El pueblo valenciano exige responsabilidades políticas y reconstrucción en favor de los intereses de la mayoría
Cuatro meses después de la destrucción ocasionada por la dana en Valencia, el barro ha desparecido de las calles, pero las ayudas son insuficientes para cubrir los daños ocasionados y una maraña burocrática impide que lleguen con la rapidez que las haría eficaces.
Cuatro meses después de la destrucción ocasionada por la dana en Valencia, el barro ha desparecido de las calles, pero las ayudas son insuficientes para cubrir los daños ocasionados y una maraña burocrática impide que lleguen con la rapidez que las haría eficaces. Casi cien mil viviendas han sufrido daños, y más de 32.000 trabajadores en ERTE, amenazados de que se conviertan en un ERE, en miles de despidos. Las administraciones se culpabilizan unas a otras de esta situación, sin resolver nada de lo fundamental. Promesas, propaganda y muchas mentiras. Inacción. Abandono de la población.
Tampoco ha cambiado, más bien aumenta explosivamente, la indignación y la rabia de la población, la exigencia masiva de responsabilidades por las muertes que no se han evitado (¡asesinos!, claman en las manifestaciones); por la destrucción, el caos y el abandono institucional. Comités por la reconstrucción, plataformas, asociaciones de víctimas expresan esa resistencia, exigen la dimisión de Mazón, que él y su gobierno paguen. No se trata de una situación exclusivamente valenciana; todos los trabajadores y los pueblos se ven reflejados en la acción del pueblo valenciano, quisieran intervenir y dar un vuelco a la situación, les faltan los medios políticos, la organización que los represente fielmente. La manifestación del 1 de marzo debe ser una nueva marcha multitudinaria por la dimisión de Mazón.
Reconstrucción
Los gobiernos central y autonómico afirman que su prioridad es la reconstrucción, «recuperar la normalidad cuanto antes». Sí, pero ¿cómo piensan hacerlo?
El Gobierno valenciano ha decidido contratar a PwC la elaboración del plan de recuperación por 2,2 millones porque «carece de la estructura organizativa y administrativa básica». Entonces, el vicepresidente para la Reconstrucción, el general Gan Pampols, se queda con un despacho en el Gobierno valenciano y nada que hacer allí.
Todas las instituciones son responsables: recordemos que Gan Pampols le fue impuesto a Mazón como solución al caos por la Casa Real, el Gobierno y la dirección del PP. Se dijo que era un técnico capaz, y que la reconstrucción dependía de la unidad y de la colaboración de todos, pero 50 años de Monarquía son toda una experiencia. Ni los trabajadores ni los pueblos, y menos la juventud, confían ya en esas instituciones.
Para las grandes constructoras y los fondos buitre la dana ha abierto la oportunidad de imponer sus planes, los mismos que han conducido al desastre. La reforma de la ley de L’Horta y la ley de la costa valenciana solo pretenden favorecer la especulación inmobiliaria, sin protección del territorio ni de la población, se trata de obtener ganancias espectaculares; como ejemplo, las obras hidrológicas diseñadas, proyectadas y que no se han hecho durante decenios. Y de esto todos los gobiernos autonómicos y centrales son responsables. Salvaron a los bancos de la crisis financiera que ellos mismos provocaron con decenas de miles de millones, pero no encontraron unos pocos cientos para realizar las obras que hubiesen evitado o paliado esta catástrofe.
Crisis política e institucional
Lo nuevo es la resistencia de la población, que incide en la situación política en el País Valenciano, situación que toma ya visos de descomposición. ¿Se trata de una crisis regional, no arrastra al resto de instituciones?
«¡Mazón, dimisión!» se ha convertido en el grito unánime de la población: en las Cortes valencianas, en la Diputación de Valencia, en la calle, en los actos públicos del gobierno valenciano. Mazón no tiene ya suficientes apoyos ni en su partido, ni en la patronal, ni en ninguno de los foros propios del PP, pero sigue siendo presidente.
Mazón miente y maniobra porque no existe ningún mecanismo institucional que le obligue a dimitir, a responder de su gestión criminal. Solo los tribunales, que han relegado la investigación al Juzgado de Primera Instancia de Catarroja, podrán juzgarlo y condenarlo. Años de juicios con final incierto. Vergonzoso.
Son los pactos de la Transición los que obligan a los dirigentes políticos a mantener esta situación, por más que se desmarquen, por más que se mantengan a la expectativa de una supuesta solución electoral. En el tramado institucional de la Monarquía, todos pueden eludir sus responsabilidades políticas, empezando por el rey. Sin embargo, la única solución a esta situación es la democracia, que las instituciones y quienes las gobiernan respondan de sus actos políticos. El respeto a las instituciones heredadas del franquismo son una pesada carga.
¿Qué reconstrucción puede haber así?
En el mismo momento que el imperialismo norteamericano exige a España más que doblar el gasto militar (hasta llegar a un 3 % del PIB, 48.000 millones, incluso al 5%, 80.000 millones), Felipe VI afirmaba, tras la elección de Trump, que «los dos países (EE. UU. y España) podemos avanzar juntos, aspiramos a reforzar la libertad y la prosperidad de nuestras sociedades, abrazar el desafío tecnológico y comprender las nuevas dimensiones de la seguridad y promover un mundo más seguro». El Gobierno protesta, pero busca hacer caja con el SMI y los mutualistas, mientras los bancos anuncian beneficios milmillonarios; Pedro Sánchez pide un fondo europeo para financiar el gasto militar. El secretario general de la OTAN habla claro: «hace falta una parte del gasto social para aumentar el gasto militar». ¡Ya está bien! El gasto militar para la reconstrucción y las necesidades sociales. Eso es la democracia.
¡Democracia es reconstrucción al servicio de la mayoría, es República!
El comité de redacción de Información Obrera está comprometido con la movilización masiva por la dimisión de Mazón, por la exigencia de responsabilidades. Hace falta la unidad de todas las organizaciones sociales, de partidos y sindicatos para conseguirlo. Mirar hoy hacia otro lado en espera de un recambio institucional conduce a trabar la movilización. La población no puede esperar a unas elecciones, que además tampoco serán la solución. Hay urgencia de reconstruir para salvar al pueblo. Participemos e impulsemos los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER), su coordinación y el apoyo y la colaboración de las organizaciones obreras y democráticas de todo el Estado español con los CLER.
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