Hacer frente al desastre social
Los defensores del régimen monárquico están muy preocupados por la fractura política abierta el 16 de diciembre con la decisión del Tribunal Constitucional de suspender las votaciones de las Cortes sobre el cambio del modo de elección del TC y el CGPJ. Y, por esos, muchos han respirado aliviados cuando tanto la presidencia del Congreso como la del Aenado y la portavoz del Gobierno acataron el dictado del TC.
Y más aún cuando días después el Gobierno de coalición decidió retirar su intención de presentar una propuesta de ley al respecto.
Se justifique como se quiera, se trata de una verdadera capitulación del gobierno, ante los que antes se llamaba eufemísticamente los “poderes fácticos”, es decir, hablando en claro, las instituciones heredadas del franquismo presididas por el rey, hijo del designado por Franco. Quien acaba de pedir en su discurso de la “pascua militar” más subidas del gasto militar, no conformándose con el 25 % que ha aumentado este año.
Lo sucedido demuestra que nadie se puede llamar a engaño sobre quién, en lo esencial, gobierna aquí.
Como si no hubiera pasado nada, el Gobierno ha anunciado, a bombo y platillo, un arsenal de medidas sociales. Los miembros de Podemos presumen de que se deben a su influencia. Hay que analizar qué representan estas medidas. En su conjunto, suponen un gasto de poco más de 10.000 millones, frente a los 30.000 que Hacienda ha ingresado, por encima de lo previsto, en impuestos. O los 25.000 millones de gasto militar reconocido (todo el mundo sabe que gasto real es casi el doble, disimulado en diversos conceptos de los presupuestos).
En todo caso, se trata de medidas que no bastan para hacer frente al desastre social, que no pasan de ser subsidios, que no corresponden a reivindicaciones. Con una excepción, el aumento de las pensiones según el IPC medio, conseguido gracias a años de lucha por los pensionistas y sus reivindicaciones.
El Gobierno pretende encarar este 2023, año electoral, con estas medidas. Y dejar de lado el cumplimiento de compromisos electorales como la derogación completa de la Ley Mordaza. O de acuerdos parlamentarios como la auditoría de cuentas de la Seguridad Social.
Pero, para los trabajadores y los pueblos, las verdaderas reivindicaciones siguen pendientes, empezando por la exigencia de aumento de salarios y pensiones según el IPC real. Una exigencia que tiene en su centro a los sindicatos, que, para responder a ella, tendrían que abandonar su política práctica de pacto social.
Y poner fin, con medidas eficaces y no sólo con mínimas rebajas de impuestos, a las subidas abusivas de los precios de los alimentos y otros artículos de primera necesidad, así como de las hipotecas.
Todo lo cual pone sobre la mesa una cuestión política: para que las demandas populares puedan ser satisfechas, es necesario, más que nunca, acabar con el poder de las instituciones franquistas, o sea, instaurar la democracia en este país.
Ambas cuestiones están relacionadas y se traducen, en cierta medida, en acabar con la política de guerra, con los monstruosos gastos militares y la sujeción a la OTAN. Y trabajar por poner fin a la guerra, que nos lleva a la ruina de la industria y las subidas monstruosas de precios.
Esto es lo que está en el orden del día de la mayoría social.
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