Impedir que haya nuevos Torre Pachecos
Los mensajes invitan a “cacerías” contra "los moros", "las anchoas", como son calificados despectivamente. El mismo alcalde del PP, Pedro Ángel Roca, se ha visto obligado a pedir a las fuerzas de seguridad del Estado que detengan la llegada de grupos de fuera organizados por la extrema derecha.
Estos días, 15, 16 y 17, por las redes sociales, se convoca abiertamente a la organización de un pogromo contra los trabajadores de origen emigrante del pueblo murciano de Torre Pacheco: Los mensajes invitan a “cacerías” contra “los moros”, “las anchoas”, como son calificados despectivamente. El mismo alcalde del PP, Pedro Ángel Roca, se ha visto obligado a pedir a las fuerzas de seguridad del Estado que detengan la llegada de grupos de fuera organizados por la extrema derecha. Hasta ese momento, los más de 100 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se habían contentado con rodear el barrio de San Antonio, mayoritariamente habitado por trabajadores de origen marroquí.
El pretexto para este pogromo ha sido la agresión sufrida el miércoles 9 de julio por una persona mayor, llevada a cabo por tres jóvenes “presuntamente” de origen marroquí. El alcalde de Torre Pacheco convocó el jueves a una concentración de repulsa que se convirtió en una algarada contra los habitantes del barrio de San Antonio. Posteriormente, el viernes y el fin de semana, grupos venidos de fuera entraron en el pueblo armados de palos y bates de béisbol y, con toda impunidad, sembraron el terror en el barrio, incluso incendiando comercios y destrozando coches. El gobierno, por boca de su ministro del Interior, señor Marlaska, acusó a la extrema derecha y confirmó la presencia de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden, llamando a impedir que se recibieran grupos extraños al pueblo. Vox añadió leña al fuego, denunciando la política de emigración y reafirmando la necesidad de expulsar a 8 millones de emigrantes. El PP condenó las agresiones sin desmentir a Vox, mientras que el PSOE, SUMAR y PODEMOS presentaron denuncia contra los grupos de extrema derecha.
LAS CAUSAS SOCIALES DE ESTA SITUACIÓN
Campo de Cartagena, una comarca de extrema fertilidad y convertida desde inicios de los 90 en una región agroexportadora de frutas y legumbres al calor de la PAC. La transformación agrícola de la región llevó a la necesidad de importar mano de obra, la mayoría de origen marroquí. A los primeros emigrantes, hoy españoles, se suman hoy los hijos de estos trabajadores, que aseguran las labores duras del campo. Casi un tercio de la población de Torre Pacheco es de origen marroquí. En los años 90, con su llegada de emigrantes, se constituyó la Mancomunidad de Servicios Sociales, para asegurar a los jornaleros agrícolas viviendas, salud, educación, es decir, los servicios públicos necesarios para permitir la integración de esta población, sobre la base de garantizar todos los derechos sociales y democráticos que son la base de la convivencia. En 2010, con la política de recortes, la Mancomunidad fue disuelta, y los nuevos gobiernos municipales dieron la espalda a la población trabajadora. Desde entonces, el barrio de San Antonio no ha dejado de degradarse. Pero la explotación agroindustrial sigue nutriéndose de trabajos precarios, trabajo duro, mal pagado (incluso algunos, en negro). Los hijos, nacidos en España y ya españoles, no aceptan resignarse a lo que sufrieron sus padres; exigen las mismas oportunidades que todos los ciudadanos del país. Pero la rentabilidad de las grandes explotaciones agrícolas necesita una mano de obra barata y sin derechos.
EL RACISMO ES UNA NECESIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA
El capital, el Estado, el régimen monárquico al servicio de la explotación, necesitan inocular o alimentar el germen del racismo. Dividir a los trabajadores, para que la mano de obra agrícola acepte condiciones de extrema explotación. Introducir una cuña entre el sector más explotado de la clase trabajadora y el resto de la misma. La destrucción de la protección social, acentuada ahora por la política de guerra, de rearme, de aumento de gastos militares, no hace más que amplificar esta guerra social. Supone la degradación de barrios como San Antonio, impidiendo la integración social. Al mismo tiempo, las políticas de precarización, de bajadas del salario, de especulación de la vivienda, aplicadas por todos los gobiernos, ya sean de “derechas” o de “izquierdas”, que llevan a una parte importante de la juventud a rechazar un sistema que les deja sin futuro, alimentan a la extrema derecha. El editorial de La Vanguardia del 14 de julio decía “Habrá más Torre Pachecos”. Días antes, una mezquita aún por estrenar fue incendiada en Piera (Catalunya) y hace un mes y medio un centro de menores de esta localidad fue atacado. La alcaldesa de Ripoll se niega, de hecho, a empadronar a los emigrantes. La nueva presidenta de la Unión Europea, la “socialdemócrata” danesa Mette Frederiksen, expuso en el Parlamento Europeo su programa, basado en la lucha contra la inmigración. Un discurso que fue ampliamente aplaudido por toda la ultraderecha. Preside un gobierno que propone atrasar la jubilación a los 71 años y que ha eliminado un festivo para sufragar el gasto militar. El gobierno francés presenta un proyecto de presupuestos que propone congelar las pensiones, eliminar dos festivos, recortar el gasto social y sanitario, mientras duplica el presupuesto militar. Son medidas de guerra social que, para aplicarse, necesitan dividir y enfrentar a la población trabajadora. Entretanto, la ILP que permitirá legalizar la situación de al menos 500.000 migrantes, presentada en el Congreso en marzo de 2024, tiene su tramitación paralizada en el Congreso. Se sustituye, por el momento, por un decreto ley que facilita teóricamente la regularización, pero que tiene grandes dificultades para aplicarse. En esta situación, el aumento de los gastos militares es un golpe brutal a toda política de cohesión social. El peligro de división de la clase obrera es inmenso. No basta con lamentarse, con alarmar sobre el crecimiento de la extrema derecha, con denunciar su demagogia. Los trabajadores necesitan que sus organizaciones, y, en particular, los sindicatos, se pongan a la cabeza no solo de la regularización, de la libertad de circulación, sino del restablecimiento de los servicios públicos necesarios para todos, de origen nativo o extranjero, para asegurar la convivencia. Y que organicen la movilización unida para conseguirlo. Luchar contra la persecución a los emigrantes exige luchar por los derechos para todos, por recuperar y ampliar la protección social, contra los gastos militares. Esta es la única vía que puede detener a la reacción y a la extrema derecha.
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