Huelga en las universidades madrileñas el 28 de abril. ¡La universidad pública lucha por su supervivencia!
La universidad pública es el principal medio del que dispone una sociedad para promover el conocimiento científico, incluida la formación de las personas que lo deseen (es decir, la garantía del derecho a la educación en su nivel superior).
El pasado 28 de abril distintos colectivos, organizaciones y asambleas universitarias madrileñas convocaron una jornada de huelga, en confluencia con la impulsada en el conjunto de la enseñanza pública de la región.
La razón de la protesta, obvia, era el rechazo a la sistemática agresión que le inflige el gobierno autonómico.
La jornada de movilización incluía asimismo una manifestación, que no pudo realizarse por el caos provocado por el apagón.
A pesar de ello, la jornada fue indudablemente un éxito, que revela la voluntad de resistencia ante los ataques al derecho democrático a la educación, que obviamente solo puede asegurar la enseñanza pública.
La universidad pública es el principal medio del que dispone una sociedad para promover el conocimiento científico, incluida la formación de las personas que lo deseen (es decir, la garantía del derecho a la educación en su nivel superior).
Pero una universidad pública digna de este nombre requiere una normativa que la proteja como tal y la consecuente dotación presupuestaria para cubrir la plantilla y las infraestructuras necesarias, así como el sistema de becas que asegure que nadie se queda fuera por razones económicas.
Aunque esto nunca se logró plenamente, sí se conquistaron ciertas cotas que hoy son objeto de ataques sistemáticos. De forma generalizada y de una forma particularmente agresiva en la región de Madrid.
Por una parte padecemos un marco legal que no garantiza lo importante: la nueva ley, la LOSU de 2023, es continuidad directa de la vieja LOU de 2001; como se revela, por ejemplo, en el mantenimiento de los llamados consejos sociales, una instancia para la privatización, con competencias como la aprobación del presupuesto (en la Complutense el consejo social lo dirige Jesús Nuño, expresidente de El Corte Inglés).
Incluso el ambiguo objetivo de la LOSU de que se dedique a la universidad pública el 1% del PIB es puramente declarativo, ya que no está respaldado por ninguna norma que garantice la dotación presupuestaria. Por otra parte y por esto mismo, padecemos una infradotación crónica: en todo el Estado la financiación ha caído en términos reales desde 2009, ya que su aumento nominal del 4,9% es muy inferior al de la inflación, oficialmente el 33,3% (en tres autonomías se han reducido los fondos en términos nominales: 1,9% en Canarias, 5,1% en Madrid y 10,9% en la Comunidad Valenciana).
Es decir, una grave insuficiencia de medios que provoca destrucción y precarización del empleo (con prácticas tan aberrantes como la medición de los méritos académicos del profesorado, en gran medida privatizada), además de escasez de infraestructuras, etc.
Para ilustrar la gravedad del problema, veamos el caso de Madrid con un ejemplo: para el presente año 2025, el presupuesto de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Complutense ha caído de 911.318 euros a solamente 584.065, es decir, más de un tercio, un 36%.
¿Qué significaría una reducción así en el ingreso para una familia de clase trabajadora, a la que no le sobran recursos, sino que ya tiene dificultades para llegar a fin de mes? Significaría renunciar a algunos consumos imprescindibles para una vida no muy precaria: ajustar el gasto en alimentación, en consumo energético… es decir, asumir una vida de privaciones: la pobreza que impide el desarrollo de una vida plena. La analogía es elocuente: en la facultad del ejemplo, cuyo presupuesto ya era exiguo, si no se revierte el recorte anunciado la realidad cotidiana estará presidida por las privaciones: una facultad (aún más) pobre que le impedirá cumplir sus funciones plenamente.
Del curso 2009-10 al 2021-22 las tasas han aumentado un 40,1% en Madrid, el 39,0% en Navarra y el 32,8% en Cataluña en la primera matrícula en estudios de grado (las siguientes matrículas cuestan más
porque la repetición está penalizada, lo que castiga más al estudiantado que debe compatibilizar trabajo y estudios).
El sistema de becas apenas lo contrarresta. Eva Alcón, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), lo planteaba con claridad: «Un estudiante que no puede acceder a una universidad pública y su familia tiene los recursos necesarios, puede ingresar en una privada. Entonces ¿por qué las públicas no ofrecemos más plazas? […]: porque no tenemos recursos públicos necesarios. Implicaría desdoblar grupos, contratar a más profesorado, se necesitan instalaciones…».
Y se expanden las universidades privadas -algunas difícilmente considerables como auténticas universidades: hoy existen 50 universidades públicas y 46 privadas (y otras 10 en proceso de aprobación, todas privadas). En 1998 eran 50 y 15. Esto es, las 31 nuevas de estos últimos 27 años son privadas (algunas legalizadas pese a no cumplir los requisitos legales).
En este curso los másteres privados tienen más estudiantes que los públicos y en carreras como Medicina entran más estudiantes en las privadas (con matrículas de hasta 23.000 euros por curso, frente a los alrededor de 1.200 de las públicas).
Entre las privadas las hay religiosas (de obispados, Opus Dei, Asociación Católica de Propagandistas, Jesuitas y Legionarios de Cristo), de la banca, de capitalistas como el dueño del club de fútbol Deportivo Alavés, de grandes empresas como Planeta o Vocento, etc.
Un gigantesco negocio -también de adoctrinamiento- considerando que ya antes de la pandemia, en el curso 2019/2020, las familias gastaron 6.622 millones en educación privada universitaria.
Ninguna persona que defienda un derecho democrático tan elemental como la educación puede resignarse ante este proceso, que no resulta exagerado caracterizar como de destrucción de la universidad pública digna de este nombre, universidad y pública.
Por eso la universidad pública va a seguir movilizándose, instando al conjunto de la sociedad que defiende el derecho democrático a la educación a que lo haga con ella.
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