Acuerdo Gobierno central-Generalitat sobre financiación autonómica
Primeras notas sobre el «acuerdo de financiación autonómica»
Según la versión oficial ofrecida por fuentes de la Moncloa, el acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya va a permitir establecer «los cimientos y bases de la futura financiación singular para Cataluña en el marco de la reforma del sistema de financiación, que tiene que atender las singularidades de Cataluña y sus aspiraciones de autogobierno y autonomía fiscal, y que otorgará a la Generalitat – que defiende el principio de ordinalidad como una condición necesaria del nuevo modelo- más capacidad normativa en la gestión de los tributos». Según las mismas fuentes, «se trata de una propuesta que, como recoge el acuerdo, es compatible con una reforma general del sistema de financiación que atienda a las necesidades y singularidades de todas las comunidades autónomas».
¿Qué comtempla el acuerdo?
El acuerdo contempla el despliegue de la Agencia Tributaria de Catalunya para gestionar los impuestos de forma progresiva (para lo cual se necesita impulsar unos cambios legislativos), en particular las competencias en la gestión del IRPF y lo que se pueda acordar en el futuro respecto a otros tributos.
El PP y toda la prensa de derechas no ha tardado en salir en tromba y calificar dicho acuerdo de «insolidario» y de una «concesión más a los independentistas». Por su parte, desde Catalunya los partidos independen tistas lo califican de «tomadura de pelo» (Junts), mientras que ERC amenaza con no apoyar los PGE que presente el Gobierno de Pedro Sánchez si no se respeta el acuerdo original sobre financiación que permitió que ERC apoyara la investidura de Salvador Illa.
Algunas fuentes indican que, al parecer, el Gobierno no asume ahora el principio de ordinalidad (que el mismo PSOE planteó y acordó en Granada en 2012).
¿Qué significa el principio de ordinalidad aplicado a la financiación autonómica?
Según sus defensores, la definición más común es aquella en la que se considera que debe aplicarse un límite a la solidaridad entre comunidades para impedir que las más ricas, las que más aportan al sistema, acaben por ello teniendo menos dinero por habitante que las que menos aportan, o vean cercenadas sus posibilidades de desarrollo por un exceso de solidaridad. Según esto, la solidaridad debe ir de la mano de la ordinalidad para garantizar un desarrollo equilibrado.
En principio suena hasta lógico. Sin embargo, hay que decir que dentro de la lógica capitalista, en realidad sirve para perpetuar territorios ricos y territorios pobres sin solución de cambio. Así ocurre en los territorios donde se aplica a rajatabla (Alemania, por ejemplo). Que sea más justo que lo que hay ahora (que lo es si se aplica bien), no quiere decir que sea la mejor solución.
Todos los pueblos de España
Quieren tener servicios públicos dignos, con recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la población. Lo que quiere decir en primera instancia revertir todos los recortes que ha padecido la sanidad, la enseñanza, etc., en los últimos años. Necesitan tener buenas infraestructuras, tener acceso a la vivienda en condiciones asumibles y que no hipotequen a las familias de por vida.
Ante la posición falsaria y cínica del PP en el debate sobre financiación autonómica, el Gobierno de Pedro Sánchez «contraatacó» proponiendo en la Conferencia de Presidentes Autonómicos un Plan de Vivienda de 7.000 millones de euros, comprometiéndose el Gobierno a hacerse cargo de 4.000 a condición de que el resto fuera asumido por la Comunidades Autónomas. Que esto representa más de lo que se haya puesto nunca encima de la mesa, no hay duda. Como tampoco hay duda de que es insuficiente. La política de rearme impuesta a todos los Gobiernos ha supuesto de momento para España dedicar más de 10.000 millones a los que debe añadirse los 10.471 anunciados en mayo por Pedro Sánchez.
El mejor sistema de reparto es el que crea las condiciones para que la cuota de solidaridad, las diferencias económicas y de desarrollo entre territorios se reduzcan. ¿Es esto posible bajo este régimen?
Es evidente que la exigencia de financiación de los servicios públicos afecta a todas las autonomías… el Estado de las autonomías ha fracasado en ello.
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