Un “nuevo” gobierno

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Categoría: Editorial

La salida de Pablo Iglesias ha llevado a Pedro Sánchez a remodelar su gobierno. Pero los cambios en diferentes ministerios van más allá de los retoques impuestos por las elecciones en Madrid y la salida de Pablo Iglesias.

Por un lado, implican el reforzamiento de las medidas represivas del estado de alarma, recuperando, en los hechos, la famosa “ley Corcuera” del Gobierno de Felipe González, llamada de “la patada en la puerta”, es decir, la intervención arbitraria de la policía en casas privadas, sin orden judicial, y con el apoyo del Ministro del Interior, Grande Marlaska, cuyo pasado represivo se manifiesta en cada ocasión. La violación del domicilio se hace en nombre de la lucha contra la pandemia (que ya sirvió para justificar la prohibición de las manifestaciones del 8 de marzo), y de la persecución de las supuestas “fiestas ilegales” (mientras se permiten manifestaciones franquistas, conciertos multitudinarios…). En todo caso, son muchos los juristas que señalan que se trata de acciones que contradicen la “legalidad vigente” y, en particular, el artículo 18 de su constitución.

Es evidente que todos los aspectos más represivos del régimen monárquico, desde la ley mordaza a la utilización abusiva de las actuales medidas de excepción, son platos de consumo cotidiano de este gobierno. No se trata solo de “extralimitaciones” de unos policías, del delegado del gobierno en Madrid, o del ministro del Interior y exjuez “estrella” de la siniestra Audiencia Nacional. Se trata, por el contrario, de medidas que tienen un objetivo político y social. Por un lado, encorsetar e intentar impedir la resistencia de los trabajadores, los jóvenes, los pueblos, de ayudar a mantener la parálisis de las grandes organizaciones, y, en particular, de los sindicatos, en una situación en que se anuncian los peores planes antiobreros y antisociales.

Pongamos solo un ejemplo: el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Dombrovskis, declara este último lunes que España tiene que realizar una reforma laboral amplia y completa -o sea, agravar aún más las reformas de Zapatero y Rajoy- a cambio, claro está, del “espejismo” de los fondos europeos, de los que se anuncia un nuevo retraso en espera de una resolución del Tribunal Constitucional alemán.

¿Quién puede dudar de que esta nueva contrarreforma social sólo puede conocer la oposición frontal de los trabajadores de este país y de la mayoría de los responsables sindicales a todos los niveles?

Es ahí donde el cambio de gobierno tiene su sentido. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es conocida por su buena relación con los dirigentes sindicales, y, como decía el ministro Castells, que se ufana de conocerla bien, es la que ha “permitido que se haya mantenido la paz social” en este periodo.

La actual descomposición de los diferentes partidos que representan directamente al régimen traslada al actual gobierno la responsabilidad de proteger al régimen y de “vehiculizar” las exigencias del capital financiero en nombre de los “fondos “europeos”.

La resistencia que se desarrolla en diferentes sectores, de la metalurgia, los pensionistas, el personal sanitario…, choca de forma creciente con el gobierno, que necesita cada día más combinar las medidas represivas y el “diálogo social” con los dirigentes para cumplir sus funciones.

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