Ante las elecciones anticipadas
La misma noche de la jornada electoral del 28 de mayo Pedro Sánchez decidió convocar elecciones anticipadas para el 23 de julio. La derrota electoral de su Gobierno, y particularmente el hundimiento de la componente Podemos /Izquierda Unida del Gobierno, pero también de la mayor parte de los aliados exteriores ponía de manifiesto dos hechos: la mayoría de la población trabajadora –que no votó en su mayor parte a la derecha– no mostraba ningún entusiasmo por la política seguida estos tres años y medio. Esto no impedía que muchos trabajadores no valoraran algunos avances como el aumento del SMI o la revalorización de las pensiones. Cuestiones, por otro lado, que no fueron un regalo del Gobierno sino el producto de la movilización -en especial, la de los pensionistas- o de la resistencia de los sindicatos (por más que venga lastrada por la política de “diálogo social”, por la firma de acuerdos salariales muy por debajo de la inflación).
Muchos trabajadores que ven cómo sus salarios no crecen, mientras se disparan los precios de artículos de primera necesidad y las hipotecas, haciendo cada vez más difícil sobrevivir a fin de mes, se preguntan, con razón, qué hace el Gobierno para solucionar esta situación, y piensan que no ha respondido a sus expectativas, ni cumplido sus promesas, pero se ha enredado en medidas que no aciertan a comprender y se ha negado a rectificar sus errores.
De este modo, el Gobierno de coalición, preso de servidumbres, ha abierto el camino al crecimiento de la derecha en las municipales y autonómicas.
La victoria de las derechas no es inevitable
El Gobierno ha retrocedido cuando tenía que enfrentarse al capital financiero o a las instituciones heredadas de la dictadura, el aparato judicial, el ejército, la Policía, y la Monarquía que las representa a todas. Pero esas instituciones son verdaderos obstáculos a cualquier política o medida favorable a los trabajadores y los pueblos.
El Gobierno se ha sometido, con una auténtica “fe de conversos” a la política de guerra dictada por Biden y aclamada por la Corona, olvidando, por ejemplo, que en 2004 Zapatero ganó las elecciones retirando las tropas de Iraq, que era una promesa electoral.
Lo que sucede en la administración de Justicia ilustra la posición del Gobierno: ha cedido ante las reclamaciones de los jueces y secretarios judiciales, a quienes ha subido el salario 450 euros mensuales, pero se niega a negociar con el comité de huelga del resto de funcionarios, y responde al encierro del comité de huelga en la sede del Ministerio prohibiendo que se les pase alimentos y registrando a los trabajadores que entran en el edifico para evitarlo.
Para la mayoría social parecen incomprensibles buena parte de las disputas dentro del mismo Gobierno, en especial las que se producen en relación a leyes que aportan dudosos avances en el terreno democrático o social, o que se convierten en lo contrario de lo que pretendían.
El desbarajuste de estos días no parece que ayude a despertar el entusiasmo electoral de la población trabajadora y de la juventud, que sólo ven que se cierran las listas con un único mensaje: cero política y batalla encarnizada para conservar puestos.
Sin embargo, los trabajadores ni son, ni se sienten, responsables de la derrota electoral y bien pueden dar un vuelco al respecto. Partimos, pues, de que, desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora, no es lo mismo un Gobierno u otro y la realidad es que en muchos sectores de vanguardia, el “ningún voto a la derecha” y el cerrar el paso a las derechas son ya dos premisas.
Por las reivindicaciones, que hacen la unidad
Por nuestra parte, no somos neutrales. Sabemos que los grandes potentados del capital financiero sueñan con un Gobierno fuerte para llevar a cabo el plan de austeridad que se anuncia desde Bruselas. Plan que en las condiciones actuales significa reducir gastos para pagar la deuda, gastos sociales porque al mismo tiempo se anuncian nuevos aumentos de los gastos militares. Los vampiros del capital y sus medios de comunicación se felicitan de la contraofensiva de Zelenski, que sirve, entre otras cosas, para justificar nuevos recortes, ¡porque hay que ayudar a Ucrania! Como ha dicho en nombre de la UE Josep Borrell: “Si no apoyamos a Ucrania, Ucrania caerá en cuestión de días. Entonces, sí, preferiríamos usar ese dinero en aumentar el bienestar de las personas, las escuelas, los hospitales, las ciudades (…) pero no tenemos esa opción”.
Combatimos para que, desde la clase obrera y sus organizaciones, se establezcan claramente los derechos y reivindicaciones imprescindibles: cada queja hay que transformarla en una acción continuada, en un comité. Cada acción ha de ser un eslabón de la red internacional de lucha contra la guerra. Y centramos todas nuestras fuerzas para que la acción de nuestras organizaciones, en particular sindicales, obedezca a la defensa de las reivindicaciones contra la sumisión a cualquier Gobierno.
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