Sanidad pública: uno de los frentes en los que se dirime la lucha de clases
El ataque a los servicios públicos no es nuevo. Siguiendo el concepto griego «divide y vencerás», aplicado por el Imperio romano de Julio César, el modelo autonómico es utilizado para romper en 17 trozos los servicios públicos, por mucho que las comunidades autónomas nieguen su responsabilidad cuando los efectos de su gestión se ponen en evidencia.
El liberalismo económico ha declarado la guerra a la clase trabajadora: asalariados, pensionistas, desempleados, autónomos y a los jóvenes. Es una guerra desigual, pues cuentan con los medios de producción y el control del capital financiero, tienen a su disposición la gran mayoría de los medios de comunicación y a una cohorte de políticos cooptados que trabajan para sus intereses.
La guerra social contra la clase trabajadora se libra en muchos frentes: la especulación de los precios, la explotación de los asalariados que sufren la precariedad salarial y de sus condiciones de trabajo… y la destrucción de los servicios públicos esenciales.
Este mes de agosto estamos viviendo una ola de incendios que ponen en evidencia el riesgo para la vida que supone la privatización de los medios de prevención y extinción de incendios forestales. Con otras formas, pero con el común denominador de la privatización, es exactamente lo mismo que ocurre en la educación, en las residencias de mayores y en la sanidad, etc.; modelo que pretenden aplicar a las pensiones.
El ataque a los servicios públicos no es nuevo. Siguiendo el concepto griego «divide y vencerás», aplicado por el Imperio romano de Julio César, el modelo autonómico es utilizado para romper en 17 trozos los servicios públicos, por mucho que las comunidades autónomas nieguen su responsabilidad cuando los efectos de su gestión se ponen en evidencia.
El martes 26 de agosto, el personal sanitario del Hospital La Paz (Madrid) está convocado a una huelga por la falta de personal que vienen sufriendo, muy acentuada en los meses de verano, pues no se cubren las bajas por vacaciones. Además, reclaman estabilidad en el empleo y que las condiciones laborales establecidas en el convenio sean respetadas. En el caso concreto de este hospital, denuncian el cierre de 400 camas, un 40% del total de las más o menos 1.000 camas con la que cuenta este centro hospitalario.
La situación en La Paz es extrapolable a cualquiera de los hospitales de cualquiera de las comunidades autónomas.
El deterioro de las condiciones laborales y la no contratación del personal necesario redunda directamente en la atención a los pacientes. Esta situación explica las listas de espera, que en Madrid se sitúan en el entorno del millón de pacientes a la espera de ser atendidos. Les afecta por la saturación de las urgencias hospitalarias, mal dotadas de personal y empujados por la ausencia de facultativos en las urgencias extrahospitalarias y la falta de médicos y pediatras en la red de Atención Primaria.
La consecuencia inmediata es que ese 20% de la población, quienes tienen capacidad económica para costeárselo, acuda a contratar una póliza con alguna de las empresas privadas que hacen negocio con la salud.Sin duda, no hay que quitar el foco de los gobiernos autonómicos, y la movilización en barrios y pueblos, pero se hace necesario dar el paso de la movilización estatal y coordinada para interpelar al Gobierno central, para que legisle contra la lacra de la privatización, por ejemplo, derogando leyes como la 15/97 y toda la legislación que permite este saqueo de lo público, que pone en riesgo la vida de las personas.
Deja una respuesta