El Gobierno Sánchez/Díaz y la ofensiva de la reacción
Desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, los jóvenes, los pueblos que conviven en el Estado, el balance no puede llamar a engaño. Nadie puede negar algunas reformas positivas, desde la Ley de Amnistía (cuya plena aplicación impide el aparato judicial), al aumento de las pensiones según el IPC oficial, en ruptura con el 0,25% de Rajoy, o a los sucesivos aumentos del salario mínimo…
Desde su formación, en junio de 2018, después de la moción de censura a Mariano Rajoy, el Gobierno de Pedro Sánchez fue tachado de «ilegítimo» por la prensa y los poderes directamente franquistas. Siete años de gobierno –primero en solitario, luego en coalición con diversas modificaciones, en particular, la salida de Podemos después de las elecciones de julio de 2023– han puesto a prueba la acción real de este Gobierno que se titulaba como de «coalición progresista».
Desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, los jóvenes, los pueblos que conviven en el Estado, el balance no puede llamar a engaño. Nadie puede negar algunas reformas positivas, desde la Ley de Amnistía (cuya plena aplicación impide el aparato judicial), al aumento de las pensiones según el IPC oficial, en ruptura con el 0,25% de Rajoy, o a los sucesivos aumentos del salario mínimo… Pero sin necesidad de hacer una lista exhaustiva, es evidente que la mayor parte de las reivindicaciones de la mayoría –y buena parte de las promesas electorales– no ha sido satisfecha.
En particular, es preciso considerar el aumento espectacular del gasto militar, que se ha doblado en estos años, el mantenimiento de la Ley Mordaza, el incumplimiento de los acuerdos sobre empleados públicos (que, por cierto, llevan 8 meses esperando tener una subida salarial en 2025, para la que el Gobierno no encuentra los fondos que tan fácilmente ha hallado para aumentar el gasto militar en 14.500 millones). O la defensa de Palestina, donde, más allá de gestos simbólicos, la acción del Gobierno no se ha traducido en la ruptura total de relaciones con el Estado genocida de Israel que las calles exigen.
Sin embargo a nadie puede extrañar que las instituciones heredadas del franquismo, desde la Monarquía al poder judicial, no hayan dejado de actuar contra el Gobierno (siguiendo el consejo que Aznar dio, pocos meses después de las elecciones de 2023: «El que pueda hacer, que haga»). Sus portavoces y sus medios de comunicación no han dejado de denigrar, insultar, calumniar al Gobierno y a sus componentes para intentar derribarlo por las bravas. Y es evidente, también, que los casos de corrupción que ha conocido el PSOE facilitan esta campaña. Y, mientras tanto, ya nadie se acuerda del pretendido plan de «regeneración democrática» para combatir el lawfare, o sea, la corrupta herencia franquista.
Pero ¿qué está en juego?
En primer lugar lo que aparece, de manera cada vez más clara, es que en España ninguna reforma seria, ya sea social o democrática, puede darse por definitivamente ganada sin cuestionar el entramado institucional heredado que mantiene la Constitución de 1978. Constitución que salvaguarda el poder de instituciones franquistas como el aparato judicial –por más que pretendan hacernos creer que el problema son solo «sectores» de él–, burocrático y represivo, y el papel determinante de la Corona y el rey. Nada escapa a ello.
Gobernar para la mayoría exigiría enfrentarse a este entramado, a lo que se llamaba «poderes fácticos».
Por ello, el Manifiesto en defensa del Gobierno difundido estos días por centenares de artistas, profesionales, exministros, esquiva –al margen de las buenas intenciones– el problema de fondo. En su conclusión, el manifiesto propone «un programa actualizado contra la corrupción, con avances sociales y derechos civiles». Cierto, pero ¿cuáles avances?
La generalidad de las propuestas no puede ocultar lo esencial: el carácter antidemocrático, contra los pueblos y los trabajadores, del llamado «régimen del 78». Pero sin cuestionar a ese régimen corrupto de arriba abajo, desde el rey al último Ayuntamiento, pocas medidas pueden aplicarse contra la corrupción. El régimen monárquico es de por sí la corrupción organizada.
No se puede vencer a la derecha y la ultraderecha jugando en su campo y con los árbitros a su servicio. De ahí la necesidad de abrir la vía a la República, república basada en las reivindicaciones y el derecho a decidir de los pueblos.
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