Monarquía y presupuestos
Sin duda no es producto del azar, ni es nada fortuito: el Gobierno ha aprobado estos días el proyecto de presupuestos para el año próximo que entran en Cortes el miércoles 13 de octubre. Unos presupuestos que los portavoces oficiales han caracterizado como “los más sociales” de la historia. Pero que, en realidad, son absolutamente “subsidiarios” de los fondos europeos (ver artículo en página 2). Las derechas franquistas claman al cielo ante lo que definen como derroche. La patronal emite sus reservas y los dirigentes de las dos grandes confederaciones sindicales se muestran contentos (no se entiende bien de qué), mientras que las federaciones del sector público anuncian movilizaciones ante un anunciado aumento de salarios impuesto sin negociación alguna y que supone sólo la mitad de la inflación. Y los más de dos millones que cobran el salario mínimo han recibido este año una subida aún menor, y sólo para tres meses. Mientras presume de presupuestos, el Gobierno se muestra impotente ante la subida de la electricidad, que cuesta ahora siete veces más que hace un año. Con este precio, millones de personas no van a poder encender la calefacción este invierno.
Al mismo tiempo, la judicatura de este país, cuya matriz franquista nadie niega –algunos incluso se reclaman de ella abiertamente- está preparando el “blanqueo” del Emérito (todo parece indicar que ese era el verdadero objetivo de la investigación abierta por la fiscalía que se dice “anticorrupción”). Algo que se hace, sin duda, con la colaboración de todas las instituciones del Estado. Blanqueando al padre pretenden asentar al hijo, aun corriendo el peligro de que aparezca, para la mayoría, como la constatación de una realidad: se puede uno enriquecer ilícitamente durante años y que no pase nada, sólo hay que llamarse Borbón. Queda claro que la supuesta “Justicia” no es igual para todos. Mientras exonera al Borbón (como exoneró, violentando toda la jurisprudencia, a la infanta Cristina de los manejos de Urdangarín), persigue a Puigdemont por toda Europa, ha procesado a más de 300 sindicalistas, mantiene la persecución contra más de 3.000 ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, acaba de condenar al parlamentario de Unidas Podemos Alberto Rodríguez sin más prueba que el testimonio de un policía…
El consenso en defensa del régimen
¿Y qué relación –dirán algunos- tiene una cosa con la otra? Pues es muy fácil, la algarabía en torno a los presupuestos permite sin duda solapar el consenso en defensa del régimen que une al Gobierno con los partidos franquistas.
Pero la defensa del régimen tiene consecuencias sociales y sobre las libertades democráticas. La defensa de los puestos de trabajo, los salarios, las pensiones, el derecho a sanidad y la enseñanza pública chocan con las instituciones de este régimen, con el poder de la Iglesia católica financiada con más de 6.000 millones al año, con el conjunto de este régimen corrupto, adalid del capital financiero, opresor de los pueblos, ujier de la OTAN y sus aventuras militares contra los pueblos y celador de las instituciones heredadas del franquismo como la judicatura.
No es por casualidad que esta justicia que pretende amnistiar al Borbón, sea la misma que persigue sindicalistas, catalanes, y perdona a los bancos.
Es la comprensión de estos intereses espurios compartidos lo que da tanta vigencia a la movilización de los pensionistas, que al exigir una Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social ponen al descubierto los chanchullos del régimen, su política de saqueo de fondos de los trabajadores, inseparable de su carácter ajeno y contrario a la soberanía del pueblo.
Si el Gobierno ha decidido ponerse al servicio de estos intereses inconfesables, no van a ser las limosnas europeas (por otra parte, cargadas de contrapartidas sociales, como una nueva reforma de las pensiones o mantener la reforma laboral) las que lo salvarán.
Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden.
Deja una respuesta