No al pacto de rentas

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Categoría: Editorial

El Gobierno, que ha renunciado a intervenir para controlar la subida desorbitada de los precios de bienes esenciales, como la electricidad, los combustibles, los alimentos, presiona a los dirigentes de UGT y CCOO para que se presten a un “pacto de rentas”. Destacados portavoces del capital financiero, como el Banco de España – sin duda con el apoyo más o menos explícito de las instituciones internacionales- apoyan al Gobierno en esa pretensión, y exigen que ese acuerdo incluya el salario mínimo, las pensiones, y las retribuciones de los empleados públicos. La CEOE, por su parte, exige que ese posible pacto excluya cualquier cláusula que garantice el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación.

¿En qué consistiría ese pacto? En congelar o limitar las subidas de los salarios de los trabajadores públicos y del sector privado, las pensiones y demás contribuciones, para detener la inflación. A cambio las empresas, supuestamente, moderarían sus beneficios. Sin embargo, no son los salarios los responsables de la inflación, y difícilmente podrían serlo cuando las subidas de los pactados en convenio suponen un 2,55 % y la inflación ronda el 10 %.

Un estudio del gabinete económico de CCOO señala que el 85 % de la subida de los precios corresponde a los beneficios empresariales. Y, cada día, la prensa da a conocer los miles de millones que los grandes del IBEX -y menos grandes- han ganado con la pandemia y ganan ahora con la guerra.
La experiencia de los “pactos de rentas” aplicados desde los Pactos de la Moncloa es clara: los salarios se moderan, y los beneficios empresariales, protegidos por la ley del “libre mercado” de toda intervención estatal real, no. Es decir, que sólo sirven para que la clase trabajadora pierda poder adquisitivo.

¿Medidas sociales?

En septiembre, sin duda, los presupuestos del Estado van a concentrar la agenda oficial. Presupuestos y techo de gasto ya devaluados por la inflación y que contendrán sin duda una carga belicista (no es por casualidad que la ministra Robles se queje de que los magníficos tanques Leopard ni siquiera funcionan).

Para los trabajadores en activo, los desocupados, los jóvenes, los pensionistas aplastados por la pérdida diaria de poder adquisitivo, la agenda, sin duda, es otra.

Las verdaderas reivindicaciones son claras, y en primer lugar: aumento de salarios y pensiones según la inflación real, o, mejor, revisión automática de esas retribuciones según la inflación real. Esta reivindicación afecta a no menos de 30 millones de ciudadanos directamente e indirectamente al 99 % de la población.

De ahí la importancia de la llamada a manifestación a Madrid iniciada por la COESPE y las demás plataformas de jubilados. A ello se suma la convocatoria de movilizaciones desde septiembre de los sindicatos de los trabajadores públicos.

El Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos, que se reúne en todo el país en sesión plenaria el 10 de septiembre, debatirá, sin duda, qué medidas llevar a cabo para apoyar e impulsar estas movilizaciones.

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