pagar, y que caerá sobre la población, que ya sufre años de recortes, de pérdida del poder de compra de los salarios.
A ello se suma ahora la subida de precios -no solo la luz-, que triplica la subida de los salarios de convenio y de los empleados públicos, y duplica la subida tan cacareada del SMI (15 euros, o sea, la mitad de la inflación del año). Y se anuncian numerosos planes de “reestructuración” con ERES y despidos. En esos, no hablamos ya de perspectivas de futuro, sino de la realidad cotidiana.
Es evidente que España no vive en un oasis. Sufre de frente el vendaval que sufren todas las economías europeas, pilladas entre dos fuegos, Estados Unidos y China, enzarzados en una competencia de la cual buscan que salgan perdedores los terceros países. Lo que señala en particular a Europa y su industria. Cómo comprender, si no, el ERTE de 9 meses en Seat.
Además, los trabajadores y los pueblos de España sufren una doble pena. A los imperativos del poder financiero se suma la corrupción y parasitismo de las instituciones heredadas del franquismo, que muestran a cada paso su carácter antidemocrático y antisocial, así como su disposición a dinamitar cualquier salida política que de cerca o de lejos corresponda a los intereses de la mayoría. Se aferran a leyes represivas como la ley mordaza, que el gobierno servilmente aplica, o al arbitrio judicial, muy selectivo, por cierto, pues al mismo tiempo que persiguen por tierra, mar y aire a Puigdemont, el “emérito” sigue gozando del exilio dorado.
Hay una bomba social
No es por casualidad que Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, declarara en entrevista en La Vanguardia (19 de septiembre) que en España “hay una bomba social que estallará si faltan ayudas” (como buen representante de la Iglesia no habla de reivindicaciones y derechos sino de ayudas, o sea, limosnas para impedir una explosión social).
En efecto las causas se amontonan para provocar no sólo la indignación, sino la multiplicación de la resistencia que ya existe, hacia una revuelta social,
Partidarios de la defensa intransigente de los derechos sociales y democráticos de la mayoría, conscientes que estos derechos son incompatibles con el régimen monárquico y la “corte” que le rodea así como con los intereses del capital financiero que se parapeta detrás de ellos, constatamos la incapacidad, debilidad, impotencia o como se le llame, del gobierno progresista para hacer frente a esta situación.
Todo esto demuestra que solo la resistencia, el combate unido de trabajadores y pueblos, puede dar una respuesta positiva.
Por ello apoyamos con todas nuestras fuerzas la marcha a Madrid de los pensionistas y sus organizaciones en defensa del sistema público exigiendo una auditoría sobre las cuentas,
Es un llamado a todos los trabajadores, a la juventud, a las organizaciones, a resistir, a combatir, a defenderse. Esta es la vía.
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