Indultos

El Tribunal Supremo remitió el miércoles 26 de mayo al Ministerio de Justicia un Informe contrario a la concesión de indulto a los 12 republicanos catalanes condenados por el Procés. La Fiscalía se había pronunciado en el mismo sentido. Recordemos que la sentencia con más de 100 años de condena fue hecha pública el 14 de octubre de 2019 y provocó una movilización histórica de cientos de miles de catalanes con manifestaciones de apoyo en todo el país.

En su informe, el Supremo considera que las penas aplicadas a los 12 condenados eran proporcionales, y que no hay prueba de arrepentimiento por parte de ellos. No ha faltado quien compare ese dictamen con el que el mismo tribunal hizo en 1993 a favor del indulto al exteniente coronel golpista Antonio Tejero Molina. Entonces, el Supremo avaló que, aunque no existían razones de justicia, aunque Tejero era reincidente y no estaba arrepentido, debía considerarse el indulto “de conveniencia pública”, y estimaron que supondría “una aceptación social que contribuiría al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado”. Y añadieron consideraciones como “la buena conducta observada por el penado”, que era donante de sangre o que trabajaba mucho pintando cuadros.

El informe del Tribunal Supremo era indispensable para que el Gobierno tomara una decisión (al ser el tribunal que les condenó), pero el indulto no depende de la opinión de su opinión, pues el indulto es prerrogativa del Gobierno. Según el protocolo, el Gobierno debe aún solicitar un informe del Consejo de Estado y después puede decidir. Se espera por tanto una decisión final entre junio y julio.

De inmediato se ha levantado un verdadero vendaval político. Los partidos franquistas PP y VOX y también el supuestamente “liberal” Ciudadanos se han levantado en apoyo del Supremo.

Lo que está en juego

Lo sucedido no debe extrañar a nadie que conozca este país. La naturaleza franquista de las instituciones judiciales y de esos partidos políticos muestra cada día su incompa–tibilidad con las libertades, con los derechos o con toda simple medida que sirva para buscar una solución política a la “cuestión catalana”.

Lo que es menos lógico es la reacción de sectores tradicionales de la dirección del PSOE que no pierden ocasión de cargar contra el Gobierno. Es increíble ver a los González, Guerra, Bono y otros que concedieron indultos a golpistas como Armada, negarlo a militantes que defienden y se movilizan por sus posiciones políticas.

Pero lo que está en juego no es sólo –y ya sería de por sí importante– la liberación o no de 12 prisioneros políticos sino las libertades y la existencia misma del Gobierno.

Desde enero del 2020 el  gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha gobernado totalmente mediatizado por el régimen monárquico, su aparato judicial y el capital financiero. Si cede ante los tribunales heredados del régimen franquista en este caso, sin duda alguna este gobierno perdería toda credibilidad con respecto a su capacidad de poder hacer una política favorable a los trabajadores y los pueblos, por si le queda aún alguna.

Nuestra posición

Sin entrar en el debate sobre si es necesario un indulto o una amnistía para los republicanos catalanes, en todo caso como partidarios de la democracia y de los derechos de los pueblos, manifestamos que la liberación de los presos catalanes es un paso esencial. Y también la libertad sin cargos de otros 3.000 procesados.

No coincidimos con las soluciones políticas que proponen estos dirigentes independentistas.

Lo hemos dicho, defendido y combatido por ello. Somos partidarios de la unión libre y fraterna de los pueblos de este país. Y la base de esta unión es la existencia de una clase obrera que tiene en todo el país los mismos intereses y entre ellos está defender los derechos de los pueblos.

Y constamos que el mayor obstáculo para esta unión libre y fraterna está en la Monarquía y sus instituciones. Solo se puede dar en un marco republicano. Por ello combatimos por hacer real hoy la posibilidad que se abrió después de la muerte de Franco: ruptura con el franquismo, o sea acabar con la Monarquía y las instituciones heredadas.

La exigencia hoy de libertad de los presos vuelve a plantear esta salida, lo mismo que la reclama la defensa de las libertades.