La asfixia económica de la universidad pública: el caso de la Complutense (UCM)
La principal fuente de ingresos para las universidades públicas madrileñas es la partida que reciben de los presupuestos regionales. El resto depende, principalmente, de las tasas que se cobran a los estudiantes. En términos reales, una vez descontado el efecto de la inflación, la asignación que recibieron en el año 2025 del ejecutivo madrileño fue un 18% menor que la de 2008.
El de la Comunidad de Madrid no ha sido el único Gobierno regional en auspiciar la privatización de la enseñanza universitaria durante las últimas décadas. No obstante, sÍ ha destacado por la beligerancia del ataque dirigido contra la enseñanza pública, especialmente desde que Ayuso llegara al poder.
La estrategia responde al patrón usado tradicionalmente. Por una parte, se ha favorecido la entrada de capital al sector universitario, estableciendo un marco regulatorio cada vez más laxo para los centros privados. De este modo, en el curso 2024/25 el número de entidades privadas duplica al de los centros públicos (14 frente a 7). No solo eso, sino que las universidades privadas absorben una fracción creciente de los estudiantes en la región: si en el curso 2009/10 el 20% de los universitarios estaban matriculados en universidades privadas, en el curso 2024/25 este porcentaje ascendía hasta el 37,7%.
Por otra, se ha socavado el sistema público madrileño, erigiéndose la infrafinanciación de las universidades como el principal eje sobre el que sustentar este ataque. La UCM ha sufrido de manera especialmente virulenta esta agresión: sus necesidades financieras son más elevadas al ser la más antigua de la región y la que mayor número de estudiantes acoge. Sin embargo, se encuentra en una situación de verdadero colapso financiero como consecuencia de la asfixia económica a la que la llevan sometiendo los diferentes Gobiernos al frente del ejecutivo de la región.
La principal fuente de ingresos para las universidades públicas madrileñas es la partida que reciben de los presupuestos regionales. El resto depende, principalmente, de las tasas que se cobran a los estudiantes. En términos reales, una vez descontado el efecto de la inflación, la asignación que recibieron en el año 2025 del ejecutivo madrileño fue un 18% menor que la de 2008. Actualmente, la Comunidad de Madrid es la que menos inversión pública destina por estudiante y la que mayores tasas cobra por el acceso a la educación superior. Todo ello se traduce en unos mayores niveles de precariedad en la plantilla de trabajadores, que redunda de manera negativa en su actividad laboral. Estas cifras refutan el discurso oficial del Gobierno regional, que alude a la mala gestión de los recursos por parte de los gestores para explicar la situación actual de la UCM.
Estos recortes se han agudizado en el último año. El recorte presupuestario nominal ha sido de más de una tercera parte del presupuesto, lo que ha bloqueado la actividad ordinaria en la UCM (suspendiendo convocatorias de proyectos de innovación docente, cancelando la financiación de los grupos de investigación, lo que cuestiona su propia supervivencia, etc.). La situación es tan grave que para abordar sus gastos corrientes la UCM ha tenido que solicitar un crédito al Gobierno regional por valor de 34,46 millones de euros… ¡la institución responsable de que se encuentre en esta situación límite! Esto aboca a la UCM a un recrudecimiento de los recortes, no solo porque se usará como coartada para justificar la implementación de un severo programa de austeridad sino porque exigirá la dedicación de una parte de la asignación recibida al pago de intereses (hasta 4,4 millones de euros). El incremento de la financiación a las universidades recogido en los presupuestos del 2026, de un 6,47% (inferior al promedio del 6,98%), es claramente insuficiente y agrava la situación.
Frente a esta ofensiva, el estudiantado y las trabajadoras de las universidades públicas se han movilizado con el objetivo de reivindicar los recursos necesarios para garantizar una docencia de calidad y un marco sólido para investigar. En definitiva, para construir un sistema universitario público de calidad que blinde el derecho democrático a la enseñanza. El pasado otoño se convocaron dos jornadas de huelga y, gracias al trabajo realizado en las asambleas, organizadas a través de la plataforma UCM por la pública y respaldadas por las organizaciones sindicales, se consiguió paralizar la actividad en la UCM. Estas movilizaciones deben tener continuidad en los próximos meses y no deben parar hasta que se consiga doblegar la estrategia de privatización impulsada por el Gobierno de Ayuso.
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