La gran mentira de los autónomos
Durante demasiado tiempo, cuando se ha hablado de los autónomos, se ha hecho desde un relato que no explica la realidad. Un relato construido desde las derechas, asumido por casi todo el mundo, que presenta al autónomo como un pequeño empresario, un emprendedor de éxito –o un fracasado por culpa suya–, alguien que juega en una liga diferente al resto de trabajadores. Este relato es falso. Y es profundamente injusto.
En el Congreso de los Diputados quise decirlo claro: el autónomo, antes que nada, es clase trabajadora. Lo repito: clase trabajadora. No es un eslogan, es una descripción material de su vida cotidiana.
Hablamos de más de tres millones y medio de personas en el Estado, cerca de 600.000 en Cataluña, que no viven de la especulación ni del capital, sino de su propio trabajo: quien conduce una furgoneta, abre un comercio, trabaja en un portátil en casa, quien trabaja la tierra. Si no trabajan, no ingresan. Pero, pase lo que pase, pagan siempre.
Trabajadores de primera, trabajadores de segunda
Durante décadas hemos construido, en la práctica, dos grandes bloques dentro de la clase trabajadora.
Por un lado, los asalariados, en teoría con convenio, vacaciones, paro y cierta protección social. Con todas las carencias que queramos, pero con un marco de derechos reconocidos.
Por otro, los trabajadores de segunda, sin horarios claros, sin red de seguridad real, con pensiones futuras de miseria. Estos segundos son, en gran parte, los autónomos. La tesis es muy sencilla, y a la vez demoledora: un autónomo que no llega al salario mínimo no es un emprendedor con mala suerte. Es un trabajador pobre. Y un sistema que trata igual a quien ingresa millones y a quien no llega a final de mes no es un sistema justo de Seguridad Social ni fiscal. Es una trituradora de derechos y de igualdad.
Cotizar poco hoy es condena a la pobreza mañana
Históricamente, cerca del 85% de los autónomos han cotizado por la base mínima. No por que quisieran «cotizar poco», sino porque no podían pagar más. El sistema desgraciadamente se lo permitía, pero a la vez los abogadba a la realidad matemática es aplanadora: quien cotiza menos durante toda una vida laboral, recibe una pensión más baja cuando se jubila.
Cotizar poco no es una ayuda a corto plazo; es una condena a largo plazo. Mirad esta comparación: un autónomo que gana más de 6.000 euros al mes paga unos 600 euros de cuota mensual; un asalariado con un sueldo de 1.500 euros paga casi lo mismo, pero un asalariado que cobra 6.000 euros aporta casi 1.900 euros al mes. Conclusión: quien más gana, si es autónomo, aporta proporcionalmente tres veces menos que un mileurista asalariado. Esto no es justo. Es un sistema regresivo. Pero la parte que más duele: estas cotizaciones más bajas tienen un coste que se pagará durante décadas. Las pensiones de los autónomos hablan solas: pensión media de un autónomo, 942 euros al mes; pensión media de un trabajador del régimen general, 1.487 euros al mes; diferencia: 37% menos. No es casualidad. No es mala suerte. Es un mal diseño. Y hay una trampa más: el mecanismo de las lagunas de cotización. Un asalariado que tiene meses sin cotizar ve cómo el sistema le «llena» estos vacíos con bases mínimas.
Un autónomo, si tiene un año malo y no puede pagar, tiene un cero. Y este cero le arrastra la pensión de por vida. Cotizar poco es lógica de supervivencia a corto plazo. Pero es condena a la pobreza permanente.
Por eso hay que ampliar el catálogo de gastos deducibles para que los ingresos reales se calculen bien. Una peluquera que tiene un local de alquiler paga suministros, invierte en material, no tendría que cotizar como si toda la facturación fuera beneficio neto. Solo cotizando sobre ingresos reales se puede calcular una pensión justa.
Pagar como un Ferrari, recibir como un patinete
Una de las frases que más repiten los autónomos es que pagan como si tuvieran un Ferrari y reciben prestaciones de un patinete. No es una metáfora exagerada, es una descripción precisa. Se les ha dicho, una y otra vez: «Si voláis más derechos, pagáis más cuota». Este mensaje es falso. Los autónomos ya pagan mucho. El problema no es lo que pagan, sino lo que reciben a cambio. El paro de los autónomos –el famoso cese de actividad– es, en la práctica, una ficción burocrática. Sobre el papel existe. En la realidad, seis de cada diez solicitudes se deniegan. Se exigen caídas de facturación del 75%, pérdidas difíciles de demostrar, montañas de papeles.
Cuando el derecho llega, si llega, a menudo lo hace tarde: el negocio ya ha caído, la persona ya se ha hundido. En caso de enfermedad, la crueldad es todavía más nítida. Un asalariado que se pone enfermo cobra una prestación. Un autónomo deja de facturar y, a pesar de esto, tiene que continuar pagando la cuota durante los primeros 60 días de baja. El sistema obliga a miles de personas a trabajar con fiebre, con lesiones, con dolor, por pura supervivencia. Esto no es modernidad económica. Es inhumanidad social. Y si un autónomo de más de 52 años tiene que cerrar el negocio, la caída es al vacío: no hay subsidio específico, no hay red que acompañe hasta la jubilación. Años de cotizaciones que no se traducen en una mínima seguridad.
Una clase trabajadora invisibilizada
Los datos son tozudos: alrededor del 65% de los autónomos ingresan en torno al salario mínimo o por debajo. No hablamos de excepciones, hablamos de la mayoría. Son el albañil que se rompe la espalda a pie de obra, la peluquera del barrio que abre seis días a la semana, el transportista que hace jornadas de 12 o 14 horas, el músico que emite facturas por 250 euros y paga 200 de cuota. Muchos de ellos son, literalmente, trabajadores pobres. Trabajan como mínimo tanto o más que cualquier asalariado, pero sin vacaciones, sin horarios claros, sin la más pequeña garantía de futuro. Y, encima, conviven con figuras pensadas para abaratar costes empresariales a expensas de sus derechos.
TRADE y falsos autónomos: la explotación encubierta
El modelo económico ha encontrado una vía óptima para reducir derechos: sustituir contratos laborales por contratos mercantiles. De aquí surgen los autónomos económicamente dependientes (TRADE) y, sobre todo, los falsos autónomos. Un TRADE, en teoría, tendría que tener cierta protección: contrato, descansos, derechos básicos. En la práctica, estos derechos son a menudo papel mojado. Y el número de personas que tendrían que ser asalariadas, pero facturan como autónomas, se estima en centenares de miles. Se habla de más de 300.000 falsos autónomos, mientras solo unos pocos miles constan formalmente como TRADE. La mayoría no lo son por vocación, sino por imposición. No escogen «ser libres»; los ponen ante la alternativa de facturar o quedar fuera del mercado laboral. Esto no es libertad económica. Es explotación encubierta.
El gran elefante en la sala: la fiscalidad progresiva
Hoy, un autónomo persona física puede llegar a pagar hasta un 45% en IRPF. En cambio, una gran empresa tributa nominalmente el 25% en el Impuesto sobre Sociedades, y a menudo mucho menos gracias a deducciones e ingeniería fiscal sofisticada. El resultado es un diferencial próximo a los 20 puntos. Dicho llanamente: el pequeño autónomo paga proporcionalmente mucho más que la gran corporación. Pero esta desproporción crece cuando la base imponible no refleja los ingresos reales. Si el autónomo no puede deducir los gastos reales de trabajo –el alquiler, la luz, el agua, internet, la renovación de herramientas, el vehículo necesario–, se ve obligado a tributar sobre una cifra hinchada. La solución combina dos acciones: Rebajar el IRPF en los tramos inferiores para los autónomos con rentas bajas y medias, una reducción de 5 puntos supone, para muchos, entre 400 y 600 euros anuales de ahorro. Ampliar las deducciones para que la facturación sea suficiente o bastante baja cuando se restan los costes reales Complementariamente, un incremento moderado del tipo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas podría aportar centenares de millones de euros adicionales sin poner en riesgo ningún proyecto viable.
No piden privilegios, piden derechos
Detrás de todas estas cifras hay una cuestión política y moral de fondo. Los autónomos no piden privilegios. Piden una cosa mucho más sencilla y, a la vez, más revolucionaria: los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Que la cotización por ingresos reales sea de verdad justa y progresiva, sin rendijas para las rentas más altas y sin ahogar a quienes apenas llegan al salario mínimo. Que el cese de actividad sea un paro real, con requisitos razonables y trámites ágiles, y no una carrera de obstáculos destinada a frustrar la mayoría de las solicitudes. Que un autónomo enfermo no tenga que elegir entre curarse o pagar la cuota. Que las prestaciones por maternidad, paternidad, lactancia o curas de menores enfermos sean equiparables a las de los asalariados. Que haya una cuota cero en casos de enfermedad grave, y que el Estado facilite la sustitución temporal para que el negocio no se hunda. Que quien ha pasado toda una vida cotizando como pueda, cuando llega a la vejez, no reciba como única respuesta una pensión de pobreza. Y que, finalmente, los autónomos tengan voz propia en los espacios donde se deciden las políticas económicas y sociales. Que las organizaciones que los representan sean escuchadas por el Consejo Económico y Social. Que no sea la gran patronal quien hable en nombre suyo, porque demasiado a menudo sus intereses son diametralmente opuestos.
Una obligación democrática
Desenmascarar la gran mentira de los autónomos no es un capricho ideológico, es una obligación democrática. Porque detrás del mito del emprendedor libre y autosuficiente hay, demasiadas veces, trabajadores pobres invisibilizados, expulsados de los marcos tradicionales de protección social y convertidos en iconos de una libertad que no tienen. Una sociedad que normaliza que centenares de miles de personas pagan como ricos y cobran como pobres, que trabajan enfermas por miedo a hundirse, que llegan a la jubilación con pensiones indignas después de toda una vida de cotizaciones fragmentadas, no es una sociedad justa. El trabajador autónomo es, sencillamente, un trabajador. Y como tal debe tener derechos plenos y equitativos. Hemos presentado una moción para legislar en consecuencia y corregir las regresividades del sistema; no es hacerles un favor, es cumplir, tarde y con deuda acumulada, el contrato social que se les ha negado durante demasiados años.
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