Entrevistamos a Ana Gómez, trabajadora de Rodalies

Información Obrera: Bon día, Ana. Ahora la situación os ha obligado a redoblar vuestro trabajo en defensa de los usuarios y usuarias de Cercanías. En particular en la última avería que ha colapsado todo el sistema ferroviario. 

Ana: No, el colapso de Rodalies no es una avería, no es mala suerte, no es un cúmulo de incidencias técnicas inevitables. No es sino un sabotaje cotidiano en la movilidad de las clases populares. Una violencia estructural normalizada que condena a miles de personas a llegar tarde, cansadas, angustiadas y culpabilizadas al trabajo, en los estudios y en la vida. 

Cada tren suprimido, cada retraso de media hora, cada andén lleno sin información no es solo un problema logístico: es tiempo de vida robado. Es salario indirecto que desaparece. Es disciplina impuesta a través del caos. El mensaje que nos dan está claro: adáptate, espabílate, búscate la vida. Y si no llegas, la responsabilidad es tuya. Pero no todo el mundo tiene las mismas opciones. Este sabotaje golpea de pleno a la clase trabajadora que se desplaza cada día para ir a trabajar. Personas que dependen del tren para llegar puntuales, que ven cuestionada su profesionalidad por causas que no controlan, que acumulan cansancio, ansiedad y miedo a sanciones o despidos. Cuando el transporte falla, no solo se pierde tiempo, se pone en riesgo el salario, la estabilidad laboral y la dignidad. El caos no es neutro, funciona como una herramienta de control sobre quien no tiene margen, sobre quien no puede teletrabajar, sobre quien no puede pagar alternativas. 

IO: ¿Consideras pues que los más afectados son los usuarios y usuarias trabajadoras? 

Ana: No, claro que no solo ellos, también  impacta a miles de estudiantes que se mueven cada día para poder estudiar, porque vivir cerca del centro educativo es un privilegio que no se pueden pagar. Estudiar lejos de casa no es una elección libre: es una obligación impuesta por un sistema que encarece la vivienda y abandona el transporte público. Jóvenes que salen de madrugada, que acumulan horas de trayecto, que llegan tarde a clase o no llegan y que son penalizados como si la precariedad fuera una decisión individual y no una imposición material. 

Sin transporte público digno, el derecho a la educación también se vacía de contenido. El abandono de los estudios, el cansancio crónico, la angustia permanente no son fracasos personales: son consecuencias directas de un sistema que convierte la movilidad en una barrera de clase. 

IO: Está claro, pues, que pone en cuestión al derecho a la educación.  

ANA: Y podemos seguir, porque va más allá y esto es lo que cuestionamos desde la plataforma. Concienciar en el fondo de la cuestión. 

Ante el hundimiento deliberado del transporte público, solo una parte de la población puede pagarse alternativas: coche, gasolina, seguro, aparcamiento. El resto, la gente que limpia, los que cuidan, construyen, estudian, producen, toda esta gente queda atrapada en un sistema que obliga a elegir entre llegar tarde o endeudarse, entre la precariedad o el automóvil.  

Así pues, el colapso de Cercanías no solo castiga las clases populares, sino que las empuja hacia el transporte privado, convirtiendo una necesidad básica en una mercancía más.  

La movilidad no es solo trabajo o estudios. Es ir al médico, hacer trámites, cuidar personas dependientes, mantener vínculos sociales y familiares. Es poder vivir. 

Cuando el transporte público falla de manera sistemática, el que se rompe no es solo un horario, sino el acceso mismo a la vida cotidiana. Se aíslan pueblos y barrios, se limita la autonomía de la gente mayor, se contribuye a vaciar todavía más las zonas rurales. Quien no tiene coche queda condenado a quedarse quieto, a renunciar, a depender. 

Mientras se habla de sostenibilidad y transición ecológica, las instituciones fuerzan a miles de personas a contaminar más, a gastar más y a vivir peor. 

Hipocresía institucional al servicio del capital. Porque este proceso no es inocente, responde a un modelo de transporte pensado para las élites, para la alta velocidad de ejecutivos y turistas. Y no, aquí no contamos los AVANT: estos trenes que circulan por las vías de los ricos como si fueran una cuota solidaria, una especie de «beca» porque cuatro trabajadores se cuelen en la red de alta velocidad y acaben siendo los «pringados» del sistema, sometidos a precios, retrasos y prioridades que no deciden. Así pues el transporte público deja de ser un derecho y lo convierten en un servicio de segunda, indigno e imprevisible.  

Y con él, también se degrada la dignidad de quien depende. Pero lo peor de todo es su naturalización. Se nos pide paciencia, comprensión y resignación. Se nos dice que «se está trabajando» mientras el desastre es permanente.  

El caos sistemático es una decisión política. Cuando no se invierte en Cercanías, se está decidiendo quién importa y quiénes no. 

Este sabotaje cotidiano tiene una función clara: individualizar un problema colectivo. Hacernos sentir culpables por llegar tarde. Hacernos competir entre nosotros. Romper cualquier idea de derecho compartido.  

IO:  ¿Es un ataque pues a todos los derechos? 

ANA: La realidad es tozuda: sin movilidad pública digna no hay derechos laborales reales, ni derecho a la educación, ni acceso universal a la salud, ni igualdad, ni justicia social. 

IO: ¿Habéis convocado una movilización el 7 de febrero? 

ANA: Sí, porque esta batalla solo se puede ganar colectivamente: señalando responsables, organizándonos y negándonos a aceptar que vivir mal sea el precio inevitable de trabajar, estudiar o simplemente existir. 

Como he dicho antes no se trata de un problema técnico. Es un conflicto político. Y es hora de tratarlo como tal. Por todo esto, hacemos un llamamiento a salir a la calle el día 7, a las 17:00 h, en la ciudad de Barcelona. Sabemos que a mucha gente de Tarragona le costará llegar, pero precisamente por eso debemos estar. La movilidad colapsada no puede servir de excusa para el silencio. La movilización saldrá de la Estación de Francia, centro de ADIF, y avanzará hasta la plaza Sant Jaume, ante el Palau de la Generalitat, donde exigiremos responsabilidades políticas. 

Esta situación no puede quedar impune ni puede salir gratis. 

Cuando fallan los trenes, falla el país. Y cuando fallan los derechos, toca plantarse y decir basta. 

IO:  Gracias Ana por la información y por tu trabajo.